La demanda civil original acusa a García Luna, a su esposa y a sus socios de haberse llevado poco menos de 700 millones de dólares a Florida, donde fueron invertidos en bienes raíces y otros negocios, pero había sido interrumpida por una demanda de capacidad jurídica que ya fue rechazada. “El juicio va”, informó Pablo Gómez este viernes.
El Gobierno mexicano recurrió a una demanda que pedía que el dinero que se llevaron con contratos en los dos sexenios pasados, unos 700 millones de dólares, pueda volver al país. Pero los defensores de García Luna presentaron un recurso diciendo que la Corte de Florida no tenía capacidad jurídica. Eso hizo que se suspendiera el juicio mientras se resolvía en otro Tribunal.
“Ese otro Tribunal ya resolvió y queremos decirles que ya no tienen recurso, es definitivo, ya es inatacable, el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo”, dijo Gómez Álvarez durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Habrá juicio sin duda alguna, viene el momento en el que el Juez exija a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del Gobierno de México y, una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y decisión del Juez”, explicó el titular de la UIF.
La demanda incluye a ocho personas, incluido García Luna, titular de Seguridad Pública con Felipe Calderón, así como su esposa, Linda Cristina Pereyra; además, incluye a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Las empresas incluidas son Nunvav Inc. (empresa panameña, propiedad de los Weimbere), Nunvav technologies Inc. S.A. (empresa panameña, central en la contratación ilícita), Gull Holding Enterpises Inc. S.A. (empresa vinculada a los Weimberg para triangular recursos) y Glac Security Consulting Technology (empresa de García Luna y su esposa).
Esta última, detalló Gómez Álvarez, tuvo una “actividad que destaca mucho: le cobraron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México más de 26 millones de un supuesto adeudo pero no hay papeles, nunca hubo adeudo, simplemente llegaron y cobraron”.
“Es transexenal esta trama de García Luna, no se quedó en el tiempo en que fue Secretario de Seguridad Pública, siguieron operando con el nuevo Gobierno [de Enrique Peña Nieto], es un caso concreto de como operaba la corrupción en los últimos 60 años, aunque me quedo corto, comenzó en la década de los 50”, explicó.
El caso había quedado suspendido el 1 de noviembre de 2022 como parte de la espera en que se decidiera si la impugnación, presentada por la familia de empresarios Weinberg, procedía o no.
“Le daban vuelta en Barbados, paraíso en tránsito, y [el dinero] llegaba a Florida. Un juicio de este tipo de una trama de corrupción para recuperar el producto de la corrupción, de eso no hay registro”, destacó el titular de la UIF.
El total que solicita el Gobierno mexicano es un total que supuestamente se llevaron durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto de 645 millones 966 mil 199 dólares y 315 millones 266 mil 667 pesos. Exclusivamente en el periodo de EPN, cuando García Luna pasó a ser contratista de seguridad tras su paso por la SSP, fue de 120 millones 753 mil 293 dólares y 315 millones 266 mil 667 pesos.
El pasado marzo, la UIF de Pablo Gómez había informado que, bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.
Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.
“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019”, indicó la UIF.
Luego de la denuncia ante la FGR, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
Este proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, la UIF informó que “los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del Gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario