En un pronunciamiento, activistas y víctimas también señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha proporcionado información a los sobrevivientes del incendio. “Necesitamos nuestros expedientes médicos, saber cuánto tiempo vamos a seguir bajo cuidado médico, qué va a pasar con nosotros”, exigieron.
Recordaron que, como consecuencia del incendio en la “cárcel migratoria” –en el que fallecieron 40 personas privadas de su libertad–, algunas víctimas pasaron más de un mes hospitalizadas, con quemaduras externas e internas, así como secuelas neurológicas.
A 100 días del incendio, la peor tragedia sucedida en un centro de detención administrado por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado a conocer avances sobre su investigación ni ha judicializado el caso para definir responsabilidades.
Después de lo sucedido, organizaciones de la sociedad civil exigieron la renuncia del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y el cese de la política de contención migratoria implementada en México. Aunque Garduño sigue en su cargo, los legisladores y el propio INM han lanzado una serie de diálogos para cambiar la Ley Nacional de Migración.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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