Las controversias constitucionales fueron presentadas ante la SCJN, el 2 de junio de 2023, por legisladores de oposición en la Cámara alta del Congreso de la Unión -entre ellos de los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC).
Las controversias constitucionales fueron admitidas por los ministros Alberto Gelacio Pérez Dayán, por las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley Minera, así como a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por las reformas a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y a la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Así como a Javier Laynez Potisek, la controversia constitucional por la reforma a la Ley General de Turismo; además de Juan Luis González Alcántara Carrancá, por las reformas a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
También a Yasmín Esquivel Mossa, por las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; además de Margarita Ríos-Farjat, por las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales; y, a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por las reformas a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Así como a Jorge Mario Pardo Rebolledo, por las reformas a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y a Loretta Ortiz Ahlf, por las reformas a la leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil; además de las reformas a las leyes General de Salud y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La primera controversia constitucional presentada por los senadores de oposición fue contra del decreto que reforma diversas leyes para darle a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control y operación de la aviación civil.
La segunda controversia constitucional presentada por el llamado “bloque de contención” del Senado fue en contra del decreto que le quita al Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) el 80 por ciento de los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los extranjeros al ingresar a México.
Según la reforma aprobada por los senadores de Morena y sus aliados, los recursos serán administrados por una empresa paraestatal de la SEDENA, a través de un fideicomiso público sin estructura, es decir, bajo un esquema de opacidad y sin rendición de cuentas.
El tercer decreto impugnado por los senadores de oposición fue el que propone asignar de manera indefinida y vitalicia la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes a las entidades paraestatales, lo que implica que la administración y operación del Tren Maya la tendrá la SEDENA.
Lo que según los integrantes del llamado “bloque de contención” del Senado, contraviene el Artículo 134 de la Constitución, que establece que en las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes serán a través de adjudicaciones o licitaciones, mediante convocatoria pública.
Mientras que el cuarto decreto impugnado fue la reforma que plantea el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y de las máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, a fin de frenar la producción y el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, que según los senadores de oposición, criminalizaba a todas las farmacéuticas, lo que encarecería el mercado y elevaría el desabasto.
El 7 de junio de 2023, el llamado “bloque de contención” en el Senado, presentó un segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad, como la referente a la reforma que desapareció al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a la modificación de la Ley Minera, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otras.
Mientras que para el 28 de junio de 2023, los legisladores de oposición presentaron un tercer paquete de controversias constitucionales, relativo a las últimas reformas aprobadas por los legisladores de la llamada “cuarta transformación”, relacionadas con la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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