El decreto de reforma fue publicado el pasado 3 de mayo e impugnado por diputados y senadores de la oposición, quienes argumentaron que la reforma al artículo tercero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, es inconstitucional.
En esta reforma, se facultó al presidente de la República asignar de manera directa y por tiempo indefinido la operación y explotación de las vías generales de comunicación y los modos de transporte asignados a la Federación.
Dicha asignación no podrá cederse ni transferirse bajo ningún título y sólo puede ser suspendida cuando se acredite que no son obras estratégicas o de interés público.
Sin embargo, por interpretación de la ley, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asignado la operación y administración de estas obras a las Fuerzas Armadas, como ocurrió con el decreto del 18 de mayo pasado.
En dicho mandato, emitido el mismo día en que la Suprema Corte declaró inconstitucional el acuerdo que el Ejecutivo federal emitió en el año 2021 para clasificar como de seguridad nacional sus obras prioritarias, el mandatario clasificó nuevamente como de seguridad nacional e interés público el Tren Maya, el Corredor Transístmico y tres aeropuertos de Quintana Roo.
En dicho documento, el presidente no sólo realizó esa clasificación, sino que, en aplicación de las leyes en materia de Seguridad Nacional, entregó el control y operación de esas obras a las Fuerzas Armadas.
Aunque legisladores de la oposición y el diputado Santiago Creel ya impugnaron esta entrega, el asunto todavía no ha sido admitido por la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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