Dos años han pasado desde que 26 personas fallecieron y alrededor de un centenar resultaron lesionadas en la caída de un tren del Metro de la Ciudad de México, y las víctimas siguen exigiendo a las autoridades capitalinas que se finquen responsabilidades y haya una atención real a sus necesidades tras las afectaciones por el desplome de un tramo de la Línea 12.
Ella pide que no se olvide, como siente que el Gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum lo ha hecho, al centenar de personas lesionadas y a las 26 víctimas mortales de la caída del tren ese 3 de mayo de 2021.
La señora Adriana puede caminar, pero con suma dificultad. Voltea a la ventana e intenta frenar las lágrimas porque dicen que no quiere que la vean llorar, pero se le escapa una gota y se justifica: “La verdad, duele mucho”. Ese dolor que siente, confiesa, la llevó a intentar quitarse la vida.
Le duele recordar la noche que regresaba a su casa después de trabajar, cuando iba viajando en el tren antes de que este se cayera en forma de “V” entre las estaciones Tezonco y Olivos, provocándole un golpe en la cabeza en su lado derecho, afectaciones a su memoria, a su movilidad, a su audición y sus manos.
“Cuando vamos a las audiencias, yo no me pierdo ninguna audiencia porque me interesa que se haga justicia”, expone en entrevista con SinEmbargo. “Cómo quisiera que alguno de ellos se pusiera en mi lugar, que alguien de Gobierno viera lo difícil que es estar viviendo de esta forma. (…) Porque yo no tuve la culpa, yo soy una víctima más que venía de mi trabajo”.
LAS INDEMNIZACIONES FUERON “AMAÑADAS”
Aunque a la fecha se han interpuesto denuncias penales contra 12 exfuncionarios que estuvieron relacionados con operaciones del Metro en el 2021 y con la construcción de la Línea 12, aún no se han formulado investigaciones sobre la responsabilidad de las empresas implicadas: Grupo Carso, ICA, la francesa Alstom y la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Además, no se ha citado a comparecer a Florencia Serranía Soto, quien fungía como directora general del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) al momento del desplome.
El doctor Teófilo Benítez, quien representa a un grupo de víctimas y entre ellas Galván, toma como ejemplo la muerte de 40 migrantes en las instalaciones de un centro de detención del Instituto Nacional Migratorio (INM) en marzo de este año. Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación al respecto y se llamó a declarar por los hechos incluso al titular del INM, Francisco Garduño. Sin embargo, en el caso de la Línea 12 no se ha hecho esto, apunta.
“Así se tenía que trabajar esta carpeta de investigación, haciéndoles llamar no sólo a un directivo, sino a todos los directivos de los anteriores gobiernos que habían pasado”, señala. “Dado que ahorita se estaba dando el mantenimiento a todo el tramo elevado —que se tuvieron que haber dado cuenta en administraciones anteriores—, ella [Serranía] tiene que venir a declarar cuál fue su grado de intervención en esta construcción, ya que si ellos se hubieran percatado también de este daño, esta tragedia no hubiera sucedido”.
A Adriana Galván, como a decenas de otras víctimas, se le ofreció una indemnización por parte del Gobierno capitalino por un monto de mínimo 650 mil pesos, además de un acuerdo reparatorio presentado por Grupo Carso, una de las empresas involucradas en la construcción de la Línea Dorada y en particular del tramo elevado.
Según la página web de transparencia gubernamental dedicada al seguimiento de la Línea 12, el SCT Metro otorgó 45 millones de pesos para las 129 familias afectadas, la Ceavi destinó 31 millones de pesos adicionales en apoyos de acuerdo con las afectaciones de cada persona y familia, y los acuerdos reparatorios de la Fiscalía ascendieron a cerca de 300 millones de pesos.
Las víctimas han denunciado que el monto, debido a las afectaciones físicas y psicológicas que detonó el accidente, sería insuficiente a la larga, pues varias de ellas no han podido regresar a trabajar. Galván se niega a recibirlo y en su lugar se ha sumado a una demanda colectiva contra el Ejecutivo de la Ciudad de México y el SCT. Benítez denuncia que estos convenios fueron realizados “de manera amañada”.
“Estos convenios fueron realizados de manera amañada, sin considerar las sucesiones y la gravedad real de lo que ellos necesitaban”, señala el abogado. “Los dejaron en un estado de indefensión y se encuentran totalmente mal”.
“La realidad es que tenemos nosotros cómo comprobar todo [todas las responsabilidades]: tenemos documentos, tenemos todo para que las autoridades, el día que quieran, nos podemos sentar y que vean cómo fue que dictaminaron los propios médicos, las lesiones, algunas de gravedad, y pudiesen ellos ser atendidos como se correspondía. Entonces, el llamado sería que el Gobierno aceptara la responsabilidad y que ellos se dieran cuenta de que están lastimando a una parte de la sociedad mexicana que está endeble, pero nosotros seguiremos luchando por la justicia para estas víctimas”.
“NO HAY RESPUESTAS”
A Adriana Galván le duele y enoja que a raíz del accidente ya no puede limpiar su casa como ella quisiera, dice, ni salir a realizar sus labores de trabajadora doméstica, o siquiera estar fuera de su casa como antes solía hacerlo o ir a ver a sus nietas a Veracruz.
Sumado a ello, reclama, siente impotencia al ver que funcionarios como el comisionado Ernesto Alvarado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) y Danae Campos, quien forma parte de su equipo de atención a víctimas, han reiterado su compromiso de apoyar a los afectados, pero al pedirle apoyo para que se calibren sus aparatos auditivos no ha recibido ningún tipo de respuesta.
“Lo único que me dan es el transporte. He solicitado apoyo para comprar mis medicamentos, por ejemplo (…) hay medicamentos que tengo que comprar que son caros y no puedo comprarlos yo, y los he solicitado con Campos pero no me da respuesta”, acusa. Son algunos de estos mismos medicamentos, aclara, los que le ayudan a salir adelante en su día a día a nivel emocional.
El señor Enrique Bonilla también se ha tenido que adaptar a la vida después de que cayó en el interior del vagón naranja. “Ha cambiado mi carácter, el modo de vivir, de compartir alegrías con la familia y lo más importante, el poder yo generar mi propia economía”.
Antes, él trabajaba en la construcción, pero ahora tiene problemas para caminar, dolor en el pecho, diabetes y afectaciones a su columna vertebral. Pese a los padecimientos físicos, fue hasta hace poco que no había obtenido el reconocimiento legal de sus lesiones para poder exigir apoyo económico para su atención médica.
“Es vergonzoso lo que les he platicado a todos, pero en el [Hospital] Balbuena me tuvieron el primer día sentado más de una hora sin que me dieran la atención. Después yo me salí porque ya no aguantaba el dolor (…) y a la segunda visita, me tomaron la atención pero muy superficialmente”, cuenta. Finalmente, otro doctor con especialización en Traumatología le reconoció sus afectaciones.
“Pero me dijo: ‘Usted va a tener que tomar su rehabilitación física y psicológicas donde le convenga, para que usted no gaste mucho. Imagínese, la poca atención que me dieron, todavía me mandan sin medicamento, una receta la cual no me surtieron, y donde vienen instrucciones que debo de tomar las terapias físicas y psicológicas por parte de mi bolsillo”, expone.
Ante la negativa de brindarle apoyo médico sin costo, el señor Enrique insistió al Gobierno capitalino a través de la Ceavi que se le atendieran, pero denuncia que no lo han hecho.
“La Fiscalía nos ha tirado hasta el suelo. En mi parecer, en mi lugar, es un viacrucis y de su parte no han hecho nada por visitarnos, por decir qué se nos ofrece, si nos pueden ayudar en esto”, apunta.
Mientras que ellos han denunciado una falta de atención por parte de los funcionarios de la administración actual, quienes han sido imputados hasta el momento por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad fueron funcionarios en la administración de Ebrard y Mancera, siendo uno de los más destacados el ingeniero Enrique Horcasitas, exdirector de Diseño y Obras Civiles de Proyecto Metro.
En reiteradas ocasiones, el abogado de los imputados, Gabriel Regino, ha asegurado que sus representados son inocentes y víctimas de una persecución política en su contra.
El señor Enrique Bonilla coincide en que no se han perseguido a los responsables directos del desplome, sino que se optó por señalar a funcionarios “adultos mayores” porque “les protege la ley más a ellos que a una persona más joven”.
“La responsable, en el momento del evento, no duró ni tres días cuando la escondieron y al momento no sabemos dónde está la señora Florencia Serranía. Al señor Ebrard lo tienen trabajando tan a gusto, y la señora Claudia ni siquiera ha hecho el intento de buscar a uno de los responsables porque es un grupo de trabajo de ellos mismos”, expuso. “Nunca se han dispuesto a presentar a una de las personas que son directamente los responsables de esa obra y de su colapso por falta de mantenimiento, aunque ellos no lo quieran reconocer”.
¿Y LAS EMPRESAS?
La empresa noruega Det Norske Veritas (DNV-LG) realizó un dictamen tras los hechos para determinar las causas detrás del colapso de la viga del tramo elevado, en el cual indicó que hubo una “falla estructural derivada de deficiencias en el proceso constructivo”. De acuerdo con el documento, hubo deficiencias en el proceso de soldadura de los pernos, falta de fusión en la unión perno-trabe, soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas, entre otros.
Pero ya ocho años antes del desplome se habían denunciado irregularidades en la construcción de la Línea 12.
Tan sólo un año después de su inauguración, hecha con la presencia del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal Ebrard y el expresidente Felipe Calderón en el 2012, se suspendió temporalmente el servicio por trabajos en las vías.
En el 2014 hubo un segundo periodo de revisión, e incluso a mediados de marzo se suspendió el servicio en 12 estaciones por problemas con los tramos elevados. Las labores de mantenimiento duraron 20 meses.
El sismo del 19 de septiembre de 2017 provocó afectaciones a múltiples columnas y estaciones de la Línea Dorada, por lo que ese año y durante el siguiente se tuvieron que realizar trabajos de reforzamiento y revisión de más de 250 columnas del tramo elevado.
Los mismos vecinos de la Alcaldía Tláhuac denunciaron en octubre de 2020, siete meses antes del desplome, que había un desnivel en el tramo elevado que conectaba las estaciones de Olivos y Tezonco.
Estas fallas estructurales, ha denunciado el abogado Benítez, implican una responsabilidad para las empresas constructoras: Grupo Carso, ICA, la francesa Alstom y la española Construcciones y CAF.
“La propia Fiscalía ha estado, de manera negligente, realizando el ocultamiento de la integración de la carpeta con imputación hacia la persona moral, y que no ha querido darle avance para ninguna investigación hacia lo que es la empresa, cuando ellos son los responsables, ya que a ellos se les había dado la encomienda de la construcción y que fuese una obra bien elaborada”.
AUTOR: TAMARA MARES RIVERA.
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