La audiencia para analizar el caso del Tren Maya se realizó a principios de marzo de 2023, en la Valladolid, Yucatán. Ahí, los cinco jueces del Tribunal escucharon a pobladores de la región, científicos, académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales. También visitaron comunidades y algunos lugares en donde se construye el tren, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A finales de julio, los jueces presentaron un documento de 74 páginas en donde se puede encontrar la argumentación de su veredicto y una serie de recomendaciones.
Este polémico proyecto comprende una línea ferroviaria de unos 1500 kilómetros, el establecimiento de 19 estaciones, 12 paraderos y “polos de desarrollo”. Además, en la región también se construyen tres aeropuertos y seis hoteles. Estos últimos, según se ha anunciado, estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual también se encarga de la construcción de varios tramos del tren.
Este proyecto se levanta en la Península de Yucatán, una región en donde se encuentra buena parte de la Selva Maya. El Tribunal, por ejemplo, destaca que el tren atravesará o pasará por el área de influencia de 15 áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biósfera Calakmul.
“En torno al Tren Maya se gesta un plan de reordenamiento territorial en la Península de Yucatán, que pone en grave riesgo de destrucción y degradación ecológica a los ecosistemas, así como a los pueblos mayas”, señalan los cinco jueces del Tribunal: Fray Raúl Vera, defensor de derechos humanos con larga trayectoria en México; la investigadora argentina Maristella Svampa; el político y abogado ecuatoriano Yaku Pérez; el activista italiano Francesco Martone y el defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Alberto Saldamando.
En el veredicto escrito, el cuál está firmado por otros 23 jueces honorarios, se resalta que el tren “aumentará la pérdida de conectividad ecológica entre las áreas de conservación, lo que reducirá la cobertura forestal, aislará las poblaciones de flora y fauna, interrumpirá los corredores biológicos, cambiará los microclimas, transformará el hábitat y provocará la extinción de especies”.
Los integrantes del Tribunal reclaman que se suspenda el megaproyecto. Además, exigen la desmilitarización de los territorios indígenas y “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza”.
Como medidas de reparación, el Tribunal ordena, entre otras acciones, realizar “una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas. Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales”.
En entrevista con Mongabay Latam, Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, explica cómo surge este instrumento internacional, cuál es su alcance, las evidencias que llevaron al veredicto sobre el Tren Maya y por qué es urgente que los Estados respeten los derechos bioculturales y reconozcan a la naturaleza como “sujeto de derecho”, como un ser vivo y fuente de vida.
—¿Qué los lleva a crear el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza?
—La historia del Tribunal comienza en Cochabamba, Bolivia, en el año 2010. Ahí nos reunimos varias personas de diferentes partes del mundo; coincidimos en que había mucho trabajo que hacer por los derechos de la naturaleza. En ese momento creamos la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, la organización que da paso a este Tribunal.
El Tribunal se hace realidad cuatro años más tarde. Su nacimiento se da replicando el modelo del Tribunal Russel (creado en 1966), que es un Tribunal europeo que planteaba la necesidad de juzgar crímenes de guerra, una acción que no estaban haciendo los gobiernos.
Cuando se creó el Tribunal, Ecuador ya había reconocido los derechos de la naturaleza en su Constitución, pero eso no significaba que esos derechos se estaban garantizando al 100 %. Además, otros Estados aún no reconocían los derechos de la naturaleza.
Nosotros partimos de la aseveración de que la naturaleza tiene derechos inherentes que no son reconocidos por los Estados, pero ese es un problema de los Estados que van tarde en ese reconocimiento; el problema no es que estos derechos no existan. Existen, porque la naturaleza está viva y tiene derechos inherentes. Partimos de esa premisa. Y, claro, insistiendo en que los Estados decidan crear un Tribunal vinculante. Nosotros lo hacemos desde una perspectiva ética. Nuestros jueces y juezas son personas elegidas por su trayectoria ética y moral, eso los hace representantes idóneos para poder velar por un caso y hacer un veredicto que sea respetado por la sociedad civil. El documento de jurisprudencia que utilizamos es la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
—¿Por qué ha sido tan difícil que se reconozcan los derechos de la naturaleza?
—Desde el Tribunal planteamos que existe un problema sistémico, en donde la naturaleza es tratada como un esclavo. Nosotros estamos planteando un paradigma diferente. Estamos hablando de un cambio de sistema.
Los beneficiarios de la explotación no quieren que la naturaleza deje de ser un objeto y sea considerada como un sujeto, porque eso significa que tienen que dejar de explotarla y dejar de beneficiarse. Eso pasó con la esclavitud y con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hay gente con mucho poder que se beneficia de su explotación y no quiere que haya un cambio.
El movimiento que pugna por los derechos de la naturaleza está creciendo mucho. En la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general, ha dicho que el movimiento de la jurisprudencia de la Tierra es el movimiento social que está creciendo más rápidamente en el mundo.
Es así como ahora tenemos a 37 países que, de una u otra manera, reconocen los derechos de la naturaleza —no en la Constitución como lo hace Ecuador y que es la única nación que así lo tiene—, pero a nivel de leyes nacionales o de ordenanzas municipales.
Este movimiento está creciendo rápidamente porque cada vez es más grande el interés de la sociedad civil para que se reconozcan los derechos de la naturaleza, sobre todo cuando muchas veces los Estados responden a las necesidades de las empresas y no de sus ciudadanos.
—¿El proyecto del llamado Tren Maya es una muestra de cómo se ignoran los derechos de la naturaleza?
—Sí, pese a que México tiene cuatro estados —Colima, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México— que reconocen derechos de la naturaleza. Para mi sorpresa, cuando estuve en México, la gente no estaba tan consciente del tema de los derechos de la naturaleza. Además, hay un rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de las autoridades del país a este tema de los derechos de la naturaleza.
Ahora, en la Península de Yucatán hay muchos movimientos que están buscando que se reconozcan el derecho de los cenotes, de las cavernas, que son directamente afectadas con la construcción del Tren Maya.
—Si se compara con otros casos abordados por el Tribunal, ¿qué particularidades tuvo la audiencia realizada sobre el Tren Maya?
—Hay que decir que el Tribunal del Tren Maya fue sui géneris, en el sentido de que se organizó muy rápido. Normalmente, cuando nos llega un caso, nos tardamos casi un año en realizar la audiencia. La del Tren Maya la hicimos mucho más rápido, por la urgencia que imponía el tema. El tren está en construcción y, por ello, era urgente tener la audiencia lo antes posible.
Otra cosa que lo hizo diferente es que tuvimos a jueces internacionales. Normalmente en el Tribunal local se tienen sólo a jueces nacionales. Estos jueces no sólo asistieron a la audiencia, también visitaron y hablaron con las comunidades de Pisté (Yucatán) y de Tihosuco (Quintana Roo).
Además, se presentaron 23 testimonios durante la audiencia y el último día, los jueces e integrantes del Tribunal fuimos a visitar una parte del tramo 5 (Cancún-Tulum), ahí vimos algunas de las consecuencias del Tren Maya. Las afectaciones son muy evidentes.
Para mí, lo interesante del Tribunal fue haber reunido a las comunidades mayas con la academia y con la sociedad civil que, en conjunto, están viendo el problema y que antes no se habían juntado. Lo importante del Tribunal es que fortalece y empodera una lucha local que estaba muy fragmentada.
—¿Qué fue lo que tomaron en cuenta para integrar su veredicto?
—Quedó muy claro que los procesos de consulta no fueron los adecuados, no fueron procesos de consulta reales. Fueron reuniones en donde siempre se prometía algo a cambio. El proyecto no fue realmente socializado con las comunidades.
Lo otro es que no se puede dimensionar el efecto que tendrá el tren, porque no hay un estudio del impacto ambiental completo de todo el megaproyecto. Eso ya es una violación a los derechos de información de la ciudadanía. De hecho, entre las acciones que solicita el Tribunal es que se presente el plan maestro del megaproyecto.
El otro tema es que se trata de un tren militar y eso ha llevado a que la zona esté militarizada. Mientras estuvimos en la zona, teníamos a carros de policías a fuera de los lugares en donde nos reunimos. Integrantes de una de las comunidades no llegaron a una sesión, porque dijeron que habían sido atemorizados por los militares. Hay una fuerte represión. Hay gente que tiene miedo de hablar. Eso es muy grave.
Los miembros del Tribunal también valoraron toda la información presentada por los especialistas sobre la fragmentación de la selva, las afectaciones a la fauna, a los cenotes, a las cavernas y al acceso al agua. Hay efectos enormes que en el proyecto no se están tomando en consideración y, por eso, el Tribunal es tan enfático en responsabilizar al Estado mexicano por estas violaciones.
—El gobierno mexicano argumenta que el Tren Maya es para “llevar el desarrollo” al sureste mexicano.
—La ruta del tren ni siquiera beneficia a las personas de las comunidades. No son rutas que ellos utilizan. Es una ruta pensada para un turismo en donde solo se benefician las grandes cadenas de capitales extranjeros y no necesariamente las comunidades.
Además, el proyecto es todo un sistema que tiene claros vínculos con el extractivismo y con la limitación a la migración. El gobierno está pensando en este tren no solamente para el turismo, definitivamente quiere desarrollar una economía basada en el extractivismo, en la agroindustria, y en donde se beneficie a los militares y a las grandes empresas de turismo.
—Desde hace al menos una década, en la Península de Yucatán se ha dado un proceso de deforestación ligado a la expansión de las granjas porcícolas y los cultivos de soya. ¿El proyecto del Tren Maya se interconecta con estas actividades?
—Todos estos proyectos están completamente interconectados. Por eso, el Tribunal con su veredicto intenta visibilizar que nada es casualidad, hay todo un plan muy bien pensado de un desarrollo que no es el adecuado para una zona que alberga a la Selva Maya, una zona en donde hay reservas de la biósfera. Estamos hablando de una zona extremadamente sensible.
—En el documento del veredicto, el Tribunal expone que el proyecto del Tren Maya no es nuevo, que en otros sexenios se intentó hacer, pero no se había logrado. ¿Por qué en este sexenio sí se está logrando?
—Se está logrando porque se está haciendo a la fuerza, porque no se está cumpliendo con los estudios de impacto ambiental, porque no se está cumpliendo con la garantía de los derechos y se está logrando con un discurso de que es un proyecto de seguridad nacional. Se está logrando a la fuerza, pesa a todos los informes que están planteando los problemas que su construcción está provocando. Este proyecto del Tren Maya no está tomando en consideración la violación a los derechos humanos ni las violaciones a los derechos de la naturaleza.
—Quienes están a favor del Tren Maya señalan que en la región sí se quiere el proyecto y que no se están generando daños…
—La sugerencia para todos aquellos que tengan dudas de que este proyecto está causando ecocidio y etnocidio es que vayan al lugar. Cuando fui a la zona, cuando visité el área en donde se construye el tramo 5, lo que miré me impactó. Es impactante ver los gigantescos espacios que están siendo deforestados, que ya están deforestados. Si uno lleva eso a toda la ruta, entonces sabes que lo que va a suceder es terrible.
Nosotros entramos a una cueva y miramos un lugar extraordinario, con mucha historia y una gran fragilidad. Da dolor ver lo que se ha hecho con esa cueva, da dolor ver que el impacto es gigante. El impacto del proyecto lo ves desde el avión. El impacto está y va a ser mucho mayor.
Eso no debería ser un desaliento para las personas que no están a favor del proyecto. Es importante que la gente sepa que ya hay un ecocidio, pero que no tienen que parar la lucha. No se puede decir: “Ya está hecho el proyecto y no hay nada que hacer”, porque creo que eso es lo que busca el Estado. Lo que hay que decir es que se pueden parar varios tramos, se pueden parar los llamados “polos de desarrollo”, se pueden parar varias de las obras que aún no se han hecho y evitar que se siga dañando a los cenotes y terminando con la selva.
—¿Cuáles son las acciones urgentes para evitar que el proyecto del Tren Maya cauce un ecocidio aún mayor?
— En las recomendaciones, el Tribunal solicita que se detengan inmediatamente las obras del tren. También se propone que se declare a los cenotes como sujetos de derecho. Esa es una acción que me parece clave. Hay varias organizaciones que ya lo han planteado y me parece que es vital avanzar en ello, sobre todo porque los cenotes dan una identidad a la Península de Yucatán. Eso fortalecerá mucho a la lucha de las organizaciones locales.
Además, se tiene que exigir la Manifestación de Impacto Ambiental de todo el megaproyecto. Y también empoderar más a la sociedad civil, porque a partir de eso se pueden impulsar cambios en la normativa para que se incluyan los derechos a la naturaleza.
—¿En la historia del Tribunal habían visto el uso de la militarización para desarrollar un proyecto de infraestructura?
—Lo vimos en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure), en Bolivia, con la carretera en esa zona, pero no lo habíamos visto tan fuerte como lo miramos en México.
En el caso del Tren Maya no solamente es una militarización de la zona, sino que el proyecto tiene una fuerte presencia de los militares en la construcción y en la administración del tren. Al final, ellos son los beneficiarios, así que hay intereses directos de los militares para la realización del tren. La presencia de los militares ha llevado a que exista un miedo de las personas a hablar y a organizarse.
—¿En otra sentencia, el Tribunal ya había abordado el tema de los derechos bioculturales?
—La primera vez que se abordó el tema de los derechos bioculturales es en el caso del río Atrato (Colombia).
El tema de los derechos bioculturales es uno de los que más se pueden resaltar del veredicto del Tribunal para el caso del Tren Maya. La idea es desarrollar una comprensión de la relación que existe entre los pueblos indígenas con la naturaleza; es decir, cómo los pueblos indígenas no existen sin territorio. Alguna vez escuché a un dirigente indígena decir: “Un pueblo sin territorio es como un pez sin agua”. Es una relación tan intrínseca que, definitivamente, una violación como la que está ocurriendo con estos grandes impactos del tren es una violación a los derechos bioculturales del pueblo maya.
Cuando hablamos de derechos bioculturales no solo nos referimos a la existencia misma del pueblo maya, sino a esta relación que tienen con la naturaleza, con la selva, y que se ve afectada cuando hay una construcción tan grande como la del tren.
—¿La violencia en contra de los defensores se ha incrementado a partir de la construcción del Tren Maya?
—Nosotros quisimos resaltar el Acuerdo de Escazú en el veredicto, porque vimos cómo las comunidades y personas que se oponen el proyecto del Tren Maya están en riesgo.
La Península de Yucatán se consideraba como un territorio más seguro si se compara con otras zonas del país, sin embargo, las personas defensoras que están en ese territorio consideran que están amenazadas de muchas maneras, por ejemplo, con la criminalización y la estigmatización.
—¿Qué otras acciones realizarán, sobre todo considerando que ninguna autoridad acudió a la audiencia?
—Así es, ninguna autoridad mexicanas acudió a las audiencias. Tampoco asistió nadie de esa red de organizaciones internacionales como la Unesco o la ONU-Hábitat, que también han sido partícipes o cómplices de este proyecto. No esperamos que haya una respuesta. Ojalá que la hubiera. Como Tribunal estamos siempre abiertos a escuchar otras voces.
Por lo pronto, este veredicto puede ser utilizado como una evidencia de las afectaciones que está provocando el proyecto y presentarla ante diversas instancias nacionales e internacionales. La idea es que el veredicto pueda empoderar diversas acciones legales que está realizando la ciudadanía mexicana.
—¿Qué está perdiendo México y el mundo con la construcción de estas megaobras?
—Desgraciadamente, México y el mundo pierden un patrimonio irreemplazable. En la Península de Yucatán tienes una selva que es megadiversa. En el momento en que se fragmentan los corredores biológicos, en el momento en que destruye el acuífero, los cenotes, la red de cuevas, el mundo pierde un ecosistema único. México pierde un potencial gigantesco de conservación. El mundo pierde un santuario de vida.
Por eso nosotros, con el veredicto, llamamos la atención no solo de los mexicanos sino del mundo entero sobre ese tesoro natural que está en juego, sobre cómo su destrucción se está haciendo en forma rápida y fácil con un proyecto que va a beneficiar a pocos y que va a perjudicar a tantas vidas humanas y no humanas.
AUTOR: REDACCIÓN/THELMA GÓMEZ DURÁN.
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