El grupo de expertos deja México después de ocho años ante la imposibilidad de acceder a los archivos del Ejército para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Entre sus logros destacan la detención de Murillo Karam y el arresto de militares involucrados en el caso Ayotzinapa. La integrante Ángela Buitrago, familiares y derechohumanistas hacen un balance de su labor.
En entrevista, Buitrago asegura que se les empezaron a cerrar las puertas de las instituciones, sin especificar cuáles. Es cuidadosa de no mencionar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero cuenta que, antes de tomar la decisión de no renovar su estancia en México, se preguntaron si podrían hacer alguna nueva aportación, a partir del 1 de agosto, para ayudar a resolver el caso.
“Precisamente por la misma opacidad [con] que [se] maneja esto. Solamente podríamos aportar [algo más] en la medida en que se cumpla el compromiso que se hizo, de tener toda la información, y toda la información es toda”, subraya vía telefónica la exfiscal colombiana.
“Aquí hay unos nudos de protección muy fuertes, muy fuertes. Vienen heredados [de gobiernos anteriores]. Entonces, puedes generar personas de la administración que hacen un papel muy bueno, pero dentro de las mismas instituciones tienes gente que se recicló”.
Sin dar nombres, Buitrago asegura que esas personas tienen un grado de poder muy importante. “Y hay instituciones, y soy muy neutral, no voy a decir nombres, que son jerárquicamente institucionalizadas y [esas personas] tienen poder y mando, así sean retiradas”.
La detención del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y haber expuesto la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, son logros del GIEI señalados por diversas fuentes consultadas para hacer un balance de su labor, a la vez que perciben en los expertos una disminución de su crítica al gobierno.
No es la primera vez que el GIEI se queja de la falta de transparencia de las instituciones mexicanas. Desde su primer informe, presentado el 6 de septiembre de 2015, el grupo expuso la pérdida y el ocultamiento de evidencia. En los ocho años y cuatro meses que investigó el caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló hallazgos como la existencia de un quinto autobús tomado por los normalistas en Iguala que podría haber transportado droga o dinero, el cual no fue incluido inicialmente en la investigación, y la infiltración de militares entre los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Expuso también que efectivos de la Marina fueron los primeros en llegar al basurero de Cocula, pero no se registró en el expediente la diligencia que realizaron en el lugar donde, según la versión oficial, los normalistas fueron incinerados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. También ha asegurado tener pruebas documentales de que el Ejército, en 2014, hacía un seguimiento de las actividades de esta organización delictiva a través de un centro regional de inteligencia militar, pero la Sedena negó que existiera cuando desaparecieron los estudiantes.
Buitrago aclara que la falta de transparencia proviene de diferentes dependencias, y revela que el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), convertido en este gobierno en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), les entregó una parte de la información que posee sobre el caso Ayotzinapa, pero luego agregó en una nota que no se podía usar porque era un tema de seguridad nacional.
“¿Cuál es la intención?”, cuestiona la Fiscal de Hierro, como es conocida en su natal Colombia. “Información de seguridad nacional no existe ahí. Que están torturando a la mitad de los detenidos, ¿eso es información de seguridad nacional? Perdón, pero tienen en sus filas gente que está cometiendo delitos y crímenes atroces”, añade, nuevamente sin dar nombres.
Una fuente federal confirmó a este periodista que existe una orden de aprehensión en contra de Ignacio Mendoza Gandaria, exdirector de Apoyo a la Operación del Cisen, por el delito de tortura a presuntos integrantes de Guerreros Unidos, pese a lo cual volvió a ocupar un cargo en el CNI y labora con normalidad en el organismo.
Mendoza Gandaria fue identificado en un video difundido en julio de 2020, en el que también se observa a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, durante un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal acusado de participar en la desaparición de los normalistas. En las imágenes, el Cepillo está desnudo del torso y con la cabeza cubierta; aunque no se observa que sea golpeado, dos partes médicos incluidos en el expediente del caso registraron 31 lesiones en su cuerpo.
Mendoza Gandaria es el primer funcionario del CNI procesado penalmente por el caso Ayotzinapa.
“Eso es gracias al GIEI”, señaló la fuente federal para remarcar la importancia de la asistencia técnica del grupo de expertos en México, al colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la elaboración de los casos penales, y lamentó que el proceso en contra del mando del CNI se encuentre estancado en la fiscalía federal.
Con el apoyo del GIEI, en agosto de 2022 se detuvo a Murillo Karam, y a finales del pasado junio fue arrestado Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) —el tercer funcionario de más alto rango de la antigua Procuraduría General de la República (PGR)—, acusados de fabricar la “verdad histórica”, al igual que Zerón, quien se encuentra prófugo en Israel. En el último mes fueron también detenidos diez militares, incluido el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala.
“Todo esto es histórico, y es por la asistencia del GIEI”, remarcó la fuente consultada.
Como parte de sus facultades, el grupo de expertos colaboró con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR para armar los procesos judiciales de las personas encausadas penalmente.
“Piensas que te quedas desamparado”
El GIEI inició sus funciones el 2 de marzo de 2015. Las cinco personas elegidas para integrarlo fueron el abogado penalista chileno Francisco Cox; Claudia Paz y Paz, la primera mujer fiscal general de Justicia en Guatemala; el médico y doctor en psicología vasco Carlos Beristain; el abogado colombiano Alejandro Valencia, quien trabajó con las comisiones de la verdad de Ecuador, Paraguay, Perú y Guatemala, y la abogada colombiana Ángela Buitrago.
Su primer periodo terminó el 30 de abril de 2016, después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no renovara su mandato. El GIEI inició una segunda etapa en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador con cuatro de sus cinco integrantes, pues Valencia no regresó a México.
El informe del 25 de julio será el sexto y último del GIEI, y como sucedió con el anterior del pasado marzo, lo presentarán únicamente Buitrago y Beristain, ya que sus otros dos miembros, Cox y Paz, dejaron de colaborar con el gobierno en octubre del año pasado, dos meses después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) ofreciera, sin consultarles, un informe en el que incluyó capturas de pantalla de conversaciones por celular de supuestos integrantes de Guerreros Unidos durante la noche de la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, y la madrugada siguiente, cuyo origen y autenticidad fueron cuestionados por el grupo de expertos.
Para Mario César González, padre del estudiante César Manuel González Hernández y uno de los voceros del grupo de familiares, el retiro de los dos últimos integrantes del GIEI es algo lamentable, pues considera que fueron las primeras personas que les hablaron con la verdad y los trataron con dignidad.
“Tenemos varias anécdotas con ellos, sentimientos que van naciendo, que no se pueden describir, porque sientes muy gacho cuando se van, piensas que te quedas desamparado”, dice González.
“Afortunadamente, también tenemos dos equipos de licenciados que han estado en las buenas y en las malas, pero nos hace falta la vigilancia internacional”, asegura, vía telefónica, en referencia al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Para González, hay dos responsables del fin del GIEI: la Sedena, por no proporcionar toda la información que tiene del caso, y López Obrador, por tolerarlo.
“Creo que el presidente la está regando muchísimo, podría haber cambiado todo el rumbo de la historia y desgraciadamente dejó que el Ejército se saliera con la suya”, señala. “Desafortunadamente, las reuniones [con López Obrador] se fueron pareciendo cada vez más a lo anterior [con el expresidente Enrique Peña Nieto]”.
Y es que, aunque López Obrador ha instruido al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, a que entregue toda la información que el Ejército tiene sobre el caso Ayotzinapa al GIEI, esa orden no ha sido cumplida, de acuerdo con lo denunciado por sus integrantes.
Contra la “verdad histórica”
El GIEI surge de una medida cautelar dictada por la CIDH el 3 de octubre de 2014, solicitada por Tlachinollan y el Centro Prodh en representación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Las organizaciones civiles plantearon que para atenderla se requería asistencia técnica internacional en las investigaciones.
Enfrentado a una fuerte presión social, con manifestaciones cada vez más grandes, nacionales e internacionales, en contra de la llamada “verdad histórica” de la PGR, que concluía que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula y luego sus restos esparcidos en el río San Juan, el gobierno de Peña Nieto aceptó sin regateos la propuesta.
“Creo que el Estado mexicano nunca imaginó el rumbo de esta asistencia técnica, yo creo que la aceptó en buena medida por presión mediática, pero creyendo que era una medida que podrían administrar”, considera Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, organización civil que en octubre de 2015 se sumó a la representación de las familias ante la CIDH, aunque desde las primeras semanas les brindaron acompañamiento psicosocial.
Consultado al respecto, un exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que dicha dependencia intentó evitar que se firmara el acuerdo con la CIDH, pero la decisión ya estaba tomada.
“El GIEI fue un mecanismo novedoso, que rompía con modelos anteriores. Se generó una posibilidad de que la medida cautelar actuara paralelamente a la investigación, siendo muy cercana a la fecha de los hechos”, destaca Buitrago.
El modelo tuvo tal impacto que fue replicado en Nicaragua, en 2018, y en Bolivia, en 2019, para indagar violaciones a los derechos humanos cometidas en contextos electorales, con la integración de expertos independientes que pusieron a las víctimas en el centro y mostraron las fallas estructurales de los sistemas de procuración de justicia.
Los puntos de quiebre
Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan y de los familiares de los normalistas desaparecidos, destaca dos momentos fundamentales del GIEI. El primero, con Peña Nieto, cuando echó abajo la “verdad histórica” y trazó nuevas líneas de investigación. El segundo, con López Obrador, al ahondar en la participación del Ejército en los hechos.
En su primer informe, el GIEI concluyó que los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, pues era científicamente imposible. Y mostró que la “verdad histórica” fue un montaje armado por las autoridades.
Desde entonces, la colaboración del gobierno con el grupo de expertos disminuyó y se generó una campaña de desprestigio en su contra, que tuvo como objetivo a Paz y Buitrago; figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, realizaron comentarios para deslegitimar su labor. En los meses siguientes, en internet se filtró un audio de una llamada telefónica atribuida a Rosales en la que se refería peyorativamente a los padres y las madres de los normalistas.
Además, la PGR informó sobre la identificación del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuando el estudio genético de un hueso hallado supuestamente en el río San Juan no era determinante, lo que, según testimonios de exfuncionarios, fue reconocido en privado por la entonces procuradora Arely Gómez.
El gobierno de Peña Nieto se negó, en abril de 2016, a ampliar el mandato del GIEI, por lo que el grupo dejó el país al término de ese mes. Una semana antes, el día 24, presentó su segundo informe, en el que abordó las torturas infligidas por las autoridades federales a los detenidos para poder fabricar la “verdad histórica”.
En ese mismo informe, el grupo de expertos reveló que Zerón dirigió una diligencia irregular en el río San Juan, con peritos de la PGR y uno de los inculpados, Agustín García Reyes, el Cheje, un día antes de que se registrara oficialmente la llegada de las autoridades al lugar, donde sería encontrado un fragmento óseo identificado como del estudiante Alexander Mora Venancio, en un procedimiento no avalado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
También mostraron que en el ataque contra los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 participaron elementos de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que instalaron dos cercos para impedir que los jóvenes huyeran.
Una de las recomendaciones del GIEI fue sacar el caso de la SEIDO, por lo que pasó a la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, a cargo de Sara Irene Herrerías, quien se ha mantenido en el cargo, ahora como titular de la fiscalía especializada en la materia.
Hasta la fecha se han identificado los restos de tres normalistas. En diciembre de 2014 se informó que un fragmento de hueso enviado al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, pertenecía a Mora Venancio. En julio de 2020, la misma universidad identificó una pieza ósea de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Y casi un año después, en junio de 2021, se corroboró el hallazgo de una vértebra de Jhosivani Guerrero de la Cruz. En los dos últimos casos, los restos fueron localizados en la barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula.
Regreso y condiciones
La llegada de López Obrador a la presidencia de México permitió el regreso del GIEI. En marzo de 2019, la CIDH informó que se reintegrarían a las indagatorias cuatro de los cinco expertos.
Desde entonces, colaboraron tanto con la Covaj, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, como con la UEILCA de la FGR, cuyo titular era Omar Gómez Trejo.
El 28 de marzo de 2022, el grupo presentó su tercer informe, en el que mostró un video hasta ese entonces desconocido, captado por un dron de la Marina, en el que elementos de esa corporación llegan al basurero de Cocula antes del arribo de los agentes de la PGR y manipulan la escena. Los expertos aseguraron que el Ejército había infiltrado a los normalistas con un militar que se hizo pasar como estudiante, y que forma parte de los 43 desaparecidos.
En agosto y septiembre del año pasado, dos hechos derivaron en que Cox y Paz dejaran de colaborar con el gobierno de López Obrador.
Uno fue el informe que presentó Encinas el 18 de agosto, en el que concluyó: “No hay ningún indicio de vida [de los normalistas] y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, esa es una triste realidad. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
El segundo ocurrió el 13 de septiembre, poco antes del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes, cuando la FGR asestó un golpe contra la autonomía de la UEILCA. Sin consultarlo con Gómez Trejo, personal ajeno a esa unidad solicitó a un juez del Estado de México, con sede en Toluca, cancelar 21 órdenes de aprehensión de un total de 83 obtenidas un mes antes.
La medida favoreció a 16 militares acusados de delincuencia organizada y provocó que Gómez Trejo presentara su renuncia como fiscal especial del caso, quien fue sustituido por el abogado tabasqueño Rosendo Gómez Piedra.
En ese contexto, Paz y Cox decidieron concluir el pasado 31 de octubre su participación en el GIEI. Ese mes tuvo lugar la última reunión privada, hasta hoy, entre López Obrador y los familiares de los normalistas. En México permanecieron Buitrago y Beristain por un plazo de tres meses, que se prolongó hasta este mes de julio. Únicamente pusieron tres condiciones para continuar: que no se iniciaran investigaciones en contra de Gómez Trejo o de su equipo, reactivar las órdenes de aprehensión canceladas, y tener acceso total a la información del Ejército. Solo una de ellas, la última, no se cumplió.
La decisión de quedarse causó divisiones en el movimiento de derechos humanos: algunas personas opinaron que los cuatro debieron retirarse para mandar un claro mensaje de condena a los hechos de agosto y septiembre, pero Buitrago y Beristain decidieron permanecer porque consideraron que era la última oportunidad de enderezar el caso y de seguir investigando el paradero de los estudiantes.
“Nos sentimos bien [con ello], porque se encontraron muchas más cosas. Bien, porque se pudo apoyar a la gente que entraba a la fiscalía sin tener conocimiento de los casos. Bien porque estábamos en un momento definitivo donde se estaban judicializando los casos, había audiencias y, si tú llegas nuevo, pues tampoco tienes la posibilidad de conocer toda la información en más de 70 investigaciones y ocho juicios. Bien, porque demostramos que las órdenes de captura eran justas”, reflexiona Buitrago.
Menos crítica
En su balance, el investigador e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Jacobo Dayán considera que el GIEI fue menos crítico con el gobierno de López Obrador, en comparación con el de Peña Nieto.
“Lo que no se toleró entonces, en este gobierno se toleró más, supongo que es por la cercanía con Alejandro Encinas”, afirma.
Dayán asegura que tanto Buitrago como Beristain tenían una afinidad mayor con el gobierno actual, y particularmente con el subsecretario y titular de la Covaj.
“Hay, aparentemente, una confianza mucho mayor con Alejandro Encinas y por lo tanto una reticencia mayor a la crítica que lo que hicieron en el sexenio pasado”, indica. “Es evidente la división, o diferencia de visión, que llevó a unos a irse, y a otros a quedarse”.
Cercano a varios colectivos de víctimas, Dayán asegura que el regreso del GIEI a México invisibilizó la crisis de desapariciones en el país, pues el gobierno destinó casi todos sus recursos al caso Ayotzinapa y desatendió a otros grupos.
“De una manera muy perversa, el gobierno utilizó el caso Ayotzinapa para invisibilizar el resto de la tragedia [de personas desaparecidas]”, sostiene.
AMLO, factor de división
Durante el segundo mandato del GIEI, López Obrador actuó como un factor de división entre los familiares de las víctimas y los representantes de las organizaciones civiles.
De acuerdo con diferentes personas que asistieron a las reuniones privadas, el presidente insinuó a los familiares que las organizaciones defensoras de derechos humanos los utilizaban políticamente. En la mesa estaban miembros del Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
En el encuentro de octubre de 2022, el formato fue diferente. Antes se colocaba una mesa central con los participantes sentados alrededor. Pero esa última reunión se organizó como una conferencia, con el presidente y la plana mayor del gabinete de seguridad sentados en una tarima, y los familiares y sus representantes ubicados abajo, como público.
Otro desencuentro se dio después de la revelación de que Encinas fue espiado con el programa Pegasus. Algunas versiones señalan que López Obrador achacó al Centro Prodh la filtración, por lo que arremetió contra esa organización jesuita por tres días seguidos en su conferencia matutina, acusándola de estar vinculada “a la derecha” y al “conservadurismo”.
“La obligación del Estado es seguir buscando”
En el cuarto informe del GIEI, presentado el 29 de septiembre de 2022, los expertos cuestionaron la intromisión de la FGR en la investigación del caso. Aseguraron que algunos procesos judiciales fueron encargados a miembros de la SEIDO, a pesar de que no hicieron una buena investigación. También cuestionaron la falta de transparencia de la Sedena.
Pese a todo, Buitrago defiende la labor del GIEI, y afirma que su intención siempre ha sido robustecer las instituciones en México.
“Los papás para nosotros son la razón de ser. Hemos tenido siempre reuniones con ellos. Contándoles que podemos quedarnos, pero a qué nos quedamos. Guardábamos la esperanza de que se pudiera seguir avanzando muchísimo más y se pudiera por lo menos encontrar a más chicos o saber más”, precisa. “Nosotros podemos irnos, pero la obligación del Estado mexicano es seguir buscando”.
Como logros del GIEI insiste en que impidieron que se instalaran narrativas falsas y se promovió la búsqueda de los desaparecidos.
“Se encontraron a tres de los muchachos, se encontraron informaciones y se lograron romper núcleos de silencio muy fuertes. También se lograron núcleos de confianza muy importantes. El GIEI logró confianza donde ya no había confianza. La institucionalidad en México genera desconfianza, que es lo peor, por la tradición, por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha salido, por los métodos, por las persecuciones; ahí el GIEI jugó un papel importante”, sostiene.
En su quinto informe, presentado en marzo pasado, el GIEI aseguró que tenían documentos de la Sedena que mostraban una orden interna de no proporcionarles más información. También afirmaron contar con pruebas de que los archivos solicitados al Ejército fueron movidos de lugar desde mayo del año pasado, y les han sido negados.
El gran pendiente es localizar e identificar a los otros 40 normalistas desaparecidos. Mientras tanto, la CIDH deberá definir junto con las víctimas y el gobierno un mecanismo de seguimiento a las observaciones del GIEI.
En su último informe, el próximo 25 de julio, se presentarán más videos inéditos, según fuentes que tuvieron acceso al documento. Se espera que los expertos vuelvan a denunciar la falta de colaboración de las instituciones castrenses y apunten hacia una participación más activa de elementos de la Secretaría de Marina en la fabricación de la “verdad histórica”.
AUTOR: CÉSAR MARTÍNEZ.
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