Aun cuando se ha evidenciado la muerte de civiles a manos de militares en el pasado, el Caso Tlatlaya es el más notorio. En 2014, 22 civiles fueron fusilados por elementos del Ejército Mexicano y los excesos en la utilización de la fuerza por parte de la milicia siguen ocurriendo, a pesar de la retórica presidencial de que la situación “ya no es como antes”, la realidad es que sí lo es, especialmente cuando se utiliza y se vulnera a las inclemencias de la criminalidad, a las Fuerzas Armadas en tareas civiles.
El 18 de mayo -quedó grabado a través de una cámara de vigilancia- se dio una ejecución a manos de elementos del Ejército Mexicano. El video, publicado por el diario El País, la revista Proceso y la televisora Univisión, dura pocos minutos, pero es fuerte de contenido. Sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La primera escena da cuenta de un pick-up en el cual no se observa a cabalidad a sus ocupantes, que se estampa contra una barda en lo que parece ser el final de una persecución. Segundos después aparece una unidad del Ejército Mexicano a paso lento, no con la celeridad que llegaron los civiles. La unidad castrense golpea el pick-up en una maniobra para inutilizar las puertas en el lado del copiloto y así acorralar a los ocupantes.
Proceden a bajar del vehículo a los civiles, a quienes, se aprecia en las imágenes, por lo menos les retiraron un arma de alto calibre. Con violencia los soldados bajan a los hombres y los golpean mientras permanecen en el suelo. La mayor parte de la agresión son patadas.
Maltrechos, entre el golpe por el impacto y la agresión de los soldados, los sorprendidos civiles son arrastrados hacia la pared con la que chocaron, donde los colocan uno a un lado del otro mientras continúan recibiendo puntapiés.
No se aprecia si de los golpes los militares pasaron a los disparos, porque hay un corte de edición en el video de la cámara de vigilancia; en la siguiente imagen ya no se distingue bien a las víctimas. Tampoco aparece el vehículo militar, ha sido removido.
Los soldados parecen resguardarse en el lado del copiloto de la unidad civil y apuntan a varios lados, por frente, por detrás, disparando sus armas, como si estuvieran repeliendo una agresión. Sin embargo, ni en el follaje que antecede la árida zona donde quedó el pick-up ni en el área donde habían estacionado la unidad los militares, que es a donde dirigen sus armas y disparan, se puede ver a los supuestos agresores. Sólo militares disparando, y desprotegidos por su unidad.
Después viene otro corte de edición, y los militares, en la misma posición desde la que disparaban, reúnen aún más sus humanidades y disparan, con más discreción que en las imágenes anteriores. En este punto se aprecia a uno de los civiles arrastrarse en un intento de huida de la zona, mientras otros civiles parecen moverse en el lugar donde fueron arrinconados por los militares.
Un corte más de edición y ya se ve a los soldados tranquilos con las armas abajo, manipulando la escena del crimen. Un corte más de edición y cada vez aparecen menos elementos del Ejército. Esta vez se aprecia a tres militares, moviendo cosas y los cuerpos, que ya se aprecian inertes de los civiles que, con vida, fueron bajados del pick-up.
Otro corte más de edición y se ve cómo tres soldados platican, uno le pide lo que parecen ser las llaves de unas esposas, mismas que utiliza para quitárselas a uno de los civiles cuyo cuerpo se aprecia sin vida. Ahí termina el video de poco más de dos minutos de duración.
Un día después de la difusión del video, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya se estaba actuando y que “al parecer sí hubo un ajusticiamiento y eso no se puede permitir”.
Continuó: “Cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación, ya están a punto de ponerse a disposición a los responsables, de las autoridades competentes”.
De hecho, llama la atención el posicionamiento del Ejecutivo federal, ya que podría tratarse de la primera ocasión en que, casi de manera inmediata a la difusión de un hecho criminal en el que participan militares, se aventura a decir que “parece que si hubo un ajusticiamiento”. Por supuesto, podría tener información privilegiada en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, dado que, según la cámara de vigilancia, el suceso tuvo lugar el 23 de mayo, pero no se conoció del mismo hasta el 6 de junio, cuando fue difundido por medios de comunicación.
La Fiscalía General de la República también habría actuado de inmediato, al menos al solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, acceso a los participantes de la presunta ejecución de civiles, pues con los cortes de edición, no se ve el momento -si existió- en que los militares abren fuego contra los civiles, a menos que lo hayan hecho durante el tiempo en el que supuestamente repelen otra agresión y que podrían aprovechar para cometer el crimen. Sin embargo, no hay información ni de las autoridades de Tamaulipas, ni de la FGR, mucho menos del Ejército, que ofrezca detalles de lo ocurrido o de la identidad de las personas.
No se sabe si los civiles eran miembros de algún grupo criminal, si transportaban algo ilícito, si llevaban armas, si huían de algún acontecimiento delictivo. Lo único que se sabe y que contrasta con las imágenes del video, es que el Teniente de Infantería, José Luis Nava Martínez, quien estaba al frente del operativo, dijo que cuando revisaban el vehículo de los hombres armados y que fueron agredidos, estos intentaron recuperar sus armas y murieron.
Desafortunadamente no es la primera ocasión que militares están en el centro de una investigación por ejecutar a civiles. En febrero de 2023, también en Nuevo Laredo, al igual que el hecho de mayo, militares perseguían a civiles. Asesinaron -se confirmaría más adelante- a cinco jóvenes, entre ellos uno de origen estadounidense.
En este caso, las víctimas fueron atacadas por los militares sin mediar interrogatorio o comprobación de haber cometido algún delito. A los soldados les parecieron sospechosos los jóvenes en la camioneta, los persiguieron y los atacaron a balazos. Dispararon más de 80 ocasiones, porque pensaban que se trataba de personas peligrosas y armadas.
Los jóvenes ni eran peligrosos, ni traían armas. La autopsia a los cuerpos revelaría que se trató de una ejecución sumaria. Uno de los jóvenes recibió 22 impactos de bala. El conductor fue muerto de doce disparos; uno de los ocupantes de la parte trasera del vehículo, tenía diez heridas de entrada de arma de fuego; uno más, cinco impactos, cuatro por la espalda. El que menos, murió de dos balazos.
Dos jóvenes sobrevivieron al ataque de los militares, uno de ellos declaró que posterior a la masacre, los mantuvieron en el lugar por horas, sin permitir a quienes aun después de los impactos estaban con vida, recibir atención médica.
Cuatro elementos del Ejército -de la base, no de los mandos- fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva oficiosa en el Campo Militar Número 1 en Ciudad de México.
De los hechos recientes, no se sabe el número de soldados que serán presentados sobre el caso, tampoco si serán juzgados en un Tribunal Militar o en Juzgado penal. La secrecía protege a los miembros del Ejército que, al calor de las persecuciones de civiles, actúan como si estuvieran en guerra, con excesivo uso de la fuerza, hasta acribillar.
Así queda expuesto uno de los riesgos a lo sumo graves de la política presidencial lopezobradorista, avalada por el Poder Legislativo, de tener al Ejército en las calles.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario