En la sesión del miércoles se fijó un tope de gasto de 34.3 millones de pesos para cada una de las personas inscritas tanto para encabezar la defensa de la Cuarta Transformación como para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
Los lineamientos fueron avalados en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y tienen como objetivo regular y fiscalizar los procesos políticos para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Dichos procesos, de acuerdo con un comunicado del INE, se definen como el “conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia encaminada a posicionar y/o definir liderazgos políticos, que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares”.
La fiscalización de los Procesos Políticos estará a cargo del INE a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). Los sujetos que serán fiscalizados son los partidos políticos, las personas inscritas en los procesos y, en su caso, las demás personas aportantes.
La fiscalización iniciará con el acuerdo o convocatoria para la celebración del proceso interno y concluirá con la publicación de los resultados o declaración final.
Los partidos deberán establecer los topes de gastos de los aspirante y en ningún caso serán superiores a 34 millones 370 mil 666 pesos por cada uno.
La UTF realizará monitoreos y visitas de verificación para identificar actos tales como eventos y recorridos, así como distribución o colocación de propaganda. Queda prohibido el uso de las prerrogativas de acceso a tiempos oficiales de radio y televisión.
En ningún momento los partidos podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión para difundir mensajes relativos a los procesos internos.
El INE podrá ordenar el retiro de propaganda electoral
Sobre la propaganda, los lineamientos precisan que los actos, eventos y actividades que realicen los partidos, organizaciones ciudadanas, personas inscritas y demás participantes en los procesos políticos no deben tener como objetivo el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.
En el acuerdo avalado por las consejeras y los consejeros se establece la facultad del Instituto para ordenar el retiro inmediato de toda propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes.
“Ni la Constitución, ni las leyes electorales prevén un periodo de algo así como pre-precampañas. Lo que el Tribunal Electoral nos ha ordenado en su reciente sentencia es, cito: emitir lineamientos que eviten que los actos que se realicen como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una precandidatura o candidatura, vulneren la equidad de la contienda, así como que garanticen la debida fiscalización de los recursos destinados para tal efecto”, explicó la consejera Claudia Zavala durante la sesión extraordinaria.
Lo que el Tribunal mandató al INE, detalló, “es normar una serie de actividades proselitistas en un periodo que simple y sencillamente no está contemplado ni en la Constitución, ni en la ley electoral”.
La consejera Dania Ravel aseveró a su vez que los Lineamientos dan muchas claridades, por ejemplo, en el cumplimiento que deberán acreditar los partidos políticos involucrados sobre la propaganda que se puede utilizar y la que no; la presentación de informes; la metodología, costos y resultados de encuestas o sondeos de opinión, así como un seguimiento a los recursos que se utilizan, los que deberán ser provenientes del financiamiento público ordinario.
En relación con las disposiciones para salvaguardar la imparcialidad y la equidad en la contienda, destacó que “no existe un fundamento legal que obligue a que las personas servidoras públicas se separen del cargo que ocupan para poder participar en estos procesos políticos, sobre todo porque la Sala Superior ha dicho, con todas sus letras, que es un proceso intrapartidista”.
De esta forma, aspirantes de la oposición como Santiago Creel o Xóchitl Gálvez no están obligados a pedir licencia como legisladores para participar en el proceso.
La Consejera Carla Humphrey enfatizó que los plazos de la fiscalización “son adecuados, no trastocan la normatividad electoral” y determinan las siguientes etapas: la presentación del informe de los ingresos y gastos correspondientes al desarrollo y organización de los Procesos Políticos será el 2 de octubre de 2023. Es decir, una vez que hayan concluido los procesos internos de los partidos políticos.
La notificación del oficio de errores y omisiones, luego de la revisión de informes, será el próximo 24 de octubre. La fecha límite para dar respuesta a estos oficios concluye el 3 de noviembre y, para que la Comisión de Fiscalización conozca el dictamen consolidado y el proyecto de resolución, será el 27 de noviembre, para ser aprobados el 5 de diciembre de este año. Finalmente serán conocidos y, en su caso, aprobados por el Consejo General el 15 de diciembre de 2023.
Siguen prohibidos los actos anticipados de campaña
En su resolución la Sala Superior del TEPJF no estableció un régimen de excepción a la normativa vigente en materia de precampañas y campañas, indicó el consejero Arturo Castillo.
Es decir, “los actos anticipados de precampaña y campaña siguen estando prohibidos, solamente reconoció que se trata de procesos propios de la autoorganización de los partidos políticos, que siguen sujetos a esta prohibición, así como otras conductas ilícitas que podrían afectar la equidad en la contienda”.
Con estos Lineamientos, dijo a su vez el Consejero Jaime Rivera, se ha buscado una solución normativa para “reencauzar acciones políticas que están a la vista de todos y que no están precisamente dentro de la ley”, y añadió que además se pretende evitar la continuación de daños a la equidad, a la ley y a la vida democrática nacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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