Reporte firmado por la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI.
Por ley, toda la información generada o recopilada por el gobierno de México es pública. Únicamente en casos verdaderamente excepcionales las autoridades pueden reservar la información a los ciudadanos por razones como la seguridad nacional. Y aún en estos casos, la reserva de datos es temporal. Sin embargo, siempre ha habido una tensión entre nuestro derecho constitucional al acceso a la información y las acciones de las autoridades para resistirse al escrutinio público.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador inició con la promesa de abrir toda la información y ha repetido una y otra vez que el suyo es “el gobierno más transparente de la historia”. No ha sido el caso, según el reporte publicado. En la recta final de su administración, tenemos elementos para evaluarlo y llegar a la conclusión contraria: este gobierno no ha cumplido con los estándares mínimos de transparencia y datos abiertos; lo que se constata es un retroceso: hoy lo que tenemos es menos información y menos datos. Tenemos mayor opacidad y menores instrumentos para vigilar el ejercicio del poder público.
Para muestra, un botón: de las 12,570 bases de datos con información del gobierno que están disponibles en la plataforma de datos.gob.mx, actualmente el 71% se encuentran abandonadas, sin ninguna actualización al menos en los últimos 24 meses. En lugar de la existencia de otros datos, la apuesta pública parece tener cada vez menos datos.
La política de este gobierno ha sido reservar y negar cada vez más información, a la vez que ataca y desactivar a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia. La Administración Pública Federal ha avanzado en sentido contrario al cumplimiento mínimo de sus obligaciones de transparencia. Al revisar la información que las dependencias publican en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el portal en el cual cada institución debe poner a disposición un catálogo mínimo de datos específicos, se encontró que el número total de reportes presentados por las instituciones ha disminuido 36% entre 2018 y 2022. Cada vez hay menos datos y menos cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Para este reporte se analizaron todas las bases de datos del sitio de datos.gob.mx; se recopiló la información publicada por los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y, se revisaron las plataformas individuales de 301 instituciones de la Administración Pública Federal (APF). Con esta información, desarrollamos una metodología que evalúa la cantidad y calidad de los datos de las dependencias de la APF a través de ocho componentes diferentes, a partir de los cuales se asigna a las dependencias una calificación general de 0 a 100 puntos. El puntaje promedio de todas las instituciones fue de 29.75 puntos.
De acuerdo con la “Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública” del gobierno de López Obrador, publicado hasta el tercer año de gobierno con muchos problemas y cuyo análisis a profundidad es realizado en este reporte, se dividió a las instituciones de la APF en cuatro grupos. El grupo 1 engloba a las instituciones encargadas de los proyectos prioritarios y con mayor presupuesto; el grupo 2 incluye a instituciones con presupuestos menores a 5 mil millones de pesos, el grupo 3 a las que tienen un presupuesto menor a 3 mil millones y el grupo 4 al resto de instituciones. Ninguno de los grupos tuvo una calificación aprobatoria.
Más aún, la mayoría de las dependencias avanzan en sentido contrario con sus obligaciones de transparencia, en tanto que producen cada vez menos datos. Al mismo tiempo, identificamos que hay una creciente demanda ciudadana por información gubernamental mediante solicitudes de acceso y recursos de revisión promovidos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La investigación revela el contraste entre una ciudadanía que exige cada vez mayor información y un gobierno que se resiste cada vez más a darla a conocer.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por menoscabar y paralizar por distintas vías a las instituciones y mecanismos de transparencia construidos a partir de 2002. El presupuesto del INAI ha disminuido 24% en términos reales de 2018 a 2023, al mismo tiempo que se ha intentado mermar su reputación y, sobre todo, se ha impedido su funcionamiento cabal al obstaculizar el nombramiento de los comisionados necesarios para que el Pleno pueda cumplir con sus obligaciones. Sin los instrumentos que obliguen a que la administración entregue la información que los ciudadanos demandan, nuestro derecho a la información ha quedado paralizado y estamos en un impasse que, en palabras del Secretario de Gobernación, es un “mundo ideal”. Ideal sí, para el gobierno; no para los ciudadanos.
En las conclusiones del reporte “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública” se presentan propuestas de cambio con el objetivo de mitigar los efectos de la falta de resultados en materia de transparencia. En colaboración con la Política Nacional de Datos Abiertos que elaboró el INAI, estas recomendaciones pueden contribuir a fortalecer el derecho al acceso a la información, así como a crear los incentivos correctos para que las dependencias gubernamentales generen espacios sociales e institucionales donde la transparencia sea un principio fundamental de las relaciones entre ciudadanía y gobierno. Igualmente, se pone a disposición de los ciudadanos y las autoridades la evaluación de cada institución a través de una ficha individual que desglosa el puntaje y los detalles de cada base de datos. Esperamos que los hallazgos y propuestas de esta investigación se conviertan en un instrumento que nos permita exigir más y mejor información, en la esperanza de que la opacidad no se convierta en la regla del gobierno.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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