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En el centro de esos desencuentros figuran entre 80 y 90 documentos en que la dependencia plasmó conversaciones interceptadas a la red criminal que embistió contra los estudiantes normalistas, en la época del ataque, en septiembre y octubre de 2014.
Beristain y Buitrago renovaron su mandato en marzo por tres meses, después de presentar su último informe, el quinto desde 2015. En ese informe, los expertos señalaron que el Ejército escondía información de manera deliberada sobre el caso, datos que podrían alumbrar parte del ataque contra los normalistas y la desaparición de 43. El Ejército ha negado que esos documentos existan, pero el GIEI señala que hay evidencia de sobra que demuestra lo contrario. Los expertos han denunciado incluso que, en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos. Beristain y Buitrago acaban mandato el 31 de julio y no tienen intención de volverlo a renovar, según fuentes cercanas al grupo.
El desgaste del GIEI y de sus relaciones con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido creciente desde mediados del año pasado. Hasta agosto, el trabajo de los diferentes grupos de investigación había sido coordinado. El GIEI sobrevolaba los trabajos de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa (Covaj) y la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), parte de la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR). Cada uno hacía su labor y luego concentraban los hallazgos en la UEILCA, unidad encargada de presentar el caso al juzgado.
Pero en agosto esa armonía se rompió. Las presiones del fiscal general, Alejandro Gertz, para que la UEILCA acelerase sus trabajos, provocó un enfrentamiento con el entonces titular de la unidad, Omar Gómez Trejo. El GIEI, que había trabajado codo con codo con Gómez Trejo durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), señaló su preocupación por esas presiones, que acabó con la renuncia de Gómez Trejo en septiembre. Los desencuentros al interior de la FGR tenían que ver con los procesos contra el exfiscal que encabezó las pesquisas en tiempos de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, y con una veintena de órdenes de detención, en su mayoría contra militares, que la UEILCA pidió y la FGR canceló.
Los problemas surgían en todos lados. Mientras los choques se sucedían en la Fiscalía, la Covaj realizó varios movimientos que complicaron aún más la situación. En agosto, la Covaj presentó un informe sobre sus hallazgos acumulados desde su creación, en diciembre de 2018. La comisión, dirigida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, basaba parte de sus conclusiones, que apuntaban incluso a un general de ordenar el asesinato de varios normalistas, días después del ataque, en mensajes inverificables. La comisión había incluido en sus pesquisas 467 capturas de pantalla de mensajes intercambiados presuntamente por integrantes de la red criminal. Ante el escándalo, el GIEI encargó un peritaje de las capturas y concluyó que no se podía saber si eran verdaderas o cuál era su origen.
El fiasco del informe de la Covaj y las presiones de Gertz rompieron el equilibrio y las dinámicas de trabajo y, sobre todo, quebró la confianza entre los integrantes de los grupos. Tras la presentación del peritaje sobre las capturas, el GIEI quedó cojo. Dos de sus cuatro integrantes originales, el chileno Francisco Cox y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, dejaron el grupo, señalando la falta de condiciones para seguir trabajando. Ambos denunciaban que la Covaj nunca les compartió el contenido de su informe antes de su presentación. También criticaron las intromisiones de Gertz en el trabajo de la UEILCA.
Beristain y Buitrago decidieron seguir con la intención de reactivar las órdenes de detención canceladas y obligar al Ejército a entregar la información requerida. Con lo primero han tenido éxito. Esta semana, la UEILCA reactivó 17 de las 21 órdenes canceladas en agosto, 16 de ellas contra militares. Ya hay ocho presos, lo que da un total de 12 elementos castrenses en prisión, entre ellos el general José Rodríguez y el capitán José Martínez Crespo. Acusado de delincuencia organizada, Rodríguez era el comandante de uno de los dos cuarteles de Iguala, el 27 Batallón de Infantería. Por su lado, Crespo comandó la Fuerza de Reacción del batallón el día del ataque.
FUENTE: EL PAÍS.
AUTOR PABLO FERRI
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