Por tal razón, el Poder Judicial Federal reprendió a la autoridad de Unión Hidalgo y le ordenó “dejar sin efecto el permiso de construcción del parque eólico y cualquier otro que haya sido otorgado por la autoridad municipal porque contravienen la sentencia de amparo del cinco de octubre de 2018”.
Según el acuerdo del 1 de junio de 2023, relacionado con el expediente 376/2018, Rasgado Martínez “reconoce y confiesa que ha incurrido en desacato y en una flagrante ilegalidad con su actuar”, por lo que el órgano judicial le requirió entregar los permisos otorgados a ese proyecto y dejarlos sin efecto.
En el acuerdo se pide se aperciba a la autoridad municipal para que se abstenga de emitir actos que contravengan la sentencia de amparo de 2018 al violar el carácter previo de la consulta y esperar a los resultados de la misma porque, con su actuar, aumenta la situación de conflicto y riesgo de violencia en esa comunidad zapoteca.
Y en caso de que la autoridad no acate esta nueva disposición judicial se le impondrá una multa de 100 unidades de medida y actualización vigente.
Cabe mencionar que Rasgado otorgó un permiso para la construcción del parque eólico al señalar falsamente que se había cumplido con la fase deliberativa de la consulta indígena, por lo que el juez federal de la mesa VII, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, calificó este acto como ilegal y en desacato.
La consulta indígena por este proyecto, que abarca una superficie de cuatro mil 700 hectáreas de tierras comunales, comenzó en abril de 2018, siete meses después de que un sismo de 8.2 grados dañó 70% de la localidad; y, de acuerdo con los comuneros, se efectuó violentando el convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo; después se reanudó, pero no ha concluido.
Sospecha de corrupción
Además se ordenó dejar sin efecto el permiso de construcción y cualquier otro que hubiera sido otorgado por la autoridad municipal.
Hasta el momento, el munícipe no ha informado nada al respecto, ni tampoco la empresa eólica.
Sin embargo, comuneros zapotecas calificaron como “una burla para el pueblo” que el presidente municipal haya otorgado el permiso sin el consentimiento de la comunidad.
El vocero de los comuneros, Norberto Altamirano, dijo que, además del actuar faccioso del munícipe, todo se mantuvo en opacidad, pues tuvieron que pasar nueve meses (de septiembre a junio) para saber que él había otorgado un permiso de construcción.
Considera que “el presidente (municipal) debe informar y decirnos cuánto dinero le dieron porque no creo que ese permiso se haya pagado con una sonrisa, sino que todo es negocio, y un negocio fuerte”.
“Para nosotros está claro que el munícipe actúa facciosamente en favor de las empresas eólicas. De por sí su credibilidad está empañada. ¿Cómo puede constituirse en un agente moral en favor de las causas del pueblo?
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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