De acuerdo con la organización, el reclamo principal era que esta ley posibilita la “militarización” de la Guardia Nacional, al no contar con mecanismos para asegurar que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas dentro de la corporación se realice de forma extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
“Aunado a ello, en el amparo advertimos que hubo vicios en el proceso legislativo y que las instituciones de seguridad pública en los estados y municipios tendrían un papel secundario frente a la institución federal”, señaló la organización mediante un comunicado.
Sin embargo, tras analizar el caso, la ministra Loretta Ortiz Ahlf concluyó que MUCD no contaba con interés legítimo para reclamar en un juicio de amparo la inconstitucionalidad de la Ley de Guardia Nacional, por lo que pidió el sobreseimiento del asunto.
“Con este argumento la Corte evita analizar si el diseño institucional de la Guardia Nacional contraviene el artículo 21 constitucional que ordena que dicha institución debe tener carácter civil”, advirtió MUCD.
Además, señaló que se niega a los integrantes de la sociedad civil la posibilidad de formular sus exigencias ante actos que son violatorios de la Constitución y los derechos humanos, bajo el argumento de que el juicio de amparo solo puede tener efectos que beneficien a quien participa en el juicio.
“Lamentamos la postura de la Segunda Sala, pues teniendo la oportunidad de analizar de fondo nuestro reclamo, optó por ignorar que la Guardia Nacional es, en los hechos, militar: a finales de 2022 esta contaba con un 85% de elementos provenientes de Sedena y Semar, 14% de la Policía Federal y apenas 1% nuevos reclutas civiles”, señaló MUCD.
Desde 2019, el asunto llegó a la Segunda Sala que, dada la importancia del tema, decidió mandarlo al pleno para su discusión. No obstante, el asunto fue returnado a la Segunda Sala, donde finalmente fue desechado.
Desde un inicio, la ministra Ortiz propuso rechazar este recurso, al considerar como “infundados e inoperantes” los agravios expuestos por la organización, que había argumentado también que con esta ley se tendría una centralización en la seguridad pública del país.
La ministra señaló: “No existe tal concentración de poder en el ámbito de la seguridad pública a cargo de autoridades federales y, menos aún, los elementos de la Guardia Nacional actúan bajo el imperio de elementos castrenses, sino, como lo que es, una policía de carácter civil”.
Por esta razón, la organización lanzó un exhorto a la ciudadanía para que exija a la Suprema Corte que resuelva los dos casos que tiene pendientes sobre militarización de manera transparente, teniendo en cuenta el contexto de violaciones graves a los derechos humanos y con un debate abierto a la ciudadanía.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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