- Las reformas a la Ley Minera de México limitan las prácticas nocivas de las industrias extractivas y mejoran las protecciones del medio ambiente y la población indígena, pero también están lejos de ser el cambio que los activistas esperaban.
- Con la nueva reforma, las comunidades indígenas recibirán el 5 % de los beneficios de una explotación minera. El límite de la duración de las concesiones mineras también se redujo de 100 a 80 años.
- Ya no se otorgarán concesiones en zonas con escasez de agua o en áreas protegidas. En la actualidad, hay 1671 concesiones mineras en 70 áreas protegidas en México que se extienden a lo largo de 1.5 millones de hectáreas de tierras conservadas.
Las colectivas y organizaciones no gubernamentales que impulsaron los cambios a la Ley Minera ahora alertan que existe la intención de legisladores de impugnar estas reformas, lo que resultaría en un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma, presentada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de marzo, fue diseñada para evitar que las empresas privadas obtengan concesiones mineras sin tener en cuenta los daños en los ecosistemas y las comunidades locales. Para ello, establece el consentimiento previo y libre como un requisito para las concesiones mineras, lo que quiere decir que las empresas deben de reunirse con los residentes para examinar las consecuencias de sus proyectos antes de recibir los permisos. También exige que las empresas restauren el terreno una vez se cierre una mina.
Sin embargo, algunos de los componentes de la propuesta legislativa se modificaron. Originalmente, se suponía que el pago a las comunidades indígenas que viven cerca de las explotaciones mineras sería del 10 % de los beneficios mineros, pero los legisladores lo redujeron al 5 %.
También hubo un debate sobre la duración de las concesiones mineras que la versión anterior de la ley fijaba hasta 100 años. Aunque la propuesta de reforma original quería limitarlo sólo hasta 30 años, lo que impediría de manera efectiva a las empresas configurar regiones enteras a largo plazo, finalmente los legisladores lo dejaron en 80 años.
“Estos temas fueron suprimidos o modificados sin una justificación y bajo la presión de los intereses empresariales que son los responsables de la devastación social y ambiental”, dijeron integrantes de la Colectiva Cambiémosla Ya y Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, dos grupos activistas, en un comunicado antes de la votación del Senado.
El diputado Ignacio Mier Velazco, del estado de Puebla, explicó que se cambiaron las reformas para evitar poner en riesgo la inversión y el desarrollo económico. Además, dijo que confiaba en que la versión aprobada aún permita mejorar la supervisión de la industria. Muchos activistas estuvieron de acuerdo y señalaron a Mongabay que las reformas eran una victoria que permitía algunos cambios positivos y un camino a seguir para la lucha constante contra los daños ambientales y sociales que provoca la minería.
La industria minera de México ha experimentado un rápido crecimiento desde 1992, cuando se aprobó la Ley Minera original. El país se ha convertido en uno de los principales exportadores de plata, zinc y otros minerales importantes. En los años ochenta, menos del 1 % del territorio mexicano estaba bajo una concesión minera. Hoy en día, es algo más del 8 %, según la propuesta de reforma del presidente.
El sector privado intentó detener la votación cuando la iniciativa fue presentada en el mes de abril y acusó al partido del presidente, Morena, de acelerar el proceso antes del final de las sesiones legislativas ese mismo mes. La Confederación de Cámaras Industrial de México (Concamin) y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) pidieron un diálogo adicional con los legisladores.
La agencia de calificación de riesgo Moody alegó que las limitaciones en la duración de las concesiones podrían dificultar el crecimiento en el sector. Funcionarios en Canadá expresaron su preocupación ante la posibilidad de que las reformas impacten las inversiones y el compromiso de México con los acuerdos comerciales internacionales.
Una comisión del Senado que tenía que aprobar la propuesta declaró un receso para retrasar la votación sólo unos días antes del final de la sesión legislativa. Sin embargo, la propuesta fue finalmente aprobada el último día con una votación de 66 a favor y cero en contra, porque la oposición no estaba presente para votar.
Cambios importantes
Con la Ley Minera original, la minería estaba clasificada como actividad preferente sobre cualquier otra, incluida la agricultura, el manejo forestal sustentable o el turismo. Con las reformas a la ley, las empresas mineras ya no recibirán un tratamiento preferente y tendrán que competir con esas industrias a través de un proceso de licitación pública.
Las empresas también tendrán que rendir cuentas de la contaminación y los cambios en el uso de la tierra. Recibirán advertencias y suspensiones por el daño ambiental, además de que deberán rectificar el problema, de lo contrario se arriesgan a que sus concesiones sean canceladas por completo. Esto incluye garantizar la seguridad de los trabajadores sobre el terreno.
“Las comunidades continúan viviendo en la pobreza, a pesar de estar en zonas que son muy ricas en oro, plata y otros minerales preciosos”, dijo Beatriz Olivera, directora general de Engenera, una organización no gubernamental que aboga por la defensa ambiental y social. “Lo que vamos a ver ahora es que las empresas no pueden seguir operando de manera tan irresponsable”.
La reforma prohíbe la exploración y extracción en áreas con escasez de agua demostrada y en áreas protegidas, así como la minería submarina.
En la actualidad, hay 1 671 concesiones mineras en 70 áreas protegidas en México, con un área superpuesta de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, según la Secretaría de Economía. Catorce de esas concesiones mineras se superponen con las zonas núcleo de áreas protegidas.
Once minas etiquetadas como “altamente contaminadas” por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estaban ubicadas dentro de áreas protegidas en 2019, el año más reciente del que hay información disponible.
Más de la mitad de la zona núcleo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán —ubicada en Jalisco y Colima—, alrededor de 22 000 hectáreas, se superpone con cinco concesiones mineras. La Reserva de la Biosfera Zicuirán Infiernillo, en Michoacán, tiene 12 concesiones mineras que cubren más de 12 000 hectáreas de su zona núcleo.
La reforma a la ley “es un avance muy grande”, dijo Manuel Llano, director de Carto Crítica, una organización no gubernamental para los derechos ambientales y sociales. “La prohibición de la minería en áreas protegidas cambiará lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, que era que la tierra y el agua estaban siendo otorgadas y trabajadas sin ninguna preocupación”.
Las reformas a la Ley Minera, así como a la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, todas ellas relacionadas con el tema de concesiones mineras, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo.
Los integrantes de la Colectiva Colectiva Cambiémosla Ya han alertado sobre la intención de legisladores de diferentes partidos de impugnar la reforma a la Ley Minera, lo que resultaría en un caso ante la corte supremo. Los integrantes de la colectiva han llamado a los congresistas a respetar los cambios a la ley que, aseguran, son un paso para la “construcción de un marco legal más garante de derechos y más acorde con el compromiso de proteger el medio ambiente”.
AUTOR: MAXWELL RADWIN, TRADUCCIÓN: YOLANDA ÁLVAREZ.
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