Un grupo de gente humilde de Chiapas espera paciente su pago prometido de 400 pesos. El pagador, un hombre de mediana edad, señalado como operador del Partido Verde, pasa lista a la gente reunida en una modesta vivienda del municipio de Mezcalapa, ubicado en los límites de Chiapas con Veracruz.
Uno a uno los va llamando para pagarles.
-¿Usted puede conseguir 100 pesos? Para darle uno de 500 -le dice a una mujer.
-No -responde ella.
-A ver, entonces Jenny… ¿y quién más? -dice él, mientras con una mano hace anotaciones en una libreta y en la otra sostiene un fajo de billetes.
-Hugo… -contesta la mujer.
El hombre cuenta los billetes y estira la mano para hacer el doble pago. De inmediato sigue con su pase de lista:
-¿Enriqueta…?
-Ellos son tres -responde la voz de otra mujer.
-¿Ustedes son tres? A ver…-dice el pagador. Y vuelve a su tarea de anotar y contar el dinero que entregará.
Esta escena corresponde a un video que fue entregado al Instituto de Elecciones de Chiapas como prueba de una denuncia de compra de votos a favor del Partido Verde en aquella entidad.
El personaje que aparece en el video, acusado de pagar 400 pesos por voto, se llama Gustavo González Romo y es el accionista principal de “Distribuidora Comercial y Servicios DCSE SA de CV”, una empresa “fantasma” que recibió transferencias por más de 5 millones de pesos del Gobierno de Chiapas, días antes de que se realizaran elecciones en aquella entidad.
Lo anterior ocurrió en 2015, cuando Chiapas era gobernado por Manuel Velasco, senador de la República con licencia, y quien el pasado sábado 27 de mayo fue destapado como una de las “corcholatas” o precandidatos de Morena a la candidatura presidencial.
El gobierno de Velasco no sólo transfirió fondos públicos a un “compra-votos”. En 2015, cuando hubo doble elección en Chiapas, pagó más de 150 millones de pesos a siete empresas “fantasma”, incluidas dos que participaron en “La Estafa Maestra”, la mayor trama de corrupción del sexenio de Peña Nieto.
De hecho, el personaje acusado de comprar votos también estuvo involucrado en “La Estafa Maestra”, pues otra de sus empresas, denominada “Terrenos, Casas y Desempeños” fue utilizada para dispersar fondos públicos federales, como se explicará más adelante.
La coincidencia del desfalco, los sobres de Pío y la compra de votos
Los pagos que el gobierno de Velasco hizo a las empresas “fantasma” en los días previos a la elección de 2015, se derivaron de contratos de comunicación y difusión, área en la que colaboraba David León, el personaje que en mayo y junio de aquel año grabó a Pío López Obrador cuando le entregaba sobres con dinero para apoyar al movimiento político del hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador.
David León ha sido un cercano colaborador de Velasco desde la primera vez que éste fue senador en 2011; al asumir la gubernatura, colaboró como su consultor de comunicación. León ha dicho que su “manera de apoyar al Movimiento (de AMLO), fue recolectar recursos entre conocidos”, pero nunca precisó el origen del dinero que entregó a Pío.
Ahora se sabe que las reuniones entre Pío y León para la entrega del dinero coinciden en fechas con el desvío de fondos del área de Comunicación del Gobierno de Velasco a empresas “fantasma”.
Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran estas coincidencias: entre enero y julio de 2015 el Gobierno de Chiapas pagó 32 millones de pesos a 5 empresas “fantasma” por concepto de “producción y diseño de campañas publicitarias” y “servicios de difusión”; de ese monto, al menos 15 millones fueron pagados en mayo y junio, meses en los que David León filmó en video la entrega a Pío de sobres con dinero.
Los nexos
Vínculos de 2 empresas de un personaje acusado de comprar votos, con compañías fantasma que recibieron recursos del Gobierno de Velasco.
Más coincidencias: DCSE facturó 2 millones 590 mil pesos al gobierno de Chiapas el 15 de julio de 2015, y cuatro días después el accionista de esa empresa fue acusado ante el Instituto de Elecciones en Chiapas de haber comprado votos en los comicios estatales realizados el 19 de julio.
“Aquí tengo el video correspondiente y la imagen de la persona de nombre Gustavo González Romo, operador del Verde, y pido intervención del delegado de la FEPADE, Santiago Nieto, que pueda hacer una investigación de oficio donde se muestra la imagen y la persona en el momento que están comprando los votos”, acusó ante el Consejo general del Instituto de Elecciones el que en ese momento era representante del PRD, licenciado Samuel Castellanos Hernández.
El desfalco multimillonario, sin castigo
En junio de 2021, MCCI publicó la investigación titulada “La Estafa Verde”, en la que se documentó que cuando Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas se desviaron 566 millones de pesos a seis empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado como “fantasmas” o simuladoras de operaciones.
A ese monto se suman otros desvíos a más empresas “fantasma”: 685 millones de pesos que fueron reportados en 2018 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que fueron perdonados por el actual auditor, y mil millones que en abril de 2022 reveló una investigación de Animal Político.
Ahora, en esta nueva investigación periodística, MCCI documentó más pagos por al menos 170 millones de pesos a otras 15 empresas que simularon operaciones, algunas de las cuales están ligadas al personaje acusado de comprar votos, como más adelante se mostrará.
En conjunto, los desvíos hasta ahora reportados por autoridades fiscalizadoras y por periodistas, suman alrededor de 2,420 millones de pesos durante la gestión de Velasco.
Tan sólo el SAT descubrió en distintas auditorías realizadas en 2019 y 2020 que seis empresas “factureras” simularon operaciones con el Gobierno de Velasco por más de 500 millones de pesos, en servicios tan diversos como paquetes escolares, apoyo a mujeres y ayuda a damnificados por desastres naturales.
Velasco no sólo obtuvo el perdón por los multimillonarios desvíos que el SAT había descubierto en su gestión como gobernador de Chiapas. Además, el senador con licencia logró colarse como “corcholata” o precandidato presidencial de Morena.
“Yo no sé por qué no lo habían lanzado antes, pero el senador Manuel Velasco está -en lo que sabemos- decidido a participar para la encuesta de Morena, tiene carácter ya de ‘corcholata’ (precandidato a la presidencia) y es bienvenido a este procedimiento”, declaró el líder nacional de Morena, Mario Delgado, en una conferencia de prensa realizada el sábado 27 de mayo.
El anuncio de Velasco como precandidato presidencial se realizó el mismo día en que el Partido Verde se sumó a respaldar al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila.
Pero las negociaciones y acuerdos de Velasco con el Gobierno federal venían desde antes. En mayo y diciembre de 2022 el ex gobernador chiapaneco se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y como resultado se logró que el Verde apoyara la reforma electoral de Morena y se sumó a la alianza de apoyo a la candidata oficial Delfina Gómez en el Estado de México.
Todavía más: el presidente de México ha mantenido una añeja relación de amistad con la familia de Velasco, ya que el abuelo paterno del ex gobernador chiapaneco, don Fernando Coello Pedrero, contribuyó en la campaña política de López Obrador por la jefatura de gobierno de la capital en el año 2000. Y ya como jefe de gobierno, AMLO nombró a la mamá de Velasco, Leticia Coello, como funcionaria. Todo esto explica el perdón a los desvíos.
La red de factureras, ligadas al “compra-votos”
¿Cómo es que se fraguó el desvío de fondos públicos en Chiapas? La respuesta no es sencilla, pero aquí se aportan algunas claves.
El gobierno de Chiapas asignó contratos a un ramillete de empresas que simularon operaciones, también conocidas como “factureras”, y éstas a su vez dispersaron el dinero a otras empresas “fachada”, en un mecanismo similar al que se utilizó en el anterior sexenio en la llamada “Operación Safiro” y en “La Estafa Maestra”.
De hecho, distintas empresas “fachada” que fueron contratistas en Chiapas también fueron utilizadas en “La Estafa Maestra”. El siguiente es un ejemplo: en 2017, el Instituto Tecnológico de Centla, en Tabasco, recibió recursos federales para dar servicios a la Secretaría de Agricultura, pero en su lugar subcontrató a “Publicity Estilo y Diseño”, “Grupo Consultor Empresarial Consur” y “Altos de Chiapas Consultoría Integral”, quienes en conjunto recibieron 3.7 millones de pesos de fondos públicos. La ASF descubrió que casi el 80% de ese dinero fue transferido por las tres contratistas a “Terrenos, Casas y Desempeños SA de CV”, que tiene como accionista a la misma persona que había sido captada en video en 2015, acusada de comprar votos en Chiapas.
Publicity, Altos de Chiapas y Consur son empresas vinculadas entre sí, pues han compartido correos electrónicos o domicilios, y las tres recibieron contratos o pagos del Gobierno de Velasco por 45 millones de pesos, de acuerdo con documentos en poder de MCCI.
Cabe mencionar que Altos de Chiapas está en el listado definitivo del SAT de empresas que se ha detectado que simulan operaciones, coloquialmente llamadas “fantasmas”.
Pero las conexiones no terminan aquí. Son más amplias e involucran las transferencias de más fondos públicos. El comisario de Terrenos, Casas y Desempeños, la empresa del llamado “compra-votos”, ha sido a su vez comisario y apoderado de “Ideas, Imagen y Servicios Publicitarios”, otra empresa contratista del gobierno de Velasco que ha sido identificada como “fantasma”.
Ante la sospecha de que esa empresa simulaba operaciones, la Auditoría Superior de Chiapas realizó una visita al domicilio que había aportado en contratos, dando como resultado “la inexistencia de la misma, toda vez que el domicilio fiscal corresponde al ‘Edificio Romo’, el cual se encuentra abandonado”.
Esta contratista ha compartido teléfono con otra “fantasma” denominada “Asesoría, Gestiones y Servicios Profesionales AGES”, la cual está en la lista definitiva del SAT de empresas que simulan operaciones, y que durante el gobierno de Velasco recibió pagos por 48.8 millones de pesos, según documentos consultados por MCCI.
Más conexiones: la accionista y administradora de Publicity aparece a la vez como socia y fundadora de “Marketing y Publicidades del Grijalva”, empresa que desde hace seis años también fue incluida en la lista negra del SAT, y que en el sexenio de Manuel Velasco facturó servicios de publicidad por más de 50 millones de pesos, de los cuales al menos 26 millones fueron a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Un accionista de Marketing y Publicidad del Grijalva fue además socio de Publicity y de otra empresa llamada Abastecedora Comercial La Poreña, que también recibió contratos en el sexenio de Velasco.
El funcionario-notario, los desvíos y la empresa “fantasma”
Marketing y Publicidades del Grijalva fue constituida el 11 de agosto de 2014 ante el notario Roberto Joaquín Montero Pascacio, quien en su perfil público de Linkedin dice que trabajó como subsecretario de Economía Social en la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) en Chiapas. Sin embargo, no especifica el año exacto en el que laboró en esta dependencia.
La SEDEM es la misma Secretaría por la que la gestión de Manuel Velasco fue investigada por la ASF en 2018. De acuerdo con la auditoría, la SEDEM chiapaneca contrató a 26 empresas fantasma que debían proveer bienes y servicios relacionados con el programa social “Bienestar: de corazón a corazón”, por el que adjudicaron de manera directa 685 millones de pesos.
Sin embargo, al llegar David Colmenares como auditor superior se perdonaron las irregularidades en un procedimiento exprés.
Cabe destacar que la Auditoría dejó pasar el hecho de que 22 de las 26 empresas contratadas por la SEDEM estaban en la lista oficial de empresas fantasma del SAT.
Más empresas “fachada” y desvíos
En los nuevos documentos obtenidos por MCCI se identificaron pagos superiores a 35 millones de pesos que el gobierno de Velasco hizo a otras tres empresas declaradas “fantasmas” por el SAT: “Arrendadora y Comercializadora Maya” (involucrada también en La Estafa Maestra), “Idex Proyectos y Resultados Empresariales” y “Promoción y Comunicación SA de CV” (la cual figuró en el desvío de fondos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte).
Los pagos a Promoción Comunicación SA de CV fueron por concepto de renta de 34 espectaculares, mientras que Idex cobró por “cobertura de eventos y producción, postproducción y diseño de publicidad”.
Por otro lado, una investigación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Chiapas detectó que entre 2017 y 2018 se realizaron pagos por 30.4 millones de pesos a otras seis empresas por adquisiciones “fantasma” o inexistentes.
“La Secretaría de Educación realizó transferencias electrónicas a las personas morales, Comercializadora Zelan, Unión Productiva Everest, Comercializadora Sac Nicte de Chiapas, Comercializadora Interactiva de México, Proveedores de Servicios Slickia y Céntrica Global de Insumos, sin que la Secretaría de Educación, recibiera producto, insumo o servicio alguno, lo que genero un daño al erario público de Chiapas”, establece la investigación fechada en marzo de 2022.
El dinero que se dispersa
Empresas que el SAT ha etiquetado como “fantasma”, o que estuvieron involucradas en “La Estafa Maestra”, fueron contratistas del gobierno de Chiapas. Este gráfico muestra la relación de negocios y transferencias que han tenido con otras compañías “fachada”, incluidas dos propiedad de un hombre acusado de comprar votos.
MCCI detectó que empresas “fantasma” que facturaron servicios al Gobierno de Chiapas dispersaron dinero a través de transferencias a otras compañías vinculadas y una parte de los fondos fue a dar a “Terrenos, Casas y Desempeños”, empresa del personaje que fue acusado de comprar votos para el Partido Verde.
En una relación de comprobantes fiscales expedidos por esa empresa consta que recibió ingresos de Publicity Estilo y Diseño; Ideas, Imagen y Servicios Publicitarios; Altos de Chiapas Consultoría Integral, Distribuidora Comercial y Servicios DCSE y Abastecedora La Poreña, las 5 contratistas del gobierno de Chiapas.
En el sexenio que encabezó Manuel Velasco, esas 5 empresas recibieron pagos por más de 40 millones de pesos, principalmente por servicios publicitarios.
Por ejemplo, Publicity y DCSE recibieron 14.4 millones de pesos por concepto de “producción, postproducción y diseño de campañas publicitarias” en 2015, año en el que hubo doble elección en Chiapas y cuando David León -asesor de comunicación de Velasco- grabó la entrega de dinero a Pío López Obrador.
El contratista de Alcohólicos Anónimos
Distribuidora Comercial y Servicios DCSE, una de las empresas contratistas del gobierno de Velasco, fue constituida el 12 de abril de 2012 en San Cristóbal de las Casas, por dos vecinos de los barrios Chiapaneca y Santa Cruz. Dos años después, en junio de 2014, se integró como accionista y administrador único Gustavo González Romo, quien ha sido acusado de comprar votos.
Esta empresa aportó como domicilio fiscal un local en donde en realidad hay un grupo de Alcohólicos Anónimos llamado “Transmítelo”, que comparte dirección con un taller mecánico en la colonia La Pimienta de Tuxtla Gutiérrez.
Incluso, para la fiscalización de la cuenta pública del 2018, la Auditoría de Chiapas visitó el domicilio de DCSE.
En esa visita, la autoridad concluyó que DCSE era una empresa fantasma. “El domicilio fiscal que se encontró corresponde a un Grupo de Ayuda de Alcohólicos Anónimos”, dice el informe de la auditoría. Con ello, se pudo determinar que DCSE simuló actividades en contratos, “ya que no se pudieron constatar las operaciones realizadas”.
La otra empresa desapareció
Cuando González Romo se integró como socio de DCSE, ya era accionista en Terrenos, Casas y Desempeños SA de CV, empresa que estuvo involucrada en traspasos sospechosos de “La Estafa Maestra”, como se relató anteriormente.
González Romo constituyó Terrenos, Casas y Desempeños el 16 de noviembre de 2012 en Mérida, Yucatán, aunque ante el notario declaró que tenía su domicilio particular en una casa en la colonia Los Capulines, en Tuxtla Gutiérrez, en una zona de calles sin pavimentar, con numerosos terrenos baldíos y barrancas. Sin embargo, en la dirección que aportó nadie lo conoce.
Ante el SAT, la mencionada empresa registró su domicilio fiscal en el número 231 de la calle 31A, en la colonia Real del Sol, en Mérida, Yucatán.
En esa ubicación hay una casa de una planta, que tiene una fachada de color amarillo con verde, en donde actualmente vive María de los Ángeles Pedraza Segura con su familia. En 2012 la empresa fue registrada en esa ciudad y para el año siguiente un representante rentó ese espacio para las oficinas de la compañía.
“Le rentamos un tiempo nada más el espacio”, dice María de los Ángeles, quien asegura que la empresa sólo tenía una computadora y un escritorio para trabajar. Su esposo hizo el trato para rentarles en 2 mil 500 pesos al mes.
Luego de dos años de arrendar la casa, la empresa se fue. “Así como ellos rentaron, con la misma dijeron nos vamos a Chiapas (…) Desaparecieron por completo”, explica la señora María de los Ángeles.
“Después de que se fueron llegó a venir hasta el SAT, que nos dejaban avisos. Nosotros les decíamos: aquí dejaron de estar. La casa es mía, yo soy propietaria. De hecho, si Dios quiere entre el próximo año y un año más ya soy dueña, porque yo pago Infonavit”.
Contradicción en versiones
En febrero de 2023, MCCI contactó vía telefónica a Gustavo González Romo y aseguró que el video con el que fue acusado de comprar votos distorsiona la realidad.
Dijo que el dinero que repartía correspondía en realidad al “pago de raya” o sueldo de unos jornaleros que habían hecho trabajos en un rancho de su propiedad.
En cuanto a su participación como accionista en las empresas “Terrenos, Casas y Desempeños” y “Distribuidora Comercial y Servicios DCSE”, dio versiones contradictorias. En una primera llamada telefónica, realizada el 15 de febrero de 2023, reconoció haber constituido una de las empresas.
-Usted aparece como socio principal de una empresa que se llama Terrenos, Casas y Desempeños, ¿es correcto?
-Ajá. Sí.
-¿Sigue usted como accionista principal de esta empresa?
-Mira, este… sí, estaba de socio con otros compañeros, con otros dos amigos, entonces yo por cuestiones precisamente de una iniciativa privada en la que yo me metí a trabajar le cedí los derechos, pero o sea yo sigo participando de alguna manera.
-¿Todavía sigue participando? ¿No inscribieron el acta de que ya cedieron los derechos?
–Sí, sí, sí, ya.
-¿Hace cuánto los cedió?
-Híjole, no recuerdo bien pero ya tiene dos o tres años
Posteriormente, en una segunda entrevista realizada con un día de diferencia, negó por completo su vínculo con la compañía:
-Le queremos preguntar no solo sobre Terrenos, Casas y Desempeños, sino también de la empresa Distribuidora Comercial y Servicios DCSE, donde usted también es socio.
-No, mire, yo nomás me invitaron a participar. En realidad, yo nomás llegué, di mi nombre, mis papeles y ya.
-¿Quién lo invitó a participar?
-Es un amigo, pero ese amigo falleció hace como dos años, de COVID.
-¿Cómo se llamaba ese amigo?
–Efraín Gutiérrez.
-Pero él no figura en ninguna empresa, ¿verdad?
-Emmm, no sé. Desconozco.
-Porque aquí me aparece que quien está en la empresa Terrenos, Casas y Desempeños con usted (como socio) es una persona de nombre Octavio Ovando Castellanos. ¿Lo conoce?
–No.
-¿No conoce a Octavio Ovando Castellanos?
–No.
-Cuando constituyeron la empresa, ¿usted no fue?
-Es que fue hace, no sé, que yo me acuerde de esa empresa fue hace no sé, más de 10 años por ahí o más.
-Este amigo Efraín, ¿a qué se dedicaba o cómo fue que lo invitó?
-No, nomás me dijo que nos iban a dar por ahí un apoyito y que nos iban a echar la mano para un trabajo para unas personas que nosotros estábamos ocupando, trabajando para esas personas y ya.
-¿Qué personas eran?
-Pues trabajadores de ahí de donde yo vivía antes.
-¿Trabajadores de qué? ¿Por parte del Gobierno?
-No, nada de Gobierno. Eran jornaleros, gente del campo.
-O sea, ¿unos jornaleros le pidieron a usted que constituyera una empresa?
–No, no, no, no.
Gustavo había reconocido en la primera llamada la ubicación de la empresa, que tiene su domicilio fiscal en Mérida, Yucatán. Pero en la segunda llamada, realizada con 24 horas de diferencia, dijo que solo “le habían dicho” que se iba a constituir ahí pero que jamás tuvo certeza.
-Pero usted sabía que se constituyó en Mérida, ¿no? Porque ayer que le dije me comentó que sabía que se había constituido en Mérida.
-Sí, sí, porque yo recuerdo que me invitaron precisamente y fuimos y que no se podía, que porque no sé qué madres. Que hay que dejar papeles, y ya dejé los papeles y ya.
–Y este amigo Efraín, el que me comenta que falleció, ¿a qué se dedicaba?
-No sé, yo nada sabía que él era administrador o algo así de otra empresa. Él tenía así como que un grupo de, ¿como decirle? De gente que él manejaba para bajar proyectos o cosas así.
–¿Proyectos de qué tipo?
-No, no sé, desconozco también. No me gusta indagar, ni andar investigando, qué es o para qué.
MCCI buscó desde el 9 de junio a Manuel Velasco para pedirle una postura sobre lo expuesto en este reportaje
Al senador con licencia se le notificó de la próxima publicación del reportaje por vía telefónica, correo electrónico, por escrito e incluso por whatsapp, pero no hubo respuesta.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: REDACCIÓN/VALERIA DURÁN, VANESSA CISNEROS.
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