Una jueza federal consideró que no existe riesgo de fuga y le ordenó entregar su pasaporte, además, debe firmar cada quince días en el libro de procesados y tiene prohibido acercarse a las víctimas o testigos del caso Ayotzinapa.
Rafael Hernández Nieto era comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014.
El general está procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada relacionados con la desaparición de los 43 normalistas Ayotzinapa.
Su detención se suma a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes se encuentra en una cárcel militar acusados del mismo delito.
Organizaciones califican la liberación del general ligado al caso Ayotzinapa como “inusual”
Organizaciones como Tlachinollan, Fundar, SeraPaz y Centro Prodh, que acompañan a las familias de los 43 normalistas, señalaron que es “inusual” el cambio de medida cautelar.
“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”, señalaron en un comunicado conjunto.
Indicaron que, “de forma extremadamente inusual” la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga; “celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”.
Las organizaciones también recordaron que en agosto de 2022, Hernández Nieto fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal.
“Esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, aseguraron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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