El GIEI exhibió en su sexto y último informe las dificultades por parte de la Sedena y Semar para obtener información sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El grupo de expertos señaló que tras la apertura de archivos por mandato presidencial, se logró tener nuevos hallazgos sobre la actuación de agentes del Estado y recabar información sobre el posible destino de los jóvenes, sin embargo, apuntó que la información brindada por las Fuerzas Armadas “es parcial y corrobora la existencia de otras información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, y que les ha sido negada a pesar de la insistencia y de la negativa de las instituciones.
Asimismo, el GIEI resaltó que, pese a las trabas, se consiguió la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del Ejército, y más de un centenar de miembros del crimen organizado y funcionarios, pero que la investigación fiscal no sólo debe llevar a las detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
De la misma forma, el GIEI aseguró que su trabajo pudo contribuir a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuertes de información como en el caso del basurero de Colula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación del Río San Juan, la evaluación médico-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen.
“El GIEI ha dejado al país seis informes sobre el caso, que han sido la base para el caso y para las políticas de atención a las víctimas, investigación criminal, uso de pruebas, judicialización y otras más amplias”, dijo.
“En ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condicionen nuestra autonomía e independencia, sino que ha proporcionado análisis con base en las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional”, agregó.
Además, el grupo de expertos aclaró que el caso no se cierra porque no siga en la investigación, sino que “el Estado y sus instituciones tiene la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”.
“Para los familiares y víctimas del caso, el GIEI ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y, sobre todo, de esperanza. Es esa esperanza de las familias, y de la propia sociedad, la que necesita respuestas”, finalizó.
EL ÚLTIMO INFORME DEL GIEI
El pasado martes 25 de julio, el GIEI dio a conocer los resultados de su sexto y último informe antes de que los dos expertos que restaban en el país, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, se marchen al considerar “imposible” continuar sus labores de investigación debido a la obstaculización del Gobierno federal, y en particular de la Sedena, para obtener documentos vitales para las diligencias.
“No ha sido posible obtenerla y llevamos mucho tiempo pidiendo esta información, de forma reiterada”, sumó el psicólogo. “Sedena niega tener información sobre lo sucedido en monitoreos y seguimientos telefónicos de investigaciones que sí llevaron a cabo, interceptaciones, monitoreo de comunicaciones, transcripción de comunicaciones que hablan sobre los hechos, pero que también hablan del posible destino de los jóvenes”.
Mientras que lamentaron que sus esfuerzos hayan sido minados por la falta de transparencia gubernamental, también aseguraron que la documentación analizada no muestra una colusión entre los estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” y grupos criminales, y por lo contrario sí da cuenta de una complicidad entre autoridades de los municipios de Cocula e Iguala, integrantes del Ejército y mandos policiales junto con estas cédulas del narcotráfico en Guerrero.
Además, entre sus hallazgos que presentaron en el sexto informe están contradicciones del Ejército sobre la ubicación del cuerpo sin vida de Julio César Mondragón, alteración de bitácoras y comunicaciones, entre otras incongruencias y falta de información.
“El GIEI advirtió de que dichas respuestas constituyen falsedad documental y obstrucción a la búsqueda de los desaparecidos, derecho a la verdad y la justicia, así como incumplimiento de las órdenes presidenciales”, remarcó el informe.
AUTOR: REDACCIÓN.
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