Según explicaron tras la reunión del 30 de mayo último los integrantes de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad de pública, este primer reporte semestral incumplió el mandato constitucional de proporcionar indicadores cuantificables y verificables para evaluar los resultados en seguridad pública y corroborar el respeto a los derechos humanos.
En aproximadamente cinco horas el grupo del gobierno federal, encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, centró su explicación en el despliegue y operación de la Fuerza Armada Permanente en nueve estados de atención prioritaria, conforme al número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada.
Pero no hubo mayores datos o información distinta a la disponible de forma pública, sobre la efectividad de haber ampliado hasta 2028 la presencia de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea en apoyo de las corporaciones policiacas del país, conforme a la reforma del artículo quinto transitorio del decreto por el que modificaron diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019.
Álvarez Icaza preguntó: “¿Cómo le hacemos para que en cinco años no lleguemos otra vez con que no hay otra opción más que dejar el Ejército en las calles?”. No hubo respuesta de ningún funcionario.
Primer encuentro
La cita fue a las once de la mañana. A la comparecencia en el Senado acudieron, por primera vez y en un hecho sin precedentes, los miembros del Gabinete de Seguridad federal.
Tras la indicación del senador Ricardo Monreal, quien encabeza la Comisión Bicameral en la materia, fueron recibidos en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval; de la Marina Armada, Rafael Ojeda Durán, y Adán Augusto López.
La razón del encuentro fue allegarse de elementos para hacer una primera evaluación de la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, actuación que, según refiere el documento constitucional, debe ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, con respeto a los derechos humanos, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Los legisladores destacaron la necesidad de mantener este control constitucional, vía el Congreso, y de conocer el programa, lineamientos y acciones equivalentes para alcanzar el objetivo primordial: trazar y colaborar en la ruta hacia la paz.
La presentación de los secretarios de estado, comenzando por la coordinadora del Gabinete de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se enfocó en 12 puntos; como introducción, la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de la Fuerza Armada Permanente en las tareas mencionadas.
Esto no fue bien visto por algunos legisladores, especialmente de oposición. Así lo señaló el senador independiente Álvarez Icaza: “En lugar de desarrollar cuántas quejas se recibieron, cuántas recomendaciones, qué se ha hecho con las denuncias (contra militares y marinos), todo el apartado de Derechos Humanos, nos presentan una información que es el índice de percepción de aceptación de la Fuerza Armada permanente por parte de la población. Está lejos de lo que pedimos”.
Por ello no se cansaron de señalar que, en materias como los Derechos Humanos y los resultados del despliegue de soldados y marinos en el territorio nacional, el informe quedó a deber.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JERÓNIMO D. GALVÁN.
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