La información fue solicitada a través de transparencia, luego de que el titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, difundiera en redes sociales documentos relacionados con estas asambleas para justificar que sí se consultaron los nuevos planes y libros de texto.
Arriaga hizo la difusión ante los cuestionamientos de padres de familia y asociaciones civiles que reclamaron la falta de mecanismos de participación para evaluarlos.
En su publicación de redes sociales, Arriaga afirmó que se realizaron 41 asambleas que convocaron “a miles" y contaron con la asistencia de más de “1 millón de personas".
De acuerdo con los documentos compartidos por el funcionario, en enero de 2022 la entonces secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez —próxima gobernadora del Estado de México—, instruyó a Arriaga y a la directora general de Desarrollo Curricular para coordinar y participar “en la realización de las reuniones de análisis y discusión de los proyectos del plan y los programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, y los contenidos para el diseño de los libros de texto gratuitos y materiales educativos de apoyo".
Como prueba de que estas reuniones fueron llevadas a cabo, adjuntó dos documentos en los que se mencionan siete “foros", tres en la “Ruta Sur" que se efectuaron en Tabasco, Chiapas y Oaxaca entre el 22 y el 25 de noviembre de 2021, así como cuatro de la “Ruta Norte", realizados en Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua entre el 6 y el 10 de diciembre del mismo año.
Estos eventos, según los documentos difundidos por Arriaga, se llevaron a cabo de manera previa a la instrucción que recibieron para realizar las reuniones sobre los materiales educativos, y no contienen información sobre los diálogos establecidos entre los asistentes y los organizadores, ni sobre las propuestas de los docentes e integrantes de las comunidades escolares.
Los argumentos para reservar la información
En respuesta a la solicitud 330026023002356, donde se pidieron datos sobre las asambleas y análisis de los materiales para el siguiente ciclo, la SEP reconoció que existe “un cúmulo de información considerable relacionada con los libros de texto gratuitos". Sin embargo, señaló que al contener “minutas, acuerdos y actas relacionadas con la elaboración y diseño de los materiales, dar a conocer estos elementos que no forman parte de un proceso final puede ser un obstáculo para su elaboración y desarrollo".
Además, indicó que la carpeta con la información solicitada “podría contener información susceptible de protección de datos personales", por lo que se reservó, aunque quienes participaron —según la secretaría— fueron servidores públicos.
Como argumento para la reserva de los datos, la SEP utilizó el artículo 3 de la Ley General de Transparencia, que señala: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial".
Por ello, indicó la secretaría, “la documentación relacionada con las asambleas y análisis del plan y programas de estudio se deberá considerar como reservada o de lo contrario se vulnerarían los bienes jurídicos que tutela el supuesto de reserva establecido, consistentes en la política pública implementada, la cual debe responder a la satisfacción del interés social y del bien común, atendiendo a la protección de un interés superior de la niñez, mismo que no puede estar supeditado al interés de un particular".
Las asambleas a las que se refiere Arriaga se realizaron antes del ciclo escolar que está por terminar. La SEP quería que para entonces ya entrara en vigor un nuevo plan de estudios junto con libros de texto, pero un amparo promovido por la organización Educación con Rumbo frenó esa puesta en marcha, y se espera que en el siguiente curso ya se instrumenten tanto el nuevo plan como los nuevos libros.
Los reclamos y recursos legales por las consultas
El pasado 15 de mayo, Animal Político dio a conocer que los libros de texto gratuitos para nivel primaria fueron impresos sin que se cumpliera con el proceso de elaboración que dicta la Ley General de Educación, en la que se establece que previo a su elaboración deben publicarse los planes de estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que ambos materiales deben ser consultados entre profesores y padres de familia de todo el país.
Dos días después, la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo contra los nuevos libros de texto, y acusó al gobierno de actuar “a espaldas de los mexicanos" con la “imposición" de los materiales sin respetar las consultas.
Este amparo fue concedido por una jueza federal el 26 de mayo, cuando ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) la suspensión de la impresión de los libros para primaria, hasta que se verifique que se hayan cumplido los procedimientos legales respectivos.
En respuesta a esta decisión judicial, la SEP y la Conaliteg interpusieron un recurso de revisión para buscar que se modifique o revoque la suspensión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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