La Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó presuntos actos de corrupción en 19 empresas que prestaron servicios de laboratorio clínico y banco de sangre al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 2021 a 2023.
El titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, presentó un informe sobre las empresas privadas que ofrecen servicios de laboratorio clínico y banco de sangre al IMSS, y destacó que de las 121 que resultaron contratadas de 2021 a 2023, 102 han actuado conforme a la ley pero 19 han incurrido en actos de corrupción.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el secretario de la Función Pública explicó que en administraciones anteriores diversos servicios médicos se privatizaron y que en las contrataciones realizadas antes del actual gobierno fue que identificaron a las 19 empresas de laboratorio clínico y banco de sangre en el IMSS por actos de corrupción.
“En el sector salud, de 2021 a 2023, en los procedimientos de contratación de estos servicios han participado 158 empresas de las que 121 resultaron contratadas, 89 para laboratorio químico y 32 para banco de sangre, de las 121 que prestan servicios, 102 han actuado conforme a la ley y las restantes 19 han incurrido en actos de corrupción”, dijo Salcedo Aquino.
Entre los actos de corrupción que habrían cometido estas 19 empresas identificadas por la Función Pública, encontraron que realizaron acuerdos para repartir ilícitamente las contrataciones mediante omisión de información en licitaciones a fin de que se resultara ganadora la empresa o las empresas que habían acordado.
Además de estos actos, 6 de las 19 empresas incurrieron en prácticas monopólicas, según la SFP.
🔴El titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, informó que de 2021 a 2023, 19 empresas que prestaron el servicio de laboratorio y banco de sangre al IMSS incurrieron en supuestos actos de corrupción al haber realizado acuerdos para repartir ilícitamente las contrataciones. pic.twitter.com/odr8wrLJpv
— Animal Político (@Pajaropolitico) July 18, 2023
Función Pública ha sancionado a 13 empresas con multas por casi 2 mmdp
De acuerdo con Roberto Salcedo, como consecuencia por los actos de corrupción de las 19 empresas que ofrecen servicios de laboratorio clínico y banco de sangre, han impuesto sanciones a 13 de ellas.
Estas sanciones son 24 inhabilitaciones por entre 1 y 7 años para participar en procedimientos públicos licitatorios y multas de casi 2 mil millones de pesos (mmdp), además de que hay en curso 23 investigaciones contra las otras 6 empresas que aún no son sancionadas.
A pesar de las 24 sanciones, sólo 8 están firmes y 16 en proceso porque las empresas han interpuesto diversos medios de defensa, como amparos, recursos y tácticas dilatorias, para impedir que las sanciones cobren vigencia.
“Esta situación permite que las empresas que hayan cometido irregularidades continúen en los procedimientos de contratación hasta que las resoluciones hayan causado efecto”, refirió el titular de la SFP.
IMSS cambia diseño para licitaciones públicas
Debido a que la Función Pública ha identificado que algunas empresas, para eludir sanciones, utilizan filiales o cambio de razón social para continuar en el mercado, en coordinación con el IMSS están revisando a cada uno de los participantes en las licitaciones públicas para que no puedan seguir en el proceso con trampas.
Sobre esto, el titular del IMSS, Zoé Robledo, dijo que fue desde marzo de 2016 cuando el Instituto denunció ante la Cofece este tipo de irregularidades en empresas que ofrecen servicios de laboratorio clínico y banco de sangre, pero que el asunto fue resuelto hasta 2020 con una multa y no inhabilitó a las implicadas.
Dijo que por este motivo han realizado cambios en el diseño de la licitación pública que incluye especificaciones como que los servicios se dividen en un mayor número de partidas para fomentar la participación de las empresas locales en los estados sedes.
También la eliminación del requisito de la carta de apoyo del fabricante de los equipo médicos porque esto permitía la participación de grandes empresas con acuerdo previos y se incrementa de 30 a 90 días el tiempo para la puesta a punto, y así asegurar al ganador el tiempo suficiente para la prestación del servicios.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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