A este monto se suman los 195 millones 644 mil pesos que el gobierno federal asignó a Notimex en el presupuesto 2023, aprobado por los diputados en septiembre último. Aquel será, probablemente, el último presupuesto de la agencia, pues López Obrador anunció el 14 de abril último la desaparición de la agencia de noticias del Estado.
Al cierre de 2022 la agencia de noticias enfrentaba una situación financiera muy precaria: tenía una deuda a corto plazo de 258 millones de pesos –158 millones más que el año anterior, incluyendo 44 millones de pesos a proveedores–, a los que se agregaban 174 millones 771 mil pesos por las decenas de juicios laborales que enfrentó por despidos injustificados.
La huelga estalló en febrero de 2020, producto de una ola de despidos masivos –245 trabajadores fueron cesados–, el cierre de corresponsalías y la gestión violenta del equipo de Martínez.
Fue validada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el 8 de junio de 2020, lo que obligó a la agencia a suspender sus actividades, y Notimex no ha publicado una sola nota en su sitio oficial de internet desde el 26 de junio de ese año: ese día, la agencia subió un texto que daba cuenta de una sesión de su Junta de Gobierno, que prohibió a Martínez reabrir la institución hasta resolver el conflicto laboral, cosa que nunca sucedió.
La agencia ya no operó, pero su equipo directivo siguió administrando enormes cantidades de recursos públicos. Según los estados financieros dictaminados de Notimex de 2020 a 2022, elaborados por las firmas de contaduría De Anda, Torres, Gallardo y Cía y Martínez Iturbe y Asociados, la agencia gastó 457 millones 122 mil pesos durante estos tres años, prácticamente todo lo que el gobierno le entregó.
La mayor parte de los gastos se destinó al pago de salarios, con una reducción marcada de la nómina entre 2020 y 2022, pues pasó de 147 millones de pesos a 91 millones 770 mil pesos. Otra parte significativa –84 millones de pesos en estos tres años– se erogó en “servicios generales”, principalmente en arrendamiento, pero también en la contratación de “asesorías, servicios de informática, capacitación, entre otros”.
De acuerdo con el informe 2022, que el despacho Martínez Iturbe y Asociados entregó a Sanjuana Martínez el 17 de marzo, la agencia gastó 116 millones 34 mil pesos el año pasado por resultados inexistentes: según el mismo documento, Notimex cumplió 0% de sus metas institucionales, que consistían en elaborar y difundir 170 mil 955 “mensajes” –es decir, productos periodísticos–, y en registrar ventas por 42 millones de pesos. Concluyó el año, y la agencia no publicó una sola nota en su portal, y tuvo una cobranza de 546 mil pesos, equivalente a 7% de su meta.
Y no solo esto: según el mismo documento, Notimex siguió pagando millones de pesos a la empresa Corporativo de Cobranza BR y EMPA, que rentó al equipo de Sanjuana Martínez la casa ubicada en la calle de África 15, en la Alcaldía Coyoacán, donde la periodista regiomontana instaló una “sede alterna” de la agencia, como lo reveló Proceso en diciembre de 2020.
El informe anual señaló que en 2021 Notimex debía dos millones 894 mil pesos a la empresa, y que en 2022 le debía cinco millones 375 mil pesos, lo cual sugiere que siguió rentando el inmueble para sus operaciones que, según la JFCA, son ilegales y violatorias del derecho constitucional a la huelga.
Opacidad absoluta
Los estados financieros consultados por Proceso dan cuenta del empeoramiento de las finanzas de Notimex en los últimos tres años. Detalle anecdótico: la primera hoja del informe 2020, elaborada por el equipo de Martínez, estaba plagada de errores ortográficos y de sintaxis: “Notimex, Agencia de Noticias del Estado de Mexicano (sic). Estados Financieros por los años que terminaron el al (sic) 31 diciembre de 2020 y 2019, e informe de los auditores independienetes (sic)”.
De los cerca de 92 millones de pesos gastados en nómina el año pasado, 37 millones 525 mil pesos se fueron a remuneraciones de personal de carácter permanente y otros dos millones 713 mil pesos a personal “de carácter transitorio”, lo cual es destacable, pues la agencia no puede contratar a más trabajadores. Aparte, seis millones 835 mil pesos se destinaron a “remuneraciones adicionales y especiales”, 19 millones 357 mil pesos se registraron como “otras prestaciones sociales y económicas”, y 24 millones 498 mil pesos se devengaron como “pago de estímulos a servidores públicos”.
Y, de los 27 millones 818 mil pesos que la agencia erogó en “servicios generales” el año pasado, 18 millones 364 mil pesos se destinaron al pago de “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, los cuales abarcan conceptos ambiguos.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2428 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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