Se trata de las diputadas perredistas Elzy Camacho Pineda, del distrito correspondiente a Coyuca de Catalán (Tierra Caliente), y Susana Paola Juárez Gómez, del distrito de Teloloapan (Norte), así como del diputado priista Adolfo Torales Catalán, de Arcelia (Tierra Caliente).
Ellos son tres de los 17 alcaldes y legisladores de ambas regiones –entre ellos un diputado federal– firmantes de un documento que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda recibió el 8 de abril pasado, en el que le solicitan una audiencia “con carácter de urgente” para tratar un tema de seguridad, y para ello esgrimen como principal argumento las amenazas que reciben del grupo criminal Los Tlacos.
“(…) La vida de la población y la nuestra están en peligro debido a constantes amenazas del grupo delictivo denominado Los Tlacos, quienes nos han dejado claro, a través de llamadas telefónicas y mensajes, que cualquiera de los ciudadanos que radican en la región de la Tierra Caliente y zona Norte, funcionarios municipales y los suscritos, que pasemos por la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, o en cualquier otro punto donde dicho grupo delictivo tiene invadido territorio, atentarán con nuestra integridad física, poniendo en riesgo nuestra vida”, se lee en el documento.
El texto es antecedente de dos acontecimientos. El primero, la reunión del 27 de abril entre la gobernadora y los alcaldes y legisladores que firmaron ese documento en la sede del 34 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, donde ellos le habrían expuesto las presiones de Los Tlacos, grupo rival de la Familia Michoacana.
Esa reunión no se habría desenvuelto en los mejores términos porque, de acuerdo con una persona que estuvo presente, hubo una discusión ante el reclamo de la gobernadora hacia los alcaldes por la presencia de otro grupo criminal en la región que les imponía hasta los precios de los productos básicos, alusión que fue entendida como referente a la Familia Michoacana.
El segundo acontecimiento fue el bloqueo de las carreteras regionales en Tierra Caliente desde el 28 de abril –día siguiente al de la reunión con la gobernadora– hasta el lunes 1 de mayo pasado, bloqueo encabezado por los alcaldes y respaldado por los mismos legisladores que firman el documento.
El tema no terminó con los bloqueos, que nunca habían ocurrido en Guerrero y fueron realizados después de una operación policiaca encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) que culminó con el decomiso de autos de lujo de la Familia Michoacana.
El gobierno del estado asoció la protesta con una acción del crimen organizado. En un boletín de la vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz la describió así: “Grupos ligados a la delincuencia organizada gestaron bloqueos a diversas vías de comunicación de la región de Tierra Caliente con la finalidad de inhibir los operativos desplegados en la zona”. En su número 2427, Proceso documentó el poder de la Familia Michoacana en la región a partir del bloqueo.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2434 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARGENA DE LA O.
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