En el poblado Joaquín Miguel Gutiérrez, conocido como Quespala, en meses recientes han muerto asesinados al menos cinco pobladores. De ello dan cuenta dos pequeñas capillas azules a orilla de la carretera de entrada a la comunidad.
Eso, y la amenaza de “levantones”, los reclutamientos forzados, las multas de mil pesos diarios a quienes no participen en los bloqueos, los despojos de casas y las desapariciones que se han vuelto cotidianas en la zona, hicieron que este poblado de unos 1,500 habitantes no tuvieran duda de que para sobrevivir y proteger a sus familias -sobre todo los jóvenes- había que obedecer al Cártel que predomina en la zona.
Por la carretera que lleva del municipio de Comitán -el más grande de la región- a Quespala, ubicado en el municipio Frontera Comalapa, hay vehículos quemados que en su momento sirvieron para instalar retenes, hay gasolineras abandonadas, hay ranchos vacíos.
También hay “plumas” (barras de metal) que colocó la población desde mediados de 2021, cuando empezó la disputa entre cárteles en la zona de la frontera sur de México. Las “plumas” primero sirvieron para controlar la entrada de personas ajenas a la zona y protegerse, ahora son para detener el paso de militares.
Si lo vemos en un mapa, los poblados que forman parte de los municipios Frontera Comalapa, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Chicomuselo se encuentran a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, esta situación los hace territorio estratégico para el trasiego de droga, armas, personas y cualquier mercancía ilegal.
Es también una zona rural donde los pobladores se conocen entre sí, y donde los caminos pequeños e interconectados permiten que cualquiera que llegue a la zona pueda ser identificado.
Esto, que puede ser una virtud para fortalecer el tejido comunitario, se ha convertido en un mecanismo de control de los cárteles de la droga hacia la población. Nada se mueve acá que no se sepa, y cualquier desobediencia se castiga.
Bajo estos mecanismos de control y terror, la población ha sido obligada a participar en la guerra entre cárteles y, según los grupos del crimen organizado van teniendo fricciones o acuerdos con las fuerzas del Estado -militares, policías y agentes de la Guardia Nacional- les abren o cierran el paso.
El pasado 25 de mayo los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa se enfrentaron cerca de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerio) y Candelaria, en ese contexto uno de estos grupos secuestró a seis jóvenes para obligarlos a participar en los enfrentamientos.
Esto alertó a la población y ese día empezaron a escapar. A la fecha se calcula que hay unos 3 mil pobladores de ambas comunidades y otras cercanas, en situación de desplazamiento forzado.
Este martes, seis días después de estos hechos, un millar de uniformados efectuaron un operativo para entrar a la zona. Salieron en caravana desde la base militar ubicada en el municipio de Comitán, pero a 53 kilómetros, aún lejos de la zona de los desplazamientos, se desviaron hacia el poblado Joaquín Miguel Gutiérrez, conocido como Quespala.
Ahí, la población, sometida por uno de los cárteles, había cruzado un trailer y armada con piedras y palos trataron de impedirles el paso.
Los uniformados, armados con metralletas, rifles de asalto, entre otros artefactos, decidieron quitar el retén enfrentando directamente a la población. Les lanzaron gases lacrimógenos y destruyeron algunas de sus motocicletas. La población resistió.
“No sé por qué traen este arsenal para acá, hay niños muertos. Hay cuerpos de niños allá (en Lajerio y Candelaria). Que vayan los soldados, que vayan allá, hay gente muerta que son trabajadores, no son delincuentes”, dijo una de las mujeres que llevaba el rostro cubierto con un cubreboca y gorra.
“Desde hace cuanto está esta situación, aquí en la zona desde hace mucho. Y el gobernador se sienta a comer tranquilo y no hace nada. ¿Dónde está la ley, dónde están las autoridades? Nosotros nos tenemos que defender así, porque si el gobierno no actúa, nos tenemos que defender”, arremetió.
Luego de más de una hora de confrontación, los militares rompieron el cerco de la población. Sin embargo, al lugar llegaron pobladores de comunidades cercanas que cerraron el paso de la carretera principal, tratando de cercar el paso de los uniformados.
No se ha dado a conocer el saldo de este operativo, lo que sí se sabe es que los uniformados no llegaron a la zona donde está la población desplazada, quienes poco a poco han abandonado sus lugares de refugio para llegar a las cabeceras municipales para escapar.
En esta región fronteriza con Guatemala lo único cierto es que la población quedó en medio de la guerra de cárteles y lo que buscan es sobrevivir. “Yo no quiero que se lleven a mi hijo”, dijo una de las mujeres que este día se enfrentó con los uniformados.
La tarde del lunes 29 de mayo, efectivos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) realizaron una “ceremonia” en el interior del 15 Regimiento de Caballería Motorizada para anunciar que entrarían a la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, donde desde el pasado día 25 de mayo cientos de familias se desplazaron por el asedio de los cárteles de la droga.
Los uniformados hicieron un despliegue de fuerza en el interior del patio de la instalación militar ubicada a 113 kilómetros de las comunidades de Frontera Comalapa, cuyos habitantes se encuentran ahora en situación de desplazamiento forzado.
Ahí, anunciaron que patrullarán la zona que desde julio de 2021 se disputan los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, y donde los ataques entre estos grupos se recrudecieron en días recientes, obligando a la población a participar en uno u otro bando.
“Vamos a desplegarnos en la región que ahora está bajo control de ellos”, dijo uno de los militares que llegaron a la instalación militar.
Durante la madrugada de este martes salió un convoy militar hacia la cabecera municipal de Frontera Comalapa, y de ahí a las comunidades que permanecen desplazadas.
Cabe señalar que desde julio de 2021 los municipios Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y La Trinitaria, ubicados en la zona fronteriza con Guatemala, son blanco de disputa entre los dos cárteles que quieren tener el control de esta región que les sirve para el tráfico de droga, personas y armas.
Los grupos del crimen organizado han dejado una estela de desapariciones, personas víctimas de reclutamiento forzado, y han obligado a la población a participar en bloqueos carreteros.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos explicaron que la población lleva ya dos años sometida a los grupos criminales sin que las fuerzas armadas intervengan de forma efectiva, aun cuando tiene destacamentos en la región.
“La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrense se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos”, acusó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ÁNGELES MARISCAL.
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