El Juez federal determinó un plazo de tres meses para la integración de la investigación complementaria.
La situación penal fue determinada por Juan Luis Ramírez López, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Durango, el cual impuso la no realización de actos de molestia a la víctima como medida cautelar. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Iván Soto empleó sus redes sociales para dar a conocer el proceso del exmandatario de Partido Acción Nacional (PAN).
“Siendo las 5:28 horas, se declara el auto de vinculación a proceso penal en contra de José ‘N’, por la probable comisión material de un hecho que la ley considera como delito, en perjuicio del periodista Iván Soto”, escribió en Twitter.
Siendo las 5:28 AM se declara el auto de vinculación a proceso penal en contra de José “N”, por la probable comisión material de un hecho que la ley considera como delito, en perjuicio del periodista Iván Soto @ivansottoh.
— Iván Soto EnVivo (@ivansottoh) May 30, 2023
En este momento la @FGRMexico vía FEADLE solicita al…
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), solicitó medidas cautelares para evitar la sustracción del imputado a la acción de la justicia, hecho que fue concedido a la defensa del periodista.
Carlos Iván Soto interpuso en julio del año pasado una denuncia ante la FGR contra Aispuro Torres al presuntamente realizar actos de vejación e intimidación en su contra.
El exmandatario había hablado por teléfono con el periodista para presuntamente amenazarlo con inicia un proceso judicial en su contra ya que Iván Soto había denunciado omisiones por parte del Gobierno de Durango, debido a que su hija había sido presuntamente víctima de violación.
“El exgobernador del estado hizo valer su cargo 17 veces durante la llamada, ya que de forma reiterada señaló que iba actuar en contra de Carlos Iván ante la Fiscalía de Justicia del Estado en su calidad de Gobernador”, informó el despacho de abogados Pérez, Rivera, Salas & Peña.
La administración del exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro (2016-2022), se encuentra bajo investigación de la Fiscalía local por un posible desfalco de al menos mil 500 millones de pesos. Al momento, producto de las diligencias se han asegurado inmuebles y hasta autos de lujo, en tanto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido irregularidades por más de mil 604 millones de pesos en el ejercicio del gasto público durante su sexenio.
A la opinión pública respecto a la vinculación a proceso del ex gobernador de #Durango, José “N”, por la probable comisión del delito de uso ilegal de la fuerza pública, en agravio del periodista Iván Soto. pic.twitter.com/ni5BGHbxYM
— Pérez Rivera, Salas y Peña/ Defensa Legal (@PspDefensa) May 30, 2023
Según información de la propia ASF, entre 2017 y 2021 el Poder Ejecutivo duranguense presuntamente desvió dinero de las arcas públicas al no ejercer presupuesto designado a programas de agua potable y drenaje, adquisición de bienes y servicios no correspondientes a su contrato en el sector educativo y servicios de salud, paga de nómina de trabajadores dados de baja, no correspondientes a la documentación entregada e incluso difuntos; construcción de una carretera con deficiencias, entre otros.
Además, la Auditoría Superior del Estado de Durango calculó que los “errores, omisiones e inconsistencias” observados equivalían a un posible daño y/o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal por 49 millones 847 mil 898 pesos en 2017; 53 millones 624 mil 403 pesos en 2018; 77 millones 772 mil 775 pesos en 2019; 24 millones 417 mil 354 en 2020; y 61 millones 228 mil 934 en 2021; para un total de 266 millones 891 mil 364 pesos en los cinco años citados.
Por ejemplo, un millón 707 mil 073.29 pesos que habían estado destinados para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana, dinero recibido por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no fueron ejercidos ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; y otros 348 mil 537.98 pesos no fueron aclarados por el Gobierno estatal ante la ASF, los cuales habrían sido erogados “por concepto de anticipos” y de los cuales no se proporcionó evidencia de que fueran entregados a los municipios correspondientes.
Un total de 11 millones 870 mil 639.97 pesos tuvieron un paradero desconocido, ya que parte de los recursos recibidos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero no fueron comprometidos ni devengados, pero tampoco reintegrados a la Tesorería de la Federación. Más de 31.73 millones de este mismo fondo habían sido destinados a pagos por conceptos de obra en un contrato elaborado por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública estatal, que al momento de elaborar el reporte, “no correspondieron con la marca, modelo y especificaciones de las partidas contratadas y pagadas (…), y no se presentó evidencia documental de las modificaciones de las partidas contratadas con su correspondiente autorización”.
Para el 2018, la ASF detectó que el Gobierno de Rosas Aispuro había recibido 365 millones 11 mil 800 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, de los cuales hubo un monto de 735 mil 080.26 pesos no reintegrado a la Tesorería federal ni comprometidos.
En este mismo año, identificó seis municipios (Otaez, Nazas, Pueblo Nuevo, Suchil, San Juan del Río y San Luis del Cordero) y seis dependencias estatales (Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Auditoría Superior del Estado, Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cámara de Diputados, Junta de Coordinación Política y Secretaría General del Congreso estatal, y el Instituto para el Desarrollo Municipal) que no pudieron comprobar el uso de recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero por un total de 109 millones 656 mil 910.30 pesos.
AUTOR: REDACCIÓN.
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