Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y como tal presidente de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, negó la moción a la defensora y periodista, que dirige el Centro de Información de la Mujer (CIMAC): “Se trata de un tema entre particulares que no tiene por qué ser tratado por la Junta”.
Lagunes Huerta reviró que, por el contrario, la información que les fue girada a los cuatro miembros que integran el Consejo Consultivo alertaba de que las prácticas de acoso sexual y hostigamiento laboral contra la planta laboral del Mecanismo impacta en la forma en que están siendo evaluados los riesgos a que se enfrentan las víctimas, defensoras o periodistas, y en la correcta formulación de planes de protección, considerando que hay unos mil 700 beneficiarios del Mecanismo, 60% de ellos defensores y el resto periodistas.
No era la primera vez que el Consejo Consultivo recibía una denuncia de servidores públicos y exempleados por anomalías ocurridas durante la administración de Irazoque y de sus operadores en el Mecanismo, pero sí la primera con nombre y apellido con autorización para ser tratada en una sesión de la Junta de Gobierno.
Acoso de superiores
El caso del que hablaba la defensora es el de Lucero Muñoz García, abogada con más de una década en el servicio público laborando en la Policía Federal, y que concursó para integrarse a la Dirección General de Política Pública y Derechos Humanos. Ella fue comisionada, a partir del 16 de enero de 2022, a la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo, donde además de realizar análisis de riesgo de defensores y periodistas, cuyos casos serían expuestos en las Juntas de Gobierno que se realizan cada mes, también daba “atención y contención de emergencias” en casos de asesinatos de miembros de esos gremios, otorgando medidas de seguridad a deudos.
El 10 de julio Muñoz García ingresó al Órgano Interno de Control de la Segob una queja, de la que Proceso tiene copia, por “hostigamiento, acoso laboral, sexual, discriminación y lo que resulte”, en contra de Cristian Alfonso de la Rosa López, coordinador de la Unidad de Evaluación de Riesgos; Erick Javier Martín Salas, director general para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Dánae Fabiola Salazar Gutiérrez, directora de Recepción de Casos y Atención de Acuerdos; y Ricardo Luviano Chino, subdirector del área de Análisis de Riesgo.
Este medio solicitó entrevista con Enrique Irazoque para abordar los hechos denunciados por la abogada, también presentados ante el Comité de Ética de Segob, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No hubo respuesta a la petición.
En el documento, la funcionaria detalla que desde que llegó detectó actitudes de “misoginia, machismo y abuso de poder” por parte de los servidores públicos denunciados, a quienes Irazoque les confirió la operación del Mecanismo.
Entre los hechos descritos resalta haber sido enviada a zonas peligrosas del país “sola, sin seguridad, monitoreo ni oficio de comisión”; en vehículos averiados, sin mantenimiento; sin viáticos para viajar, por lo que le adeudaban más de 10 mil pesos; además, el personal es obligado a trabajar en las oficinas de la Segob en altas horas de la madrugada, bajo la amenaza de ser despedido, de levantarle actas administrativas o no renovarle el contrato trimestral si trabaja por honorarios.
Refiere que en un viaje de trabajo a Coloradas de la Virgen, Chihuahua, encabezado por Irazoque y sus operadores, en el que fueron incluidos Muñoz y otro analista, se gestionó la protección con la Guardia Nacional, de la fiscalía y policía estatales, lo que evidencia el “enfoque diferenciado y de vulnerabilidad a todas la personas del mecanismo de protección que salimos a laborar a estados de riesgo”.
En ese viaje de tres días fue acosada sexualmente por Cristian de la Rosa, describiendo cómo fue incomodada por las miradas lascivas del funcionario, por comentarios inapropiados, tocamientos e indicaciones de que acudiera a su habitación para que “no pasáramos frío” y le quitara “la cara de enojada”.
En mayo de este año, luego de realizar de manera intensiva seis análisis de riesgo que le implicaron viajes a Sonora y Sinaloa, como su superior jerárquico, De la Rosa ordenó a Lucero “cerrar el caso de un periodista de Los Mochis y no otorgar una cámara de seguridad a otro periodista de Guamúchil”, a lo que la funcionaria replicó que no era posible “por los riesgos y labor” de los beneficiarios.
Ante las explicaciones que le hizo Lucero, De la Rosa le indicó que era una orden de Enrique Irazoque cuidar el presupuesto. La misma actitud mantuvo el funcionario un mes después, ignorando “los puntos básicos de seguridad y vulnerabilidad de las personas beneficiarias, limitando todo a que no hay presupuesto”.
Menciona abusos reiterados y acoso laboral a personal del área de seguimiento, análisis de riesgo e incorporación de casos, y más aún hacia unas 30 personas que ingresaron en noviembre del año pasado, contratadas por honorarios, quienes reciben “amenazas de no renovar su contrato o pedir su renuncia de manera arbitraria e intimidatoria”.
Abogada de profesión, con maestría y en vías de obtener el grado de doctora en derecho, el 7 de julio Lucero se sintió “violentada, amedrentada, acosada y discriminada” cuando De la Rosa le ordenó firmar su renuncia, a lo que se negó, para después ser humillada cuando prácticamente le fue arrebatado su equipo de trabajo y se llamó a policía de protección federal para sacarla de las oficinas del Mecanismo.
Quejas y denuncias
Conocedora de sus derechos y de los procedimientos administrativos, el 10 de julio Lucero Muñoz interpuso recursos de queja en diversas instancias, siendo Conapred la primera en responder y emitir medidas cautelares a su favor: ordenó regresarla a su puesto original y prohibir a De la Rosa acercarse a ella, en tanto que el Comité de Ética de Segob tratará el asunto en su V Sesión, sin fecha aún, y la FGR le notificó que se integraría una carpeta de investigación.
Proceso tuvo acceso a más denuncias presentadas ante el OIC de Segob y directamente a la Secretaría de la Función Pública desde octubre de 2022, así como a testimonios de trabajadores del Mecanismo que solicitaron mantener su identidad en anonimato ante el clima hostil que prevalece en la Unidad de Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a cargo de Alejandro Encinas.
En todos los casos consultados hay coincidencias con la denuncia presentada por Lucero, al señalar el trato despótico, así como casos de nepotismo, discriminación al personal de estructura y hostigamiento constante. Incluso denunciaron que en octubre del año pasado un grupo fue retenido por comuneros afectados por el abandono del Mecanismo sin que las autoridades federales los rescataran y, aunque se ha informado de la situación al subsecretario Encinas, no se han tomado medidas para revertir la situación.
En una queja se acusa que “se han realizado acciones en contra de personas incorporadas al Mecanismo, retirando medidas de protección, aun cuando el análisis de riesgo determine la continuidad de las medidas, se da la instrucción a las personas encargadas de hacer el análisis, con el fin de que en sus entrevistas análisis pueda ‘cuadrar’ un resultado no favorable para brindar la seguridad de esas personas”.
Se alerta que “tal parece que lo único que importa es reducir los gastos de los recursos que se tienen destinados para establecer las medidas de protección a los usuarios, lo anterior por órdenes del Coordinador Ejecutivo Nacional, Enrique Irazoque Palazuelos”.
Riesgoso retiro de protección
En la sesión de la Junta de Gobierno de junio pasado, Proceso documentó el retiro de medidas de protección a la defensora de San Luis Río Colorado, Sonora, Martha Solórzano, quien ha sido amenazada y torturada por policías municipales y de Seguridad Pública. La defensora fue refugiada durante más de un mes por organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México, hasta que consiguió un amparo del Poder Judicial Federal para que se le reintegraran las medidas de protección y poder retornar a su ciudad.
Otro de los casos de retiro de medidas, pese a estar en un alto nivel de riesgo, es el de Gloria Ruiz García, periodista independiente de Ciudad Acuña, Coahuila, quien dirige el portal 4pnoticias.com y es integrante del proyecto Border Hub Center, una plataforma de periodismo de investigación fronterizo.
Incorporada en el Mecanismo desde 2016, cuando empezó a recibir amenazas y ha sido víctima de persecuciones, Ruiz García contaba con elementos de seguridad pública federal y cámaras de seguridad en su vivienda. En la sesión del 27 de julio pasado de la Junta de Gobierno se decidió retirarle las medidas de protección, a pesar de que en febrero de este año “alrededor de 30 elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR)” agredieron a sus escoltas, “exigiéndoles que dijeran a quién estaban cuidando”, situación que es de sobra conocida en su colonia.
Lo que para Ruiz García fue un acto de amedrentamiento, por su trabajo, para el coordinador de la Unidad de Evaluación de Riesgo fue una “confusión” y, en todo caso, el ataque iba dirigido a sus escoltas, no a ella, a quien los funcionarios del Mecanismo la “diagnosticaron”, dice ella misma, “como una persona con afectación emocional, que tengo delirio de persecución, que emocionalmente estoy confundida”, cuenta la periodista en una relatoría de hechos para Proceso.
“Te dicen: ‘Quítale el riesgo a tal o cual beneficiaria, y cuando argumentas que no es posible porque el contexto indica que está en riesgo, te contestan ‘son órdenes de Encinas”, narra un exanalista al que no le renovaron su contrato por honorarios al oponerse a modificar los planes de protección por órdenes de sus superiores.
Otro analista cuenta que en el caso de María Elena Ríos, saxofonista que fue agredida con ácido, se le dio la indicación de parte del subsecretario de no darle escoltas “porque no era defensora”, contrario a lo que argumentaba el análisis de riesgo de que “sí era un caso emblemático de violencia de género; eso da cuenta del nulo conocimiento en materia de derechos humanos de las actuales autoridades”.
Sin embargo, por órdenes del mismo Encinas, dicen los exanalistas entrevistados, se incorporó al Mecanismo como si fuera defensor o periodista a Félix Santana, secretario ejecutivo de las comisiones especiales para el caso Ayotzinapa y para la “guerra sucia”, a quien se le asignaron escoltas de seguridad federal pese a que el reglamento prohíbe que funcionarios públicos cuenten con ese servicio.
A ello se añade que tanto Irazoque como Dánae Salazar, su mano derecha, cuentan con choferes, que los trasladan todos los días de sus domicilios a las instalaciones oficiales, y de regreso a sus casas, práctica que se supone erradicada por la “austeridad republicana”.
Otro especialista de Segob compartió que de la misma manera se asignaron guardias de seguridad a autodefensas de Michoacán, pese que portan armas.
Esta estrategia de cerrar casos o retirar medidas de seguridad a defensores y periodistas se cierra con el respaldo a la determinación de la CEN que encabeza Irazoque, y de representantes de las instituciones federales que forman parte de la Junta de Gobierno (las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Relaciones Exteriores, la FGR), equipo al que se ha sumado la representación de la CNDH.
“En los casos en que están interesados en quitar escoltas o refugios, Irazoque manda mensajes de WhatsApp a los representantes las dependencias y de la CNDH para que voten como viene el análisis de riesgo amañado, y ante el mayoriteo, los consejeros ciudadanos no pueden hacer nada, aun cuando protestan”, cuenta otro analista.
Lucía Lagunes Huerta resalta que “el Consejo Consultivo está preocupado porque las autoridades que forman parte de la Junta de Gobierno han abandonado su deber de protección, hay una tendencia al ‘disciplinamiento’, por decirlo de alguna manera, o a cerrar filas con la Coordinación Ejecutiva Nacional dejando de intervenir en las sesiones de la Junta de Gobierno, en las mesas de trabajo, sin analizar, sin opinar, sin hablar incluso frente a los casos”.
En entrevista, la defensora y periodista resalta que en la actual administración ha sido evidente la tendencia de “cerrar casos, de tener menos personas acogidas en el Mecanismo o bajar algunas medidas, lo cual es preocupante porque no siempre hay una justificación real”, menos aún cuando “el propio subsecretario Encinas, en discursos públicos, ha reconocido la crisis de violencia e inseguridad que amenaza a los defensores y periodistas”.
Sobre las denuncias presentadas por trabajadores y extrabajadores sobre el maltrato y las deficientes condiciones laborales, así como las presiones a analistas para modificar planes de protección, Lagunes Huerta confía que ella ha conocido al menos cuatro quejas presentadas ante el OIC de la Segob, que coinciden con lo denunciado por Lucero Muñoz.
“En mayo, como Consejo, llevamos a la mesa de la Junta de Gobierno estos casos, en los que se nos pidió guardar el anonimato; en julio, Irazonque nos dijo que había solicitado la intervención de la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) para que dieran cursos al personal sobre equidad de género, cosa que en su momento celebramos por la pronta respuesta, aunque sigue pendiente que nos digan en qué términos son las capacitaciones, y un mes después nos hacen llegar la denuncia de Lucero”, dice Lagunes.
Al lamentar que durante lo que va el actual gobierno Alejandro Encinas sólo se ha presentado en dos ocasiones en la Junta de Gobierno del Mecanismo, mientras que nunca se han presentado representantes del Congreso de la Unión ni del Consejo de la Judicatura, quienes “dejan sus sillas vacías”, Lagunes considera preocupante que prevalezcan casos como el de Lucero, en una dependencia destinada para velar por los derechos humanos.
Sostiene que resulta preocupante para el Consejo Consultivo que prevalezcan denuncias como la de Lucero Muñoz, que “corrobora otras situaciones o constata que algo está pasando internamente, que hay que tomar medidas para que no se repitan, para que las personas que trabajan en el Mecanismo puedan trabajar en libertad y cumpliendo su deber, que es pensar en cómo proteger a las personas beneficiarias y cuáles son los mejores planes de protección”, concluye la activista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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