Su día a día trascurre de la habitación al comedor, del comedor a la habitación. Cuanto toca, revisión médica. Casi a diario, llamadas con la familia. Sus lesiones les impiden todavía trabajar y no solo no pueden enviar dinero a sus casas —principal motivo por el que emigraron— sino que varios están endeudados con sus traficantes a quienes confiaban empezar a pagar nada más llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo.
El Instituto Nacional de Migración (INM) costea su estancia en el hotel y los gastos médicos como parte de la asistencia prometida por el gobierno ante el suceso más grave de este tipo ocurrido en México pero la situación es incómoda para las víctimas. Sus abogados lo consideran un conflicto de intereses porque el jefe de Migración y siete de sus funcionarios están procesados penalmente por el letal incendio del 27 de marzo, la mayoría acusados de homicidio.
Todos estos factores juntos y el hecho de sentir que están en las manos de quienes fueron responsables de sus problemas hacen que estos ocho supervivientes se sientan atrapados aunque técnicamente no lo estén.
"Podemos movernos pero no es una vida normal", asegura uno de ellos, un guatemalteco de 25 años que habló con The Associated Press pero pidió no publicar su nombre por miedo a que las autoridades lo dejen de ayudar. Un cubrebocas tapa parte de su cara quemada. Su antebrazo derecho acaba en muñón vendado.
México les ha dado visas humanitarias. Pero, ¿cómo encontrar trabajo todavía enfermos? Y sin dinero, ¿cómo moverse? Podrían volver a su país pero no quieren porque de ahí huyeron y Estados Unidos lo sienten más lejos que nunca debido a la lenta burocracia de solicitar asilo, y aunque una decena de sus compañeros lesionados sí lograron cruzar la frontera. En total hubo 27 heridos. De algunos de ellos no se tiene ninguna pista.
El joven guatemalteco, que era guardia de seguridad en su país, fue detenido el mismo día del incendio justo al entrar en la ciudad y trasladado poco después al centro de detención.
Unas 70 personas estaban hacinadas en la zona de hombres, un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y sin apenas agua. Al caer la noche, un pequeño grupo de migrantes prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos, el humo lo cubrió todo. Las cámaras de seguridad dejan constancia de cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Solo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas.
"Se miraba como que fuera una película, como que estuviera levitando", recuerda el guatemalteco. "De un momento a otro la vida de uno estaba cambiando".
Los migrantes se escondieron en los baños. Cuando el fuego se propagó, la cubeta que intentaban llenar con un hilillo de agua de la regadera ni siquiera estaba a la mitad. El guatemalteco solo alcanzó a mojar su camisa antes de ver cómo prendía el techo y sentir una llamarada en el rostro.
Los bomberos hicieron un boquete justo donde él estaba. Recuerda ver la abertura y correr hacia un hombre con máscara que arrastraba a otra persona. "Gracias a Dios caí en frente de él". Se desmayó. Después, solo recuerda el sonido de una sirena y que no podía respirar.
Estuvo mes y medio hospitalizado, parte de ese tiempo entubado, luego luchando contra una infección. Cuando recobró la consciencia ya le habían amputado una mano y trasladado a Ciudad de Mexico. Su padre le acompañaba aliviado porque su nombre estaba en la lista de muertos y esperaba recoger un cadáver.
El titular de la agencia migratoria, Francisco Garduño, y otro directivo del INM están acusados de ejercicio ilícito de su deber y de no proteger a las personas bajo su custodia. Ambos se mantienen en sus cargos. Los otros seis procesados están en prisión acusados de homicidio, al igual que un guardia de seguridad privada y dos migrantes acusados de iniciar el fuego.
Al concluir su audiencia de vinculación a proceso el 30 de abril, Garduño dijo que trabajaría por la reparación integral del daño. Ese mismo día, Rodolfo Pérez, su abogado, en conversación telefónica con AP sugirió que pretendían "pagar lo que se tenga que pagar (porque) éste es un delito que si se repara el daño... ya no sigue el juicio".
Las organizaciones civiles insisten en que el suceso sea un punto de inflexión para que se realicen cambios urgentes en la política migratoria y evitar que la tragedia se repita.
Después del incendio, algunas instalaciones migratorias cerraron, otras se vaciaron y Migración comenzó a hablar de hacer reformas legales. La Organización Internacional para las Migraciones se ofreció en julio a ayudar y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también pidió cambios para garantizar la seguridad de los migrantes e implementar medidas como llevar un registro de detenidos, algo inexistente hasta ahora.
Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia —una de las organizaciones que junto a las ONG IMUMI, DHIA y Asylum Access está dando asesoramiento legal a algunos supervivientes— considera inapropiada la situación con los heridos alojados en Ciudad de México .
Dice que pone de manifiesto un claro conflicto de intereses porque "la propia institución vinculada con el hecho delictivo" es la que está "directamente a cargo de de la atención de las víctimas". También reconoce que no se ha encontrado de momento una mejor solución.
Al principio, los supervivientes "se sentían como en una extensión de la estación migratoria", agrega el abogado. "Si salían, inmediatamente los estaban buscando". Con el paso de las semanas, la situación mejoró un poco pero algunos fueron hostigados para que no aceptaran ser representados por las ONG diciéndoles que perderían las compensaciones, explica Rojas.
Un portavoz de Migración negó que los supervivientes estuvieran bajo vigilancia y aseguró que estaban alojados en muy buenas condiciones. En un mensaje a AP, indicó que la agencia había otorgado visas humanitarias a 21 heridos, 26 familiares suyos y a 10 mujeres que estaban en las instalaciones el día del incendio.
Agregó que inicialmente se han presupuestado unos cinco millones de dólares para reparaciones, una cantidad que podría incrementarse, y que las primeras transferencias para las familias de 20 de los fallecidos están ya en trámite.
El guatemalteco al que representa Rojas no hace críticas. Solo dice que no le informaron del proceso legal cuando salió del hospital en mayo y solo pudo rendir declaración el mes pasado. Dos de los ocho compañeros en el hotel todavía no han sido citados para ello.
¿Sus planes? Conseguir una prótesis para la mano que perdió en el incendio. "El no estar completo me cambió la vida", dice. Luego, reencontrarse con su pareja y su hija de nueve meses a las que dejó en Guatemala en abril, después de abandonar su empleo y endeudarse para pagar 19.000 dólares al traficante que le prometió llevarle a Chicago de forma segura.
"A la hora de salir de su país, uno sabía los peligros en la calle, los secuestros, pero no los peligros a la persona que te resguarda; eso nunca, nunca me lo imaginé", comenta.
En su cabeza todavía ronda la conversación con su madre desde el centro migratorio horas antes del incendio. Le dijo que le habían agarrado pero que estaba bien y que no se preocupara porque estaba en Migración. "La palabra más errónea que tuve en la vida fue decir que estaba bien ahí".
FUENTE: PROCESO/AP.
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