“No me gustaría pensar que fue un error defender mi vida y que pierda a mi hijo, a mi familia o a alguna de mis compañeras. Estoy condenada a más de seis años, eso no es justicia, recordando que yo sufrí la agresión sexual y después él fallece porque yo me defiendo de no querer ser tomada a la fuerza, de no querer ser muerta en sus manos, porque él me amenazó con matarme si no lo dejaba terminar”: Roxana Ruíz.
Y aunque en septiembre de 2021 su defensa presentó una denuncia por violencia institucional en el Estado de México, ningún funcionario público ha sido sancionado por no respetar los derechos de Roxana. Mientras tanto, ella enfrenta amenazas de muerte contra su familia y las mujeres que la han acompañado, además del riesgo de volver a prisión.
Sin avances en denuncia por violencia institucional contra Roxana
El 8 de mayo de 2021 Roxana fue agredida sexualmente por un hombre. Para defender su vida actuó en defensa propia y el agresor perdió la vida. Asustada buscó deshacerse del cuerpo; sin embargo, fue capturada por policías municipales de Nezahualcóyotl, aún cuando en más de una ocasión refirió que había sido víctima de violencia. En ese momento comenzaron los atropellos a sus derechos.
La médica legisla no hizo lo debido para determinar la violación contra Roxana, tampoco le suministró los antirretrovirales con el fin de reducir la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual después de la agresión, detalla Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, quienes han acompañado a Roxana en este camino.
En el caso de los Ministerios Públicos que recibieron en un primer momento a Roxana, ninguno de los dos actuó en apego a los derechos humanos de la mujer, aún cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el personal cercano a víctimas debe atender con debida diligencia incorporando la perspectiva de género.
Sin analizar el contexto ni tomar en cuenta la agresión, tanto los Ministerios Públicos como la defensora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, decidieron enviar a la mujer a prisión, detalló en conferencia de prensa Ángel Carrera Juárez, abogado defensor de Roxana Ruiz.
Y aunque en septiembre del mismo año se presentó una denuncia por violencia institucional, al día de hoy únicamente la médica legista se presentó a declarar. En tanto, los Ministerios Públicos “han estado cambiando de sede, no son localizados”, acusó Carrera Juárez.
Roxana pasó más de ocho meses en prisión hasta que el 15 de febrero de 2022, luego del acompañamiento feminista y las protestas que desencadenó su caso, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad.
Sin embargo, el Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco intentó hacer que volviera a prisión. La defensa de Roxana presentó un amparo para evitarlo, el cual fue resuelto a favor de la mujer.
Pese a llevar su proceso fuera de prisión, Roxana afirma no sentirse libre, pues tiene prohibido salir del Estado de México y de la CDMX, no ha podido ver a su hijo y ha enfrentado la dificultad de encontrar un trabajo, motivo principal por el cual decidió migrar de Oaxaca a la periferia mexiquense, donde pensó encontraría mejores oportunidades.
El 10 de mayo de 2023 la jueza de enjuiciamiento del Penal Neza-Bordo, Mónica Palomino declaró culpable a Roxana por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa. Cinco días después, el 15 de mayo, resolvió sentenciarla a seis años, ocho meses de prisión y al pago de más de 280 mil pesos como concepto de reparación del daño.
Ello sin sin analizar los factores estructurales y las violencias sistemáticas que rodean la vida de Roxana, e ignorando los compromisos internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres a los que México se ha adherido.
Antonia Cabrera, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza argumentó que la jueza no estudió el caso con perspectiva de género, pues tenía que haber considerado que Roxana es una mujer indígena, además de analizar su condición económica, educativa, el contexto social, político y cultural del caso, el cual se desarrolló en un Estado que cuenta con dos Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cuya declaratoria se emitió por los delitos de feminicidio y desaparición.
Aunado a ello, asegura Cabrera, la jueza Mónica Palomino también ignoró que Roxana ha sido violentada por servidores públicos e impartidores de justicia.
Pese a lo anterior, el Poder Judicial del Estado de México emitió el 17 de mayo una tarjeta informativa en la que defiende el actuar de la jueza y aseguró que ella “estudió el caso con perspectiva de género”.
“El Poder Judicial pide a periodistas y sociedad, respeto para la jueza que resolvió con las pruebas presentadas por las partes”, sentencia el comunicado.
Para Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal, el mensaje que envía el Poder Judicial con esta sentencia es el de la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y la nula protección que recibirán por parte del Estado.
“Nos mandan un mensaje muy claro: las mujeres en el Estado de México no merecemos justicia, que si defendemos nuestra vida nos van a castigar. No solamente las autoridades no son capaces de procurar una vida libre de violencia, sino que cuando tenemos que actuar porque estamos en peligro, vamos a ser juzgadas como Roxana por una justicia machista y patriarcal”.
La defensa de Roxana presentará el recurso de apelación ante la misma instancia que resolvió. Mientras esperan la resolución, continuarán realizando una serie de protestas para exigir justicia para la mujer sobreviviente de agresión sexual.
Roxana teme por su vida, la de su familia y la de las mujeres que la acompañan
Pese a que Roxana ya recibió una sentencia, acusa que personas cercanas al hombre que la agredió sexualmente la amenazan de muerte asegurando que “harán justicia por propia mano”.
A raíz de que la violencia digital contra Roxana escaló, su abogado defensor detalló que se pidió seguridad para ella y que se iniciara una carpeta de investigación. Sin embargo, aún cuando se tienen identificadas a las personas que envían mensajes amenazantes, al día de hoy la joven madre de un niño de seis años se encuentra expuesta.
“En redes aseguran que buscarán hacer justicia por propia mano, hay mensajes misóginos, nos preocupa la seguridad de todas las personas que acompañan a Roxana. Ella ha manifestado que en el peor escenario no va a huir, aún confía en las instituciones”, destacó Ángel Carrera.
Elsa Arista añadió que han acudido ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), pero de ninguna instancia han recibido acompañamiento.
Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa matutina de este 18 de mayo que revisará el caso. Sin embargo, al cierre de esta nota, Roxana y las mujeres que la acompañan aseguran que no han tenido comunicación con personal de presidencia.
“Me siento triste e impotente al no tener la libertad en mis manos. La incertidumbre de saber si voy a estar con mi hijo, con mi familia, si voy a estar o voy a morir a manos de la familia mi violador es algo muy horrible, no sé qué va a pasar conmigo o si pagaré más de seis años en la cárcel por defender mi vida, porque no fui por la calle buscando ser violada”, sentenció Roxana Ruiz.
AUTOR: BERENICE CHAVARRÍA TENORIO.
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