El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó en mayo el despliegue de un total de mil 500 soldados en servicio activo para un aumento temporal de la presencia militar de 90 días en la frontera. En ese momento, los cruces fronterizos ilegales aumentaron rápidamente debido a la preocupación de que se incrementarían aún más después de que terminaran las restricciones, pero los números han disminuido.
Los mil 100 soldados concluirán su misión de 90 días el 8 de agosto; los 400 restantes se extenderán hasta el 31 de agosto, dijo un funcionario de defensa bajo condición de anonimato para discutir los detalles antes de un anuncio.
En el momento en que se hicieron públicos los movimientos de las tropas, los funcionarios enfatizaron que las tropas en servicio activo no tomarían posiciones de primera línea en la frontera ni interactuarían con los migrantes, sino que realizarían tareas como ingreso de datos o apoyo en el almacén con el objetivo de liberar al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que está en el campo.
Las tropas iban a respaldar a los funcionarios fronterizos que se ocupan del fin del Título 42. Esa regla permitió al gobierno expulsar rápidamente a decenas de miles de migrantes del país con el fin de proteger a Estados Unidos del covid-19.
En los días previos al fin del Título 42, los agentes fronterizos se encontraban con 10 mil migrantes por día y en un momento tuvieron a 27 mil migrantes bajo custodia. Pero inmediatamente después de que expiró el Título 42, las cifras se redujeron drásticamente a unos 5 mil encuentros por día y se han mantenido bajas, según los datos de la agencia.
No está claro cuán permanentes son estas disminuciones. La cantidad de personas que cruzan el Tapón de Darién, una ruta clave para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde Sudamérica, durante los primeros siete meses del año ya es más que todo el 2022 combinado.
La partida de las tropas militares en servicio activo también está ocurriendo, ya que gran parte de la agenda de inmigración de la administración Biden está sujeta a impugnaciones judiciales. La semana pasada, un juez federal dictaminó que una regla administrativa que limitaba el acceso al asilo en la frontera sur era contraria a la ley. La administración está apelando ese fallo, argumentando que es una parte clave de sus esfuerzos para mantener el orden en la frontera.
Por separado, el Departamento de Justicia anunció la semana pasada que demandó al gobernador de Texas, Greg Abbott, para obligar al estado a retirar las boyas flotantes en el Río Grande que, según el gobierno federal, presentan una preocupación humanitaria y ambiental.
FUENTE: PROCESO/AP.
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