La ola de ataques dirigidos a la infraestructura de telecomunicaciones demuestra el deseo de los criminales de controlar no sólo las rutas de trasiego de estupefacientes, también las comunicaciones en amplias regiones del país donde tienen presencia.
En un país que lucha por la seguridad y la paz, estos grupos criminales han encontrado en la tecnología una herramienta más para ejercer su poder territorial.
Torres de telecomunicaciones, antenas, cámaras de videovigilancia y el espectro radioeléctrico han sido blanco de ataques calculados, debilitando aún más la frágil red de seguridad pública.
Uno de los ataques más comunes para revender es el robo y vandalismo de cables de cobre, utilizados para transportar la electricidad, las llamadas de voz y los datos de Internet de las redes fijas. Esta interrupción ilícita provoca apagones de luz, daños a la comunicación, al acceso a Internet y deterioro de los cableados.
Otro ataque es la destrucción o derribo de postes y torres telecom, gravísimo porque deja a comunidades enteras sin servicio de telefonía e Internet.
La criminalidad no sólo afecta estas infraestructuras y vías de comunicación, también impide con sus amenazas y clima de intimidación en las comunidades, la instalación de infraestructura de telecomunicación como torres y antenas por parte de los contratistas.
Estos ataques a la infraestructura telecom no sólo implican daños físicos a las torres, cableados y cámaras, también incluyen robos de equipos, sabotaje a las redes e instalación de sus propios enlaces de comunicación.
Mediante estos ataques, las bandas criminales buscan establecer su propio control y dominio sobre las áreas donde tienen mayor presencia. La destrucción de la infraestructura telecom es una estrategia más para lograrlo. El apagón de las comunicaciones dificulta la respuesta de las autoridades, aumenta la impunidad y el poder de las organizaciones criminales cuando ocurren operativos para combatir o capturar a capos.
La ola de ataques dirigidos a la infraestructura de telecomunicaciones demuestra el deseo de los criminales de controlar no sólo las rutas de trasiego de estupefacientes, también las comunicaciones en amplias regiones del país donde tienen presencia.
Torres que proporcionan cobertura celular, antenas de transmisión, sistemas de videovigilancia e infraestructura de Centros de Comando y Control estatales han sido sistemáticamente atacados y vulnerados por los maleantes.
Estos sabotajes interrumpen las comunicaciones de emergencia, las redes de telefonía móvil y generan un ambiente de inseguridad al desactivar sistemas de vigilancia que son vitales para el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana.
Un aspecto por demás preocupante es el uso ilegal de frecuencias del espectro radioeléctrico. No se comenta, pero los cárteles interfieren frecuencias para establecer sus propias redes de comunicación privada en áreas rurales. Incluso superponen las llamadas “antenas parásito” en las propias torres de las empresas para establecer narco enlaces. Esto les permite coordinar operaciones y compartir información de manera clandestina y encriptada, evitando ser interceptados por las autoridades.
Estas frecuencias son concesionadas para el uso de servicios legítimos de telecomunicaciones, como las comunicaciones de emergencia, la telefonía, la radio y la televisión. Sin embargo, los criminales han encontrado la manera de acceder a estas frecuencias de forma ilegal y utilizar dispositivos sofisticados para comunicarse entre ellos.
El crimen organizado también utiliza las telecom para sus propias actividades delincuenciales. Además de las narco antenas, emplea teléfonos celulares de todo tipo (incluidos satelitales) para comunicarse entre sí y para coordinar sus operaciones. También poseen radios como los empleados por la policía y otros dispositivos de marcas tecnológicas prestigiosas para comunicarse en áreas donde no existe cobertura celular.
El ataque y el uso de las telecomunicaciones por parte del crimen organizado tiene el objetivo de dificultar el trabajo de las autoridades para combatir el narcotráfico y el crimen.
La industria de las telecomunicaciones se ha visto afectada por estos ataques, está silenciosamente preocupada por la situación y quisiera que las autoridades tomen medidas para proteger la infraestructura y las redes públicas.
Las empresas proveedoras de servicios telecom y de torres enfrentan pérdidas económicas significativas debido a la destrucción de la infraestructura, el robo de equipos, los pagos de “cuotas de seguridad” a los cárteles y los peligros inherentes para los trabajadores técnicos responsables de la instalación y/o mantenimiento de equipos.
La industria ha intentado implementar otras tecnologías para ayudar a proteger la infraestructura e identificar a los atacantes, como cámaras de vigilancia, sistemas de alarma y dispositivos de bloqueo.
Desde luego, lo más importante es que la interrupción de los servicios de telecomunicaciones en áreas afectadas por la violencia y el crimen organizado impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes y la actividad económica de la región.
La infraestructura de telecomunicaciones tiene un papel fundamental en nuestras vidas. Desde el uso cotidiano de nuestros teléfonos móviles hasta la conexión a Internet en hogares y oficinas, dependemos del buen estado y de la cobertura de las redes para nuestras comunicaciones, transacciones financieras y acceso a información útil.
Lo obvio es decir que las autoridades deben tomar medidas para proteger la infraestructura de telecomunicaciones, aumentar la seguridad, investigar los ataques, colaborar más con la industria y combatir el uso ilegal de bandas del espectro radioeléctrico por parte del crimen organizado. Pero hay que insistir en ello para no perder ni el territorio ni el espacio por donde viajan nuestras comunicaciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE BRAVO.
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