Nueve meses atrás, invirtió todos sus ahorros de años en la compra de mercancía que, pensó, le rendiría frutos en una de las alcaldías del sur de la Ciudad de México que, hasta hace poco, era de las más tranquilas y seguras de la capital. Las primeras llamadas las ignoró. Un día, dos sujetos armados llegaron al mostrador de la tienda con pistola en mano. Con majaderías, le confirmaron que el “cobro de piso” no era broma y le advirtieron que si quería seguir con su negocio abierto, debía pagar. Peor aún, le advirtieron que ya les debía lo correspondiente al tiempo que llevaba funcionando.
Jorge no lo pensó: sacó la mercancía del local, se disculpó con sus tres empleados, todos con familia que mantener, y cerró. En la fachada sólo quedó el anuncio del sueño que, en menos de un año, la delincuencia organizada le apagó.
–¿Usted denunció la extorsión de la que fue víctima?
–¡Denunciar no sirve de nada! ¿Para qué? El gobierno sabe quién es el que maneja todo. No es desconfianza con la autoridad, ¡es que no hay autoridad!
Aunque la denuncia de Jorge no está registrada en las cifras oficiales, en la CDMX la extorsión registró un alza de 57.8% en el primer trimestre de 2023, con 131 denuncias de víctimas frente a las 83 que hubo en el mismo periodo de 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ese delito fue el que más incremento presentó en el periodo señalado por encima del homicidio doloso, que tuvo 36%; abuso sexual, con 26.2%; daño a la propiedad, 24.4% más; violencia familiar, 14.4%; lesiones dolosas, 10%; robo en transporte público colectivo, 6.8%; robo a transeúnte en espacio abierto al público, con 5%; robo a transportista y robo a negocio con 4.3%, respectivamente.
Aunque no se denuncian por la vía legal, en las redes sociales y los noticieros abundan casos de extorsión en la llamada “Ciudad de Innovación y Derechos”, donde lo que parece imperar es la ley del “pagas o fuego”.
En un taller mecánico de la colonia Plutarco Elías Calles, en la alcaldía Miguel Hidalgo, los extorsionadores exigían a los dueños un pago de un millón de pesos para dejarlos trabajar. Ante la imposibilidad de pago, les bajaron el monto a 300 mil, y llegaron hasta 30 mil pesos al mes, según el testimonio de una de las víctimas.
Como los delincuentes no obtuvieron el dinero, una noche de abril pasado un sujeto llegó en bicicleta, esparció combustible alrededor del negocio y le prendió fuego. El trabajo de cuatro generaciones quedó en cenizas y la familia huyó a otra entidad por temor a las amenazas.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2428 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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