La descoordinación entre los tres niveles de gobierno deja en la indefensión a los miles de turistas y habitantes, así como restaurantes y hoteles que se encuentran en medio de una pugna criminal por el control de la zona. Nadie asume una responsabilidad plena por la situación de peligro que impera.
De acuerdo con testimonios recabados por Proceso, a los negocios de la avenida más importante de este destino turístico irrumpen personas que exigen fuertes cantidades de dinero. El empresario o gerente que no accede, días después es atacado frente a su negocio.
Los cobros son variados y ocurren en diversas fechas del mes en este corredor, donde se concentran más de 700 establecimientos comerciales enfocados exclusivamente a la actividad turística nacional e internacional.
Los ataques y extorsiones comenzaron a cometerse con la reactivación económica que estaba suspendida por la pandemia de covid-19. Sin embargo, la situación se recrudeció cuando el miércoles 14 y el jueves 15 de junio se perpetraron ataques armados.
En el primer atentado una persona murió mientras cenaba en un restaurante y otras dos más resultaron lesionadas. En un video que circuló en redes sociales se pudo apreciar que uno de los heridos fue un turista que pasaba por el lugar empujando un par de carriolas con niños en su interior. Una bala le entró y le salió por la cavidad bucal.
Al día siguiente por la mañana un sicario se presentó en la fachada del restaurante Las Camelias y baleó el establecimiento. No hubo heridos, pero los turistas que ya se encontraban en la zona a esa hora comenzaron a huir despavoridos.
Ante estos hechos, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya se pronunció por un alto a la violencia. Calificó como un “estado de indefensión” la situación que vive Playa del Carmen.
Presidente de la organización hotelera, Toni Chaves lamentó la situación e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para el reforzamiento de la seguridad del destino vacacional. “No es posible que estos hechos hayan dejado de ser situaciones aisladas para convertirse en una constante y en parte de la cotidianidad de un destino turístico”, dijo.
Al llamado del dirigente hotelero se sumó la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Playa del Carmen. Éste es uno de los sectores más afectados porque precisamente es en los restaurantes de la Quinta Avenida donde se han suscitado los ataques armados.
El municipio está gobernado por la alcaldesa panista, Lili Campos Miranda, quien llegó a la presidencia municipal con la promesa (que hizo hace dos años) de reforzar la seguridad pública y crear grupos especializados, en coordinación con otros niveles de gobierno, para el combate al “derecho de piso”, que es la extorsión a negocios.
Sin embargo, tras los ataques a la Quinta Avenida en la segunda semana de junio y los constantes hechos de este tipo prácticamente en toda la zona turística de Playa del Carmen, Campos ha optado por delimitar su ámbito de competencia y declaró que los delitos de delincuencia organizada le competen al gobierno federal.
La alcaldesa denunció que, además, los marinos que hasta hace unas semanas vigilaban este destino turístico fueron llevados a Cancún, donde Morena gobierna. “Se los llevaron y ya no los regresaron”.
De acuerdo con testimonios de quienes estuvieron en la Mesa de Seguridad luego de los ataques en la Quinta Avenida, existe otro riesgo: que el tema de seguridad pública en Playa del Carmen sea politizado porque el año entrante serán elecciones locales y esta ciudad, con gobierno panista, es junto con Isla Mujeres el único destino que Morena no gobierna.
Denuncian a “enemigos del destino”
El 26 de junio pasado Oscar Montes de Oca Rosales presentó su renuncia al cargo de fiscal general de Quintana Roo. Lo hizo no sin antes denunciar que la difusión de noticias sobre la violencia, como lo que ocurre en la Quinta Avenida, lo llevan a cabo personas “enemigas del destino”.
“Hay que ser cuidadoso con lo que comunicamos. Hay enemigos del destino que por desgracia (...) la potencializan. Hay gente que está inconforme siempre con las autoridades y el gobierno en turno y también potencializan esas noticias, con un afán de hacerle daño al estado y creo que Quintana Roo no lo merece”, dijo el exfiscal el 19 de junio pasado.
En la Quinta Avenida circulan a diario miles de turistas de diversas partes del mundo; y los medios internacionales tienen los ojos puestos en el lugar.
Montes de Oca Rosales, quien llegó al cargo gracias al exgobernador Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá, considera que los niveles de homicidios son bajos en comparación con lo que ocurre a nivel nacional. Pero la realidad es que dejó una entidad sumida en la violencia.
Quintana Roo se ubica en el lugar 14 de incidencia delictiva y primer lugar en el área peninsular, con 22 mil 886 presuntos delitos registrados en lo que va de 2023, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sobre el homicidio, delito de mayor impacto, en mayo de 2023 hubo un incremento de 16.9% con respecto al mismo mes de 2022. Esto ubicó a Quintana Roo como la cuarta entidad con mayor crecimiento porcentual de incidencia a nivel nacional sólo de este delito en el muestreo del mes de mayo, según los datos del Secretariado.
Sólo nueve denuncias se reportaron en mayo por extorsión: una en Cozumel y ocho en Cancún. Ninguno de Playa del Carmen, un crimen que las víctimas temen denunciar por temor a las represalias provenientes desde el interior de las mismas corporaciones policiacas, de acuerdo con lo que han revelado afectados.
Mientras tanto, en la Quinta Avenida e inmediaciones se han registrado otros casos: el 16 de junio fue atacado el bar Sergios; el 13, El Acuario; el 7, La Provenza; el 4, el Tequila Barrel, y el 3 de junio fue el restaurante La Birria de la 8.
Todos los ataques están relacionados con el cobro de “derecho de piso”, de acuerdo con fuentes consultadas. Además, durante la tarde del 17 de febrero un hombre fue acribillado dentro de un negocio, también en la Quinta Avenida, a metros de las sillas y mesas de un restaurante concurrido. En 2022 la zona tuvo similar suerte con el cobro de piso y agresiones.
Complicidades del crimen
Durante la mañana del 11 de febrero último cuatro fiscales de Tesorería de Solidaridad fueron encontrados sin vida y con huellas de tortura al interior de un vehículo oficial en la colonia Ejidal, de Playa del Carmen.
Entre sus tareas estaba también la vigilancia del cumplimiento recaudatorio en la zona turística.
Este hecho, que ha sido calificado como el peor ataque contra servidores públicos de un gobierno local, trajo inmediatamente reacciones entre diversos actores políticos.
Gabriel Mendicuti Loría, regidor de Solidaridad y exsecretario de Gobierno de Quintana Roo durante la administración estatal de Roberto Borge Angulo –hoy preso–, señaló la probabilidad de que los fiscales estuvieran involucrados en extorsión a negocios, como una de las causas de sus muertes.
Inmediatamente, Lili Campos pidió pruebas sobre sus dichos. A más de cuatro meses de los sucesos, dice que no han logrado desmentirlo.
“Una semana antes había denunciado extorsión de parte de los fiscales (…) días después matan a los fiscales, los mandaron al matadero. Era un caso de extorsión de esa área, así lo mencioné y mientras no me demuestren lo contrario, yo me mantengo en ese sentido”, sostiene Mendicuti Loría.
También lamentó el retiro de las fuerzas castrenses de Solidaridad; “todavía el mes pasado vimos a la Marina, vimos al Ejército, en esta ocasión no los vi”.
Si bien la Fiscalía de Quintana Roo ha dado a conocer la detención de probables responsables de varios delitos, Mendicuti denuncia que no logran la vinculación a proceso para llevarlos a una sentencia condenatoria.
“La mayoría de las veces detienen a las personas, pero las liberan. La semana pasada aprehendieron a siete personas con armas cortas y largas… Los siete ya están libres. Le di seguimiento puntual y eran gente que podrían estar vinculadas a los ataques a balazos de la Quinta Avenida y los liberaron en menos de 72 horas”, lamenta.
En 2018 Mendicuti fue detenido y encarcelado por delitos relacionados con la función pública. En 2019 fue absuelto. En 2021 ganó un lugar por la vía electoral para formar parte del ayuntamiento de Solidaridad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.
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