Junto con el apoyo de 45 mil ciudadanos que firmaron la petición, entregaron al Congreso la reforma a la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida de violencia y al Código Penal.
Con ésta se establecen penas de 25 a 40 años y se adicionará el concepto a las legislaciones.
Además, se estipularía que la reparación del daño correría a cargo del Estado, lo que incluye el acceso a servicios de curación, cirugía reconstructiva, rehabilitación, atención psicológica y asistencia jurídica. Igualmente, se les practicarán periódicamente exámenes a las víctimas y tratamiento especializado durante el tiempo necesario.
Asimismo, contempla la creación de un Padrón de mujeres que han sido atacadas con el fin de contabilizar los casos.
Por último, se propone que sea considerada a nivel federal para que se apliquen todas las entidades. De ser aprobada, los congresos locales tendrán un plazo de 120 días para implementar la ley en sus normales locales.
Durante la presentación de la iniciativa, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, víctima de este tipo de ataques, afirmó que el dictamen busca que el delito sea tipificado “de una manera más adecuada” y se garantice el acceso a la salud de quienes han sufrido esta violencia.
Asimismo, señaló durante la conferencia de prensa la gravedad de los actos, ya que resaltó que “los ataques con ácido y sustancias químicas son el vivo ejemplo del borrado de la mujer”.
“No se tratan de lesiones porque no son moretones no son rasguños, no son arañones, son lesiones que te dejan marcada de por vida”, expresó.
“Tanta inseguridad nos da que yo hasta la fecha no puedo quitarme el cubrebocas”, subrayó.
No obstante, denunció que los casos no son atendidos correctamente por las fiscalías, quienes carecen de perspectiva de género y revictimizan, precisó. De acuerdo con la saxofonista, gracias a la “inoperancia” y omisión del Estado, este tipo de violencias “siguen constantes” y “con injusticia”.
“¿Es necesario que nos vean quemadas moribundas para que crean que de verdad nos está pasando?”, cuestionó.
A esto también se sumó María del Carmen Márquez, también víctima de un ataque con ácido, quien relató que la mayoría de las mujeres que han sufrido esta violencia acudieron a las Fiscalías a denunciar intimidación y acoso antes de sus ataques, pero las autoridades las hicieron caso omiso.
“Lo minimizaron y no hicieron absolutamente nada”, sentenció.
De acuerdo con la diputada Marcela Fuente, desde el pasado 31 de enero, cuando se presentó la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, se han reportado al menos cuatro intentos más de atacar a una mujer con ácido
Según la Fundación Carmen Sánchez, hasta marzo de este año, 39 mujeres han sido víctimas de ataques con ácido. Tan solo en 2022 se registraron 105 casos con sustancias corrosivas de los cuales únicamente se interpusieron 28 denuncias ante el Ministerio Público.
En el dictamen se define a los ataques con ácido como cualquier acto que inflige daño no accidental, utilizando ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que pueda provocar, o no, lesiones, ya sean internas, externas o ambas.
La iniciativa fue incorporada a la orden del día para ser discutida en el pleno del Senado. De ser aprobado, los congresos locales tendrían 120 días para incorporarlo a sus legislaciones.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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