A casi nueve años del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, la DGGIMAR emitió el pasado 24 de mayo un resolutivo derivado de los juicios de amparo interpuestos por los CCRS, en el que se confirman las inconsistencias de la presunta remediación de los daños en el afluente y donde se concluye que «en repetidas ocasiones hubo cálculos que partieron de premisas equivocadas o falsas, lo cual condujo a conclusiones erróneas, que desprotegieron a las personas y al medio ambiente».
Entre los hallazgos del resolutivo, que confirma las denuncias por parte de los CCRS difundidas desde que iniciaron los programas de remediación, se encuentra que en la zona aledaña a la minera en la que se ordenaron la excavación, retiro y transporte del suelo contaminado y su confinamiento filial no se rellenó el sitio con material semejante al de la localidad y el traslado del suelo afectado se realizó en vehículo que «no contaban, ni cuentan, con autorizaciones para transportar residuos peligrosos».
El documento también revela la falta de pronunciamiento, vigilancia y monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la inconsistencia de la superficie de suelo a remediar y lo reportado finalmente por las empresas.
«Rechazamos su opacidad, sus silencios despreciativos, sus reiteradas alegaciones de incompetencia, su inoperancia, servil a los actores que detentan fuerza económica; repudiamos sus intentos por banalizar a la población afectada, que usan como herramienta para apuntalar la mentira de las empresas, cuando la historia, la documentación del caso y las normas dicen lo contrario», señalaron los CCRS.
Advirtieron que si bien las empresas responsables podrían interponer recursos legales «para que la remediación se pierda en una vereda burocrática interminable», la opinión pública «debe saber que ello sería ilegítimo y que no releva ni a Grupo México ni al Estado de su responsabilidad», sino que «solamente incrementará su deuda con el Río Sonora».
Finalmente, aseguraron que continuarán en su lucha por la remediación en el río Sonora, cuya contaminación con los tóxicos mineros provocó una presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio en habitantes de distintos puntos de la cuenca, así como impactos en la flora, fauna y salud de los pobladores.
COMUNICADO:
A casi nueve años del derrame de tóxicos ocasionado por la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, que afectó y cambió la vida de las personas en el Río Sonora, el pasado 24 de mayo la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un nuevo Resolutivo sobre la remediación en el Río Sonora derivado de los juicios de amparo que hemos presentado los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
El documento corrobora lo que hemos denunciado durante años: la tan prometida remediación y las sanciones por la actuación corporativa irregular no ocurrieron; a pesar de lo anunciado y repetido en declaraciones oficiales en el marco de la maquinaria propagandística que fue echada a andar en su momento. Esta nueva información echa abajo la conclusión de los Programas de Remediación de diciembre de 2016.
Este nuevo Resolutivo deja en evidencia que en repetidas ocasiones hubo cálculos que partieron de premisas equivocadas o falsas, lo cual condujo a conclusiones erróneas, que desprotegieron a las personas y al medio ambiente.
Compartimos algunos hallazgos que hemos identificado en el documento:
- En el caso de la única zona (Zona 1), aledaña a la empresa, en donde se ordenaron acciones de remediación consistentes en la excavación, retiro y transporte del suelo contaminado y su confinamiento final, el documento revela que no hay información de que se haya llevado a cabo un paso importante: el relleno del sitio con material semejante al de la localidad. La falta de relleno impacta en el medio ambiente, por lo que la DGGIMAR concluye que, por lo que a esto se refiere, la remediación no existió.
- Sobre el traslado del suelo contaminado de la Zona 1, la DGGIMAR constata que los vehículos utilizados no contaban, ni cuentan, con autorizaciones para transportar residuos peligrosos, lo que es catalogado como falta grave, al significar un riesgo para el ambiente puesto que no se garantiza un correcto manejo.
Esto se supo tiempo atrás, al advertirse discrepancias en los números de placas; y la respuesta de las empresas fue culpar a los choferes, sin hacerse cargo de su responsabilidad.
- A pesar de que las faltas graves que mencionamos en el punto anterior no fueron subsanadas, la DGGIMAR aprobó la conclusión de los Programas de Remediación en 2016; y en 2017, cercano al cierre del Fideicomiso Río Sonora, se siguió advirtiendo la existencia de esas discrepancias y se hizo de conocimiento de la Profepa para la implementación de medidas, sin embargo, hasta la fecha, no hay constancias de que la Profepa haya realizado alguna inspección o vigilancia, como le correspondía. Es totalmente irregular que esto ocurriera con posterioridad a la Conclusión de los Programas de Remediación, pues la ruta normal hubiera sido que se atendiera, se pagara la multa y hasta entonces se estaría en posibilidades de concluir.
- Las toneladas de suelo a remediar y lo reportado finalmente por las empresas son inconsistentes. La empresa argumentó que se trataba de una variación entre las básculas, sin embargo la diferencia en la cantidad es suficientemente grande (28.7 toneladas) como para explicarse de esta forma. Además, cabe recordar que las empresas estaban obligadas a tener un control sobre los residuos peligrosos que permitiera un seguimiento cuidadoso de las cantidades, mismas que debían coincidir.
- En las Zonas 2 a 5, que están habitadas, las empresas deliberadamente hicieron cálculos para casos donde no hay población humana, y no se dictaron medidas para remediar, siendo que a lo largo de la Cuenca del Río Sonora existen alrededor de 23 mil personas habitantes. En el nuevo Resolutivo la DGGIMAR concluye que se debieron haber realizado acciones de remediación también en estas zonas, tal y como las personas afectadas han reclamado a lo largo de los años.
- También se aborda el tema de sedimentos. El derrame corrió en un río, contaminándolo, por lo que, según señala la DGGIMAR era necesaria una postura oficial al respecto de la Conagua, institución que, hasta la fecha, solamente se ha pronunciado sobre la calidad del agua. Además, el compromiso de la Conagua era monitorear los sedimentos y calidad del agua por cinco años, concluyendo en 2019, y emitir un pronunciamiento final, en relación con los sedimentos hasta la fecha seguimos esperando.
¡Las cosas deben cambiar! Desde los Comités de Cuenca Río Sonora denunciamos que el rumbo y las actitudes adoptadas por la Conagua, la Cofepris y la Profepa a lo largo de los años en este caso son inaceptables. Dicha actitud ha sido más profunda y con peores resultados para las personas afectadas.
Encontramos que lo que ocurrió posterior al derrame minero fue un entramado de simulaciones en donde únicamente ganó el beneficio privado empresarial. A estas tres instituciones les hacemos un llamado a enderezar el rumbo que han adoptado a la fecha. Sus reiteradas maneras de trivializar los reclamos legítimos del pueblo afectado, sus vacíos, silencios, obstáculos y su legalismo untuoso aniquilan toda posibilidad de acceder a la justicia. Rechazamos su opacidad, sus silencios despreciativos, sus reiteradas alegaciones de incompetencia, su inoperancia, servil a los actores que detentan fuerza económica; repudiamos sus intentos por banalizar a la población afectada, que usan como herramienta para apuntalar la mentira de las empresas, cuando la historia, la documentación del caso y las normas dicen lo contrario.
Continuamente hemos denunciado la actitud negacionista y de obstaculización de actores públicos como la Conagua y la Profepa y ahora un documento oficial lo corrobora. Saludamos el resolutivo de la DGGIMAR y reconocemos que los valiosos estudios, aportes y esfuerzo a lo largo de estos años llevados a cabo por personas afectadas y servidoras/es públicos comprometidos contribuyen para que la verdad salga a la luz, y se pueda alcanzar una remediación integral y efectiva del río.
Estos logros pueden quedar muy disminuidos si no van acompañados de acciones concretas que protejan a la población y al ambiente, mismas que se deben implementar en paralelo a las acciones efectivas de remediación y acompañadas de una reconfiguración radical en las relaciones entre Estado, movimientos y empresas, en las que nunca más los derechos de las personas sean colocados en segundo plano al anteponer el beneficio privado, como ocurrió en nuestro caso.
Finalmente, hacemos de conocimiento que las empresas responsables podrían interponer recursos legales para que la remediación se pierda en una vereda burocrática interminable, la opinión pública debe saber que ello sería ilegítimo y que no releva ni a Grupo México ni al Estado de su responsabilidad, solamente incrementará su deuda con el Río Sonora. A pesar de saber que difícilmente hay justicia en territorio arrebatado para el beneficio privado, no nos desanimamos, seguimos en pie en el camino emprendido por remediación, no repetición, verdad y justicia, saber que estamos en la brecha por la vida y por el futuro es nuestra fortaleza.
Atentamente
Comités de Cuenca Río Sonora
AUTOR: REDACCIÓN.
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