Ángel Carrera, su abogado, aclaró que se está buscando una sentencia absolutoria, dado que ella no cometió un delito. Aceptar el indulto, consideró, equivaldría a permitir que se le criminalice por defenderse después de ser violada y de que la amenazaron con matarla. “No se le puede reprochar por defenderse”, manifestó.
El defensor indicó que no han sido notificados formalmente del ofrecimiento; agradeció la posición del presidente porque reconoce la inocencia de Roxana y que el fallo emitido en su contra es injusto y hace patente la violación de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, enfatizó que el indulto no entra dentro de las hipótesis jurídicas que Roxana espera, pues esa figura equivale al perdón, lo que significa que la joven oaxaqueña tendría que aceptar su culpabilidad en la muerte de Sinahí “N”.
Explicó que para que el indulto proceda la sentencia tendría que estar en firme, agotada la última instancia y recurso, de manera que no queda otra posibilidad, “y no estamos en esa hipótesis”. Por tanto, expuso que la defensa de la joven de 23 años de edad seguirá su ruta jurídica, agotando los recursos que la ley permite.
La precisión fue realizada en el marco de la movilización emprendida esta tarde de Nezahualcóyotl a la Ciudad de México (Cdmx) por la asamblea vecinal “Nos Queremos Vivas Neza” y el colectivo “Libertad para Roxana” en exigencia de la revocación de la sentencia.
Previamente, el abogado reconoció como preocupante que el recurso de apelación deba ser entablado ante el mismo Tribunal de Alzada de Texcoco que revocó la medida cautelar que permitía a la joven llevar su proceso en libertad, “pero tendremos que agotar ese recurso para llegar al amparo directo, en donde se tiene la confianza de una resolución favorable”.
Indicó que los argumentos en que se fundamenta la petición de respeto que el Poder Judicial del Estado de México solicita para la juez Mónica Osorio no se encuentran plasmados en la carpeta de investigación, comenzando por el juicio con perspectiva de género.
Al contrario, en septiembre de 2021 se entabló una denuncia por violencia institucional contra servidores públicos que ignoraron la violación de la que fue víctima Roxana, no le practicaron de forma inmediata las pruebas para así demostrarlo, ni respetaron el protocolo para tratar a la muchacha como víctima de violencia sexual.
Incluso, destacó, la Fiscalía ofreció 8 testimoniales, que fueron admitidas por la juez y el Tribunal de Alzada y al final desestimadas porque no tenían relación con el hecho, en busca de desacreditar a Roxana, haciéndola ver como mala, agresiva, coqueta, grosera, mientras al fallecido se le pintaba como bueno, no tomaba y se llevaba bien con todos.
“El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México proporciona datos falsos para justificar el fallo”, dijo, tras destacar que no es posible afirmar que la conducta de la joven se agrava por la manera en que trató el cadáver, pues ese hecho fue juzgado por separado y por él incluso ya se pagó reparación del daño. “No debió incidir en el otro proceso”, planteó.
Destacó que jurídicamente la violación y la legítima defensa de Roxana se confirman, pues las periciales de ambas partes reconocen lesiones en las piernas de la joven, características psicológicas propias de una víctima de violación, e incluso que su comportamiento se justifica psicológicamente, pues su actuación fue producto de un shock postraumático que provocó ira, molestia y coraje contra el sujeto.
Aclaró que no hubo desmembramiento, como se pretende inculpar, de forma que éste no consta en ninguna parte de la carpeta; dijo que ella no se percata que el sujeto estaba inconsciente como para haberse detenido en la defensa.
Por su parte, Ruiz Santiago denunció que ha recibido amenazas de la familia de Sinahí “N”, en las que le advierten que le van a entregar a su hijo en cachitos, que ojo por ojo, diente por diente. Lamentó que la sentencia le obligue a indemnizar a la familia de su agresor. “Sólo me defendí de no querer ser tomada a la fuerza, porque me amenazaba con que me iba a matar si no lo dejaba terminar”.
En tanto, integrantes de los colectivos denunciaron que los deudos también cometen violencia digital contra Roxana y ellas; acusan que están siendo hostigadas por grupos de choque que identifican con el movimiento antorchista, destacaron que las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos no han intervenido, sólo se echan la bolita.
Agregaron que el Poder Judicial mexiquense no puede hablar de juzgar con perspectiva de género si, desde los primeros respondientes, no atendió los protocolos que le obligan al análisis del contexto, y la valoración integral de hechos y pruebas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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