“Se considera que la SB 1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanos exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante. Esta medida no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
La dependencia estableció que el Gobierno de México, a través del Consulado General de México en Miami y el Consulado de México en Orlando, considera que la criminalización no es el camino adecuado para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada.
Continuó asegurando que la existencia de mercados laborales transnacionales y la intensidad de lazos comerciales y turísticos entre México y Florida no pueden ser ignorados por mediadas “inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco“.
Esta ley afectará, aseguró el organismo, a la relación bilateral entre los países vecinos, pues asegura que tanto México como Estados Unidos se han esforzado en construir de manera conjunta “caminos de tolerancia, seguridad y respeto” de los cuales la SB 1718 los aleja.
“El Gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida. Se estarán reforzando nuestras acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, y continuaremos velando por los intereses de toda nuestra comunidad, indistintamente de su condición migratoria”, estableció la SRE.
Además, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, México registrará los posibles casos de violaciones de los derechos de mexicanos en Florida y se dará a las personas migrantes toda la información acerca de la nueva ley.
Este sábado entró en vigor la temida ley SB 1718 en miedo del miedo y las protestas. Tanto es así que organizaciones pro inmigrantes convocaron este sábado en Miami la Convención de Migración México, Centro y Sudamérica, cuyo objetivo es definir un plan de acción con estrategias y objetivos concretos contra la SB 1718 y las políticas del gobernador Ron DeSantis.
La nueva ley, que forma parte de un paquete de más de 200 aprobadas este año por el Congreso de Florida entre ellas también algunas otras de carácter ultraconservador, obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.
Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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