Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, concentran el 8 por ciento de las desapariciones ocurridas en la administración de López Obrador, mientras que en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México se ha disparado el delito. En 76 de cada cien municipios del país una o más personas están siendo buscadas
A un año de finalizar la administración lopezobradorista, se ha superado en casi 10,000 personas el número de desapariciones registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y se han duplicado los casos ocurridos durante el mandato del panista Felipe Calderón.
“La justicia y la verdad, que tanto hemos estado buscando, la vemos cada día más lejana. A este gobierno [de López Obrador] no le importamos nunca. No nada más aumentó la desaparición de personas, sino que siguen aumentando los cuerpos sin identificar en una impunidad absoluta, como lo dijo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas”, lamenta Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en 2011.
En el mapa de la tragedia han surgido nuevos epicentros, lugares en los que antes se registraban pocas desapariciones y ahora cuentan con centenares de víctimas que son buscadas por sus familiares, como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que concentran el 8 por ciento de los casos ocurridos desde el 1 de diciembre de 2018.
Hechos como la desaparición de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández el 11 de agosto en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, a unos 200 kilómetros de Guadalajara, han generado indignación social en el estado gobernado por Enrique Alfaro, y ocupado los principales titulares en todo el país. Los jóvenes continúan sin ser localizados y todavía no hay detenidos.
Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México también destacan entre los lugares que acumulan más casos sin resolver en este sexenio. En la capital del país, durante más de una década, de 2006 a 2018, se reportaban en promedio 74 desapariciones cada año. Durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la entidad, los casos se dispararon a un promedio anual de 926 entre 2019 y mayo de 2023.
“Estoy muy sorprendida de lo atrás que está la Ciudad de México en cuanto a narrativas, técnicas, hasta métodos de trabajo [para la búsqueda de personas desaparecidas]. Parece que [las autoridades] se taparon los oídos los últimos años”, afirma Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM).
En Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las desapariciones permanecen enquistadas desde que Calderón encargó a las Fuerzas Armadas el combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada a finales de 2006. Según el registro oficial, en el sexenio lopezobradorista estos municipios figuran entre los diez que reportan más casos de desaparición en el país.
Pocos son los lugares no afectados por este delito en México: en 76 de cada 100 municipios al menos una persona está siendo buscada.
Los datos de este reportaje provienen de una extracción masiva del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hecha por la iniciativa MORLAN, dedicada al análisis y visualización de datos. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que administra el registro oficial, publicó el pasado 23 de agosto, tras la renuncia de su titular Karla Quintana, una base de datos del RNPDNO que está incompleta: no incluye cifras de personas localizadas y se eliminó toda la información de 37,459 personas desaparecidas cuyas familias, según la misma comisión, pidieron que “no se hiciera pública”.
Tasas crecientes
A dónde van los desaparecidos elaboró una lista de municipios con menos de 100,000 habitantes que reportaron 50 o más desapariciones desde el inicio del sexenio lopezobradorista para estimar la tasa de desapariciones activas, es decir, las personas que continúan sin ser localizadas. Las tasas permiten mostrar un problema que muchas veces queda invisibilizado: en municipios escasamente poblados también ocurre esta tragedia y puede, incluso, generar impactos más graves.
A la cabeza de la lista está Coeneo, Michoacán, un municipio vecino de Morelia que apenas sobrepasa los 20,000 habitantes y registró 80 desapariciones. La tasa de personas desaparecidas es de 381.6 casos por cada 100,000 habitantes. En 2020 fue noticia nacional porque en la fosa de una construcción en obra negra se localizaron 24 cuerpos.
Encarnación de Díaz, en Jalisco, ubicado entre Lagos de Moreno y Aguascalientes, ocupa el segundo lugar con 227.2 desapariciones por cada 100,000 habitantes. En ese municipio habitan 53,039 personas y contabilizó 147 desapariciones; en el registro histórico también destaca porque el 93.3 por ciento de los casos reportados continúan sin ser localizados. El 27 y el 28 de julio pasados desaparecieron en el lugar cuatro mujeres menores de 30 años, las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo Zermeño, y Beatriz Hernández Martínez, pareja de Adriana. No se ha sabido más de ellas.
En tercera posición está Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, donde han desaparecido 84 personas desde el 1 de diciembre de 2018, en una población de 34,709 habitantes. La tasa es de 242 desapariciones por cada 100,000 habitantes. En 2021, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) denunció en un comunicado que habían recibido “una cantidad alarmante de reportes de personas desaparecidas”, fechados entre junio y agosto de ese año.
“Empezamos a recibir el llamado de auxilio de familias de mujeres desaparecidas en Sabinas Hidalgo, así como también [sobre] la desaparición masiva de personas que transitan por la carretera Monterrey-Laredo; precisamente, Sabinas queda en medio. Nos llamó la atención y nos horrorizó que esta práctica se estaba dando a ojos de todos”, cuenta Leticia Hidalgo, que también es integrante de Fundenl.
Seis municipios zacatecanos: Valparaíso, Villa de Cos, Río Grande, Jerez, Calera y Ojocaliente, reportan tasas superiores a 150 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes. En cinco años se han reportado 547 casos que siguen sin resolverse. En 2022, Quinto Elemento Lab identificó que en algunos de estos lugares las desapariciones se multiplicaron más de un 200 por ciento en 2021 respecto al año anterior.
Otros 29 municipios de once estados del país enfrentan la misma situación: aunque sus poblaciones son relativamente pequeñas, de decenas de sus habitantes no se ha sabido más.
La marca de género
Los datos muestran que desde 2006, en promedio, por cada mujer que sigue desaparecida hay 3.3 hombres. El año con la brecha más amplia fue 2010: por cada 5.3 hombres víctimas se registró una mujer.
En la actual administración federal, en 24 municipios de once estados la desaparición de hombres se ha reportado 20 o más veces que la de mujeres. El caso más extremo es El Fuerte, en Sinaloa, donde han desaparecido 158 hombres y únicamente dos mujeres. Sucede a la inversa en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, en la que se registra la desaparición de 22 mujeres y 19 hombres.
El Fuerte es también uno de los municipios con mayor porcentaje de personas localizadas sin vida desde 2006, con 29 de 124 reportes, que representan el 16.5 por ciento. En primer lugar está Angostura, también en Sinaloa, donde se ha localizado sin vida a 51 personas de 310 casos, es decir, el 23.4 por ciento.
También la geografía de esta tragedia ha cambiado progresivamente. En la presidencia de Calderón la desaparición, tanto de hombres como de mujeres, se acentuó en el noreste del país, en municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León, y Torreón, Coahuila.
En el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, los municipios de Hermosillo, Sonora, y Puebla, Puebla, se ubicaron entre los cinco con mayor incidencia del delito entre las mujeres. En el ranking masculino se incrementaron significativamente las desapariciones en dos municipios colindantes, Guadalajara y Zapopan. Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se mantuvieron en ambos conteos.
Bajo la administración de López Obrador, los nuevos epicentros de la desaparición incluyen un mayor número de víctimas mujeres: las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, Guadalajara y Zapopan, y Monterrey, acumulan el 10 por ciento de los casos. Para los hombres, el AMG, con los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, encabeza la lista. Detrás quedan dos municipios de Sinaloa: Culiacán y Mazatlán.
“Ha ido aumentando la presencia de mujeres para el reclutamiento forzado en ciertas actividades, sobre todo de siembra de cultivos de la droga, [y] en la [manufactura] de droga sintética”, considera Jonathan Ávila, investigador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), con sede en la capital jalisciense.
Desapariciones múltiples
A dónde van los desaparecidos también identificó once posibles desapariciones múltiples desde el 1 de diciembre de 2018, hechos en los que diez o más personas fueron sustraídas en el mismo municipio.
Algunos de estos casos han salido a la luz pública, como la desaparición de 22 migrantes el 7 de marzo de 2019 en la carretera de Tampico a Reynosa. A la altura de la localidad de Palo Blanco, municipio de Cruillas, sujetos armados interceptaron la unidad y obligaron a las víctimas a bajarse. “La hipótesis más sólida es que las desapariciones están ligadas a las redes de tráfico de personas”, afirmó sobre este hecho el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En el RNPDNO son 31 las víctimas de ese día registradas en Reynosa.
Otro suceso ocurrió el 26 de julio de 2021 en Pantelhó, Chiapas. Ahí desaparecieron a 16 personas, de acuerdo con los datos oficiales. El hecho podría corresponder a la desaparición de 21 personas en medio de una revuelta, de acuerdo con Animal Político: “[…] más de 2,000 pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó”. Desde entonces no se ha sabido de su paradero.
El RNPDNO reporta 55 desapariciones en el municipio de Sabinas, Coahuila, el 13 de agosto de 2022. En Zacatecas, la capital, 28 personas desaparecieron el 26 de febrero de 2021. A dónde van los desaparecidos no encontró evidencia pública de estos casos; es posible que estas desapariciones no tuvieran relación entre ellas o, incluso, que haya habido un error en la captura de los datos.
Otras posibles desapariciones múltiples, de diez o más personas en el mismo municipio y en el mismo día, fueron reportadas en Tepic, Nayarit; Centro, Tabasco; El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, en el AMG; la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios tamaulipecos de Mier y Nuevo Laredo.
Misma política de seguridad, mismos resultados
Para Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, el incremento de las desapariciones en el país está relacionada con la falta de políticas públicas basadas en evidencia, evaluables e integrales, así como con la nula profesionalización de las policías, que en ambos casos son responsabilidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado en 1994.
La falta de estas políticas, según el experto, ha generado, por un lado, el debilitamiento de las policías que, a su vez, tiene como consecuencia que no se investigue a las élites políticas, empresariales, institucionales y criminales. Por otro lado, ha resultado en el éxito de un modelo basado en la fuerza sobre la inteligencia, representado por los militares.
“Las Fuerzas Armadas no tienen inteligencia policial. Tienen modelos de inteligencia para la seguridad nacional que están completamente fuera del escrutinio público y que no sabemos cómo funcionan y no tienen esas capacidades de investigación que pondrían a temblar a las élites”, dice López Portillo.
En materia de desaparición implica que se desconoce si existe una política federal para reducir el delito, pero es evidente que hay una “descomunal impunidad que está relacionada con poderes no identificados por las fiscalías porque no son perseguidos, que están utilizando a una cantidad –que no sabemos– de gente [que es desaparecida] para fines de múltiples actividades delictivas”, lamenta el experto.
En Jalisco, por ejemplo, el aumento de las desapariciones, principalmente en el AMG, podría deberse a la disputa territorial por la venta de droga. Pero la explicación es mucho más compleja.
“Tomando muchísima conciencia de la no revictimización, en Guadalajara, sobre todo en las zonas periféricas, [las personas] no tienen otra salida que involucrarse en este tipo de actividades [del crimen organizado]. Hay algo de contexto social más amplio donde la violencia de estos grupos ya ha penetrado [en la comunidad]”, dice Ávila, del Cepad.
Además, agrega, se ha documentado también la participación de policías municipales en las desapariciones, es decir, serían desapariciones forzadas. Esto ha ocurrido en los municipios con más casos, incluso en comparación con todas las demarcaciones a nivel nacional: Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.
Una de las principales recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité CED), después de visitar México en noviembre de 2021 y reunirse con cientos de víctimas y autoridades, fue implementar una estrategia para detener las desapariciones. La respuesta institucional llegó en 2023, tras cuatro años de retraso: la CNB publicó el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que planea implementar en nueve años con grupos técnicos de trabajo que todavía no existen.
Mientras tanto, las desapariciones no se detienen. La promesa de López Obrador de que habría recursos ilimitados para atender esta tragedia no ha sido suficiente.
AUTOR: REDACCIÓN/EFRAÍN TZUC.
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