Este 1 de junio inicia el juicio oral contra los defensores comunitarios Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, acusados por la Procuraduría de Tlaxcala de un delito que no cometieron en San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan.
La Red precisó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), cuya área de defensa ha brindado asesoría y acompañamiento legal a la comunidad, ha documentado irregularidades durante el proceso penal de los defensores con las que se constata que su detención está ligada a la lucha por el bosque en Tlaxcala y no al linchamiento del que se les acusa.
Agregó que el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer deberán resolver la situación de Saúl y Raymundo y «tendrán la responsabilidad de determinar si la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala cuenta con pruebas suficientes para acreditar su participación en la comisión del delito del que se les acusa, así como juzgar con una perspectiva intercultural».
Desde 2018, la comunidad de San Pedro Tlalcuapan se movilizó para solicitar el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la plaga del gusano descortezador que daña los bosques de las laderas de La Malinche o Matlalcueyétl, aledaños a su territorio ancestral. En este proceso participaron ambos defensores, quienes fungieron como presidentes de la comunidad.
La respuesta gubernamental a la demanda del pueblo «no fue suficiente, por la falta de brigadas para la atención de la plaga, así como por un manejo inadecuado por parte de las autoridades federales, estatales y municipales», destacó la Red, que se sumó a la exigencia de libertad para Saúl y Raymundo.
COMUNICADO:
El 1 de junio de 2023 inicia el juicio oral en contra de Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, quienes forman parte del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Los defensores del bosque corren el riesgo de que se les imponga una pena de 50 años de prisión por un delito que no cometieron, tal y como lo solicitó en su acusación la Procuraduría de Tlaxcala.
Saúl y Raymundo se encuentran sujetos a proceso penal en la Causa Judicial 419/2022 J.O., en el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, acusados por el delito de homicidio calificado de una persona que sufrió un linchamiento en su comunidad el pasado 15 de abril de 2022, mientras las y los pobladores celebraban una fiesta religiosa. Como organizaciones de derechos humanos, condenamos los hechos ocurridos y la privación de la vida de la víctima, asimismo reconocemos el derecho de su familia a buscar justicia.
Sin embargo, a decir de los integrantes de su comunidad, Saúl y Raymundo son defensores del bosque que han sido criminalizados por las autoridades del Estado de Tlaxcala, quienes utilizaron ese lamentable acontecimiento para solicitar y, el 14 de julio de 2022, ejecutar órdenes de aprehensión en su contra, por lo que fueron privados de la libertad y a partir de ese momento se encuentran a la espera de que su situación jurídica sea resuelta, lo que está por suceder. Desde entonces, el equipo del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) documenta este caso y brinda asesoría a sus familiares. Durante el periodo de documentación han podido constatar irregularidades en el proceso penal, así como la organización de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan en defensa de sus derechos colectivos e individuales, el cuidado, restauración y revitalización de su cultura, territorio, bosque y agua.
A partir del año 2018, las y los pobladores de San Pedro Tlalcuapan comenzaron una movilización para solicitar el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ante la plaga del gusano descortezador que afecta los bosques de las laderas de La Malinche o Matlalcueyétl, aledaños a su territorio ancestral. En estos esfuerzos, Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez tuvieron una participación central, dado que ambos fueron presidentes de su comunidad. No obstante, la respuesta gubernamental no fue suficiente, por la falta de brigadas para la atención de la plaga, así como por un manejo inadecuado por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Desde su detención, integrantes de su comunidad, diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil han exigido su liberación, pues de la documentación del caso y el análisis de las pruebas con las que se sostiene la acusación en su contra, consideran que el proceso al que están sujetos está relacionado con sus actividades en defensa del bosque, las cuales los ha confrontado con diversas autoridades, y no con su participación directa en el hecho en el que estuvo involucrado un grupo de pobladores, mismo que atiende al hartazgo social por el contexto de inseguridad que vive la comunidad, y del que es difícil establecer una responsabilidad individual por tratarse de un caso de linchamiento.
Ahora, toca el turno del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, conformado por las Juezas Aída Baez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio, resolver la situación de Saúl y Raymundo. Por lo que tendrán la responsabilidad de determinar si la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala cuenta con pruebas suficientes para acreditar su participación en la comisión del delito del que se les acusa, así como juzgar con una perspectiva intercultural.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Humanos para Todos y Todas”
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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