Por mayoría, el pleno de la Corte determinó que la aprobación del primer decreto del paquete de reformas conocidas como “plan B” violó el procedimiento legislativo, porque no se dio tiempo para que las iniciativas en cuestión se analizaran y debatieran de forma democrática.
Por una mayoría de nueve votos contra dos, la SCJN determinó que el primer decreto del “plan B” se aprobó sin que la iniciativa de la que partió fuera publicada con suficiente anticipación en la Gaceta Parlamentaria, sin que hubiera razones de urgencia para dispensarle todos los trámites —se discutió el mismo día en el que llegó a la Cámara de Diputados— y sin que hubiera oportunidad de que todos los grupos parlamentarios fueran escuchados.
Ahora, con la invalidación del primer decreto del “plan B”, que incluía reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, se abre la puerta a que el segundo decreto también sea declarado inconstitucional, pues se aprobó exactamente en las mismas condiciones, con el impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena y sus aliados.
El Pleno de #LaCorte resolvió que, por violaciones al procedimiento legislativo, el primer decreto de las reformas politico-electorales 2022/2023 es inválido.
— Suprema Corte (@SCJN) May 8, 2023
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“Me parece que, en congruencia, debe de ser el mismo resultado, porque el proceso legislativo fue igual y, de hecho, creo que el (segundo decreto) del ‘plan B’ tiene algunas violaciones adicionales, pero básicamente fue el mismo proceso legislativo”, explica en entrevista Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral.
“Hubo el mismo tiempo de estudio, las comisiones hicieron las cosas abruptamente, no hubo una discusión real y de fondo. Entonces, yo creo que debe de seguir la misma suerte en congruencia”, agrega.
El abogado constitucionalista Francisco Burgoa también considera que existe una “alta posibilidad” de que igualmente se invalide el segundo decreto del “plan b” —que contiene reformas a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y del Poder Judicial, y una nueva Ley de Medios de Impugnación—, dado que las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de este documento impugnan precisamente el procedimiento legislativo argumentando vicios graves.
Además, Burgoa señala que el ministro ponente responsable de revisar las acciones de inconstitucionalidad contra el segundo decreto, Javier Laynez, votó a favor de invalidar el primer decreto debido a un procedimiento viciado.
“(La Corte) fue clara e incluso contundente, porque si bien ahora tocó revisar la reforma electoral, todos sabemos que no es la única que está en ese supuesto. Digamos, hay otras muchas leyes que se han pasado que se han validado sin seguir el procedimiento que establecen la Constitución y la ley”, dice Espinosa.
En puerta, más ataques al Poder Judicial
Unas horas después de la sesión de la SCJN, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue de los primeros políticos en posicionarse sobre la resolución de las y los ministros, al decir que nueve de ellos “pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”. Por ello, el funcionario convocó a un “plan C en las urnas”.
“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: plan C en las urnas", escribió.
A lo largo del lunes, otros políticos de Morena se sumaron y lanzaron críticas a la SCJN, a la que consideraron “opositora” al gobierno de López Obrador.
Al respecto, Espinosa advierte que en la narrativa presidencial y en la narrativa del partido de Morena se seguirán viendo ataques constantes al Poder Judicial.
“Es importante que se muestre un respaldo, sobre todo ciudadano, hacia la Suprema Corte. O sea, que se les dé el mensaje claramente de que no están solos y de que, ante las presiones, pues la ciudadanía estará con ellos”, dice el especialista.
Dentro de la Corte, considera que el mensaje debe ser el mismo hacia quienes intenten aprobar leyes sin seguir los procedimientos establecidos: “No te puedes saltar el proceso legislativo. Porque cuando te lo saltas, cuando haces este fast track, cuando pasas por alto la discusión, el análisis, hay una invalidez porque no se siguió el proceso legislativo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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