Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Los familiares, amigos y la organización del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acusan la inacción de los gobiernos federal y estatal de Guerrero.
Esto, a pesar de que saben que fueron integrantes de una organización criminal que opera en Acapulco los que se llevaron a Vicente por la fuerza.
Eran las 10:55 de la noche del 5 de agosto de 2021, cuando Vicente Suástegui conducía un taxi colectivo de la ruta Centro-Renacimiento cuando, al transitar por la calle Circuito Interior, un vehículo March rojo le cerró el paso entre las calles Francisco Granados y Cuauhtémoc, frente a la Secundaria Federal número 9.
Del asiento trasero del automóvil rojo descendieron dos hombres que después las autoridades los identificaron como Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias El Brillo, y Baltazar Cardona Clavel, alias El Balta.
De la misma unidad, del asiento del copiloto bajó Felipe Sandoval Gasga, alias La Yegua, dicen las investigaciones hechas por las autoridades.
De acuerdo con una testigo de la que se reservó la identidad, fueron Juan Carlos Valenzuela y Baltazar Cardona quienes le apuntaron con armas cortas, abrieron la puerta del piloto de Vicente, y comenzaron a jalonearlo para intentar bajarlo de su taxi.
Ante la resistencia que opuso Vicente, los hombres armados le dispararon, lo sacaron de su taxi y lo subieron al asiento trasero del vehículo March, para después huir.
Lo narrado está asentado en la carpeta de investigación 1203008020046606082 de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Tras no saber nada de Vicente, su familia comenzó a recopilar los datos para saber qué había pasado con él esa noche. Nueve días después, iniciaron las primeras jornadas para localizarlo en las zonas suburbanas y rurales de Acapulco, en compañía de agentes de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Ejército y las policías estatal y ministerial.
Sin éxito.
A dos años de la desaparición de Vicente, hay cuatro hombres detenidos como presuntos autores materiales.
De acuerdo con el testimonio de uno de los detenidos, los hombres armados se llevaron a Vicente al motel Tres Palos, situado a orilla de la carretera que conecta Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Metlapil, donde se lo entregaron a Pedro Santos Cruz, alias El Comandante Pino, que dirige a un grupo de autodefensas en esa zona rural de Acapulco bajo la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y quien aún sigue en libertad.
La versión del detenido es que fue El Comandante Pino quien presuntamente habría asesinado a Vicente y lo habría enterrado en una fosa clandestina ubicada a 300 metros atrás de un motel, en un paraje conocido como El Deshuesadero de vehículos.
Las jornadas de búsqueda se han realizado en este lugar, pero hasta el momento no ha sido hallado ningún indicio de la localización del activista.
Los familiares de Vicente realizaron las búsquedas a pesar de un seguimiento y acoso de los policías de la UPOEG, quienes han sido señalados de ser un brazo armado del grupo delictivo Los Rusos, organización criminal a la que también pertenecían los cuatro detenidos que privaron de su libertad a Vicente, y que en Acapulco representan una de las organizaciones delictivas que pugna por el control del territorio para el cobro de piso, extorsiones, robo y venta de drogas.
La protesta a dos años de la desaparición de Vicente Suástegui
Este sábado 5 de agosto de 2023, a las 12 del día en Acapulco, cientos de turistas locales y nacionales arribaban a las playas para pasar un rato en sus vacaciones de verano, especialmente en la zona del Asta Bandera, frente al conocido Parque Papagayo, donde la marejada no es tan intensa y permite nadar a los bañistas.
A la misma hora, a un costado del Asta Bandera, el hermano de Vicente y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, colgó una lona en una estructura metálica de un módulo de la Policía Turística.
Dos agentes de la Policía Estatal se acercaron a Marco Antonio y le exigieron que retirara la lona, la que mostraba el rostro de su hermano y su exigencia de aparición con vida a dos años de que fue privado de su libertad.
Marco y un grupo de acompañantes de al menos 14 organizaciones sociales y sindicales no se dejaron intimidar y llevaron a cabo su protesta.
En su discurso, Marco Antonio Suástegui resaltó que protestaba ahí para contarle a los turistas que en Acapulco, en Guerrero y el país, no todo es “playa y felicidad” sino que como su hermano Vicente hay una ola de desapariciones que sigue creciendo y que suman al menos 110 mil personas desaparecidas en México.
Al concluir el mitin, Marco Antonio y los abogados que llevan el caso de su hermano Vicente, acudieron a la instalación regional de Acapulco de la FGE, para conocer los avances del proceso de los cuatro detenidos y las dos órdenes de aprehensión que aún faltan por ejecutar.
Al concluir su visita a la Fiscalía, en entrevista, Marco Antonio Suástegui sostuvo que a dos años de la desaparición de su hermano Vicente, no le queda duda que es una víctima de persecución política por anteponerse al proyecto de la construcción de la presa La Parota en el río Papagayo.
“Él estuvo encarcelado, fue perseguido y detenido dos ocasiones antes de su desaparición”, expresó.
Manifestó que las investigaciones no han avanzado y lo poco que se ha hecho es porque los familiares han proporcionado “datos certeros con los que se ha podido detener a cuatro personas, uno de ellos ya es un autor material confeso”, aunque aún faltan los autores intelectuales.
Destacó que, entre los que faltan por ser detenidos están Pedro Santos Cruz y Baltazar Cardona Clavel, este último un policía ministerial que según la información que tienen fue asesinado en el 2022 en la región de Costa Chica.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron que al Ministerio Público del Fuero Común le hace falta todavía continuar con la investigación y ejecutar una orden de aprehensión en contra de uno de los responsables de la desaparición de Vicente.
Acusaron que hay un video en el que se observan los hechos de aquel 5 de agosto del 2021, que no ha sido presentado como una prueba ante el juez de la causa.
Para Marco Antonio es importante que se acelere la investigación, porque se están llevando a cabo las audiencias y los juicios orales, y la FGE debe aportar datos para que se pueda lograr sentencias a las personas que hoy están detenidas y que estos puedan colaborar, incluso acogiéndose a un criterio de oportunidad.
Reprochó que el actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador sólo le echa la culpa a los gobiernos anteriores, pero instó al mandatario a actuar de inmediato, porque las fiscalías “están podridas”.
“Vicente es un defensor del agua y de la tierra, Vicente es un defensor de los derechos humanos, Vicente es defensor de las campesinas y los campesinos de Cacahuatepec, Vicente no es un delincuente”, expresó Marco Antonio, quien resaltó que el pasado 28 de julio se cumplieron 20 años de que el CECOP inició su lucha para proteger su territorio e impedir que se construyera la presa La Parota.
‘Están traicionando al pueblo’
Jurídicamente, el proyecto de La Parota está suspendido y los campesinos aún están convencidos de no dar un centímetro de tierra al gobierno. En ese contexto Vicente Suástegui fue desaparecido.
La exigencia de Marco Antonio no sólo es la aparición con vida de su hermano, sino también que el presidente López Obrador de que cancele formalmente el proyecto de la presa La Parota.
Los Bienes Comunales de Cacahuatepec se encuentran en total abandono, a pesar de que de esa zona el gobierno municipal de Acapulco extrae el agua del río Papagayo que lleva al puerto, sobre todo para los hoteles de la zona Diamante. En contraste, las comunidades no tienen agua.
El 1 de octubre de 2022, en la cancha techada de Cacahuatepec, la alcaldesa morenista, Abelina López Rodríguez, se comprometió a dotar de agua a las comunidades de Apanhuac, Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo y Huamuchitos con una inversión de 25 millones de pesos.
Sin embargo, para febrero de este 2023 la promesa no se había cumplido y, en cambio, se comenzó a construir un puente en El Carrizo, donde se tenía contemplado hacer una compuerta de la hidroeléctrica La Parota, sin consultar a la población.
“Nosotros habíamos hecho un acuerdo con la presidenta municipal de dotar de agua a las comunidades; sin embargo, misteriosamente quieren hacer un puente donde se pretendía hacer una de las cortinas de la presa La Parota, esto nos huele a que nos quieren dar gato por liebre, nos quieren vender espejitos, quieren hacer ese gran puente para después hacer presas en cascada y llegar a la gran presa, no vamos a permitir obras como estas”, advirtió Marco Antonio.
Aparte del agua, los comuneros han pedido construcción de caminos y proyectos para mejorar su producción de leche, carne, jamaica, maíz, limón y palma de coco.
“Los gobiernos morenistas no están escuchando a la gente, los gobiernos morenistas están traicionando al pueblo, se están yendo con los caciques de siempre, se están yendo con el viejo régimen del PRI, eso no se lo vamos a perdonar”, reprochó el activista.
Marco Antonio Suástegui aseguró que seguirá con la lucha contra la presa La Parota, como desde hace 20 años y, al mismo tiempo, continuará la búsqueda de su hermano Vicente, a quien recuerdan “siempre vivo”.
“Seguiremos los años, los días, las horas y los minutos que sean necesarios”, añadió.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR: REDACCIÓN/EMILIANO TIZAPA LUCENA.
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