El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) padecen de problemáticas diferentes, sin embargo, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende poner en orden el funcionamiento de ambos espacios y acabar con los vicios de la ilegalidad.
El nuevo, casi vacío por su lejanía y falta de comunicaciones, construido y operado por el Ejército desde que se abrió hace un año. El viejo, totalmente saturado, a punto de quedar bajo control total de la Marina.
Este traspaso forma parte del plan del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de dejar en manos de los militares una docena de aeropuertos antes de acabar su mandato en 2024, y es el ejemplo más reciente del creciente poder civil y económico que están asumiendo las Fuerzas Armadas en México.
Para el mandatario, es la única vía para atajar la corrupción. Sus críticos denuncian, sin embargo, una imparable y preocupante militarización de la Nación.
Quien llegue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) —el principal del país— puede no notar muchos cambios a primera vista. La Secretaría de Marina ya se encargaba desde hace más de un año de la seguridad. En cuanto se publique el decreto presidencial anunciado, será responsable de absolutamente todo: desde la aduana a la limpieza de los baños, desde el control migratorio al del manejo de las maletas.
Este aeropuerto por el que circulan mensualmente cuatro millones de viajeros será “una empresa dentro de un ente naval militar”, explicó su director, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, de 73 años, en una entrevista con The Associated Press. Pero matizó: “No se va a ver que esto sea una dependencia militar”.
A diferencia del otro aeropuerto capitalino, el Felipe Ángeles, donde son guardias nacionales hasta los que piden el pase de abordar, en el AICM los únicos uniformados son los mil 500 marinos desplegados desde febrero de 2022 en labores de seguridad. El resto es y será personal civil, pero “con reglas más claras”, defendió Velázquez Tiscareño. “Que rija más el orden y la disciplina”.
Desde el inicio de la administración de López Obrador en diciembre de 2018, los militares han ido asumiendo cada vez más tareas: desde la seguridad al control de aduanas y puertos; desde la gestión de viveros o viajes turísticos hacia una isla-penal hasta la construcción de millonarias infraestructuras como el Tren Maya del sureste o varios aeropuertos.
La Marina constituirá una empresa llamada Casiopea que se encargará del AICM y de otros seis aeropuertos “deficitarios” y “en manos de la delincuencia organizada”, según el Vicealmirante, como el de Matamoros, en la frontera noreste, el de Ciudad del Carmen, en el Golfo, o varios en el Pacífico.
López Obrador ya había adelantado que su plan es contar con una docena de aeropuertos en manos del Ejército o la Armada para finales de 2024 y aspira a que la nueva aerolínea militar esté operando este mismo año.
Esta incursión de las Fuerzas Armadas en la aviación es contraria a las recomendaciones internacionales que marcan límites muy claros entre lo militar y lo civil, explicó Rogelio Rodríguez Garduño, profesor de Derecho Aeronáutico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sus posibles consecuencias jurídicas tampoco están claras. A principios de este año, la Corte Suprema consideró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército y la respuesta del Presidente fue dejarla administrativamente bajo mando civil, pero con un jefe operativo militar.
Los cambios en los aeropuertos podrían ser beneficiosos en cuestiones de seguridad, pero los expertos no creen que vayan a solucionar el resto de problemas que tiene la aviación de México. En 2021, el país fue degradado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos por no cumplir con los estándares internacionales en cuanto a supervisión de sus aerolíneas, lo que no significa que sean inseguras, pero impide a las compañías mexicanas ampliar sus vuelos a ese país.
Según Rodríguez Garduño, es necesaria más capacitación, mejores inspecciones y elevar el nivel de competencia y competitividad del sector. Y ahí es donde el académico no tiene claro si los militares harán o no un buen papel porque, según anota, no son expertos en negocios, sino en obediencia.
Velázquez Tiscareño, un piloto en retiro, dijo entender la “inquietud” que generan estos cambios, pero aseguró que “si se decidió que así fuera, es porque existen algunos aeropuertos del país que presentaban grandes problemas de muchos años y había que corregirlos”.
En el caso del de la capital, la lista era larga: punto de entrada de grandes cantidades de droga y de migrantes “VIP”, escáneres que no funcionaban, robo de maletas, manejo indiscriminado de los horarios de las aerolíneas, negocios sin contratos en locales y hangares, deudas, corrupción… Todo eso aliñado con miles de viajeros diarios y la saturación total de unas instalaciones con problemas estructurales que van desde hundimientos a inundaciones periódicas o malos olores continuos.
La corrupción llegó a tal nivel que hubo un tiempo en el que se mandaban mensajes en clave por la comunicación interna para paralizar las inspecciones de maletas y que entraran sin problemas los cargamentos de droga, según quedó al descubierto durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna (2006-2012), condenado por narcotráfico en Estados Unidos en febrero.
De ahí que José Reveles, autor de numerosos libros sobre el narcotráfico, apuntara que el traspaso del AICM a la Marina puede ser de mucho interés para Washington porque el aeropuerto es el más estratégico del país y la Marina es el cuerpo mexicano en el que más confía el país vecino. Las autoridades estadounidenses no se han pronunciado públicamente al respecto.
El Vicealmirante Velázquez Tiscareno asumió como director hace justo un año con una orden presidencial muy clara: “Dar un golpe de autoridad en la administración, en las finanzas, atender todas las quejas de los usuarios y, además, que las líneas aéreas no hicieran lo que quisieran”.
De facto, quedaba ya entonces en manos del militar el “control integral” de las instalaciones, un “mando único”, dijo. Cuando se publique el decreto, esta función será institucionalizada. En lugar de tener dos jefes tendrá sólo uno, el Secretario de Marina, porque el titular de Comunicaciones Transportes, un civil, quedará separado de toda responsabilidad.
El expiloto aseguró que ya se ha logrado terminar con algunos negocios ilegales, se han mejorado las inspecciones y se ha reducido el robo de maletas.
Los grandes pendientes, reconoció, son la deficiente infraestructura y la saturación.
Para lo primero, faltan recursos y una de las razones es que el impuesto aeroportuario que pagan los viajeros y que debería usarse para mantenimiento, se destina a compensar a los inversores afectados por la cancelación de las obras de unas instalaciones planeadas por la anterior administración. López Obrador las suspendió para que el Ejército construyera el nuevo aeropuerto en otro lugar.
En cuanto a la saturación, la apertura del Felipe Ángeles ofreció una capacidad adicional de vuelos pero, de momento, no ha cumplido las expectativas aunque se están intentando traspasar todos los vuelos de carga del AICM a el nuevo aeropuerto. Además, asociaciones de pilotos y aerolíneas denunciaron el año pasado el aumento de incidentes potencialmente peligrosos en el espacio aéreo de la capital mexicana por la incorporación del flujo del segundo aeropuerto.
Algunos empleados del AICM reconocen algunas mejoras aunque falte mucho por hacer.
“Está más tranquilo” con la Marina, dijo Luis Martínez, un trabajador que lleva 25 años en las instalaciones ayudando a los pasajeros que necesitan silla de ruedas. Pero “la gente se queja de lo mismo de siempre, los retrasos de los vuelos y en la recogida de equipajes”, agregó.
José Beltrán, un anciano que se encarga de recoger la basura, coincide en que hay “más control”, aunque no se atreve a aventurar cómo irán las cosas a futuro. “Hay que saber cómo van a trabajar”.
AUTOR: REDACCIÓN/MARÍA VERZA.
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