El 26 de junio último se escuchó fuerte la voz de Mario González Contreras ante el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, en la sala de juntas donde se realizó la reunión mensual de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Padre de César Manuel González, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, don Mario reclamó a Encinas que dos días antes de la reunión supuestos funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tlaxcala (CEBP) acudieron a su domicilio, intempestivamente, para preguntarle si ya había aparecido su hijo.
“Llegaron dos jóvenes a mi casa, me extrañó porque ese domicilio nadie lo conoce, me dijeron que iban de parte de Karla Quintana (comisionada Nacional de Búsqueda) y que querían saber si aquí vivía el desaparecido César Manuel González, y que si ya lo habíamos encontrado muerto o vivo.
“Ya no les dejé terminar; me enojé mucho y les dije: ‘No vive aquí porque está desparecido’, y los mandé muy lejos. Si no saben que el único desaparecido de Huamantla es uno de los 43 ¿qué es lo que hacen?”, cuenta González Contreras en entrevista con Proceso.
Ante el reclamo que hizo el padre del joven desaparecido porque los presuntos funcionarios acudieron “sin información, sin un protocolo para hablar con las víctimas”, Encinas Rodríguez se disculpó y explicó que la visita era parte del censo anunciado en junio por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a la CEBP de Tlaxcala, consultada para esta edición, la visita formó parte del operativo de búsqueda de personas desaparecidas coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en el que también participan otras instituciones, entre ellas la Secretaría de Bienestar, para realizar el censo anunciando por Andrés Manuel López Obrador el 9 de junio pasado, “para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente”, ejercicio en el que estarían colaborando los gobiernos estatales, fiscalías locales, la subsecretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De manera oficial, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) tiene un acumulado de 289 mil 343 reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, del primero de enero de 1962 al 12 de julio de este año.
Al corte del 12 de julio último se registraron 111 mil 83 casos, de ellos 96 mil 862 continuaban en calidad de desaparecidos y 14 mil 222 como no localizadas. Hasta esa fecha 178 mil 125 personas fueron registradas como localizadas; de ellas, 12 mil 850 sin vida.
Durante el sexenio de López Obrador 43 mil 463 personas están registradas como desaparecidas; a detalle, 34 mil 401 no aparecen y nueve mil 62 no son localizadas.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, una desaparición es cuando el paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.
En cambio, una “no localizada” es cuando la ubicación se desconoce y que, de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
En un mensaje introductorio a la versión pública del RNPDNO, la CNB señala que los datos fueron aportados por fiscalías, (64.10%), las comisiones nacional y locales de búsqueda (31%), otras autoridades (1.12%) y personas en particular (3.78%).
Alerta que uno de los retos a los que se enfrenta es “la resistencia de diversas instituciones para registrar o compartir información”, de ahí que “cualquier información que no se visualice en el RNPDNO se debe a que no ha sido aportada por la autoridad federal o local que hizo el reporte”, destacando que, del total de reportes de desaparición, sólo 16.11% incluye la variable del delito vinculado al caso.
Pese a las cifras apabullantes de víctimas, cuestionadas por la exjefa de Gobierno y principal aspirante a sucederlo, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entre marzo y abril pasados López Obrador empezó a cuestionar internamente el RNPDNO, de acuerdo a fuentes bien informadas.
Ante los registros oficiales de miles de desaparecidos y no localizados en la Ciudad de México, Sheinbaum transmitió a su líder político que las cifras de desaparición “estaban infladas”, mientras que Rodríguez aseguraba que tenía “otros datos”.
Ante ello, en la reunión privada que López Obrador sostuvo con los 22 gobernadores de Morena y aliados, el 23 de mayo pasado, les transmitió que “no confiaba” en la comisionada nacional, Karla Quintana, e instruyó en apoyar a la Secretaría de Bienestar para depurar las cifras, recurriendo para ello a los “servidores de la nación”.
El anuncio presidencial, sin duda, provocó inquietud entre integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos. Temen que la orden presidencial de realizar un “censo” implique “rasurar” el RNPDNO, en el ocaso de la administración de López Obrador e inmerso en su sucesión, alertan activistas y familiares de víctimas, quienes forman parte de colectivos de búsqueda y de organismos que integran parte de Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, consultados por Proceso.
Fragmento del reportaje publicado en la edición mensual impresa de Proceso correspondiente al mes de agosto
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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