Ello por un decreto emitido, el 13 de febrero del mismo año, por Andrés Manuel López Obrador, por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado para el consumo humano y para la alimentación animal, además del glifosato.
“Estados Unidos ha utilizado las herramientas provistas por el USMCA (T-MEC) para intentar resolver las preocupaciones con las medidas biotecnológicas de México. Hoy, Estados Unidos está dando el siguiente paso para hacer cumplir las obligaciones de México bajo el T-MEC”, dijo la representante comercial, citada en un comunicado.
Tai reiteró que a pesar de que en marzo del 2023 se pidió el inicio de consultas al amparo el capítulo 9 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de que en junio del mismo año se presentó otra solicitud de consultas, bajo el capítulo 31 de Solución de Diferencias del T-MEC, no se logró resolver el tema ni en la primera ni en las segundas consultas.
La funcionaria federal estadounidense destacó que a través del panel de disputas, buscarían resolver sus preocupaciones y ayudar a garantizar que los consumidores pudieran continuar accediendo a alimentos y productos agrícolas, que, según aseguró, eran seguros y asequibles.
Tai señaló que era fundamental que el Gobierno de México debería eliminar dichas medidas, las cuales, afirmó, eran incompatibles con el T-MEC, para que los agricultores estadounidenses pudieran continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras, para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria.
En el comunicado, la representante comercial del Gobierno de EE.UU., que la relación bilateral entre ambos países era muy importante, y que se basaba en la “confianza y la honestidad”, por lo que Tai destacó que había muchas áreas en las que continuarían cooperando y trabajando juntos.
“El enfoque de México hacia la biotecnología no se basa en la ciencia y va en contra de la evidencia de décadas que demuestra su seguridad y el riguroso sistema de revisión regulatoria basado en la ciencia que garantiza que no representa ningún daño para la salud humana y el medio ambiente”, dijo, por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, citado en el comunicado.
“Las innovaciones en biotecnología agrícola juegan un papel clave en el avance de soluciones a nuestros desafíos globales compartidos, incluida la inseguridad alimentaria y nutricional, la crisis climática y los efectos persistentes de la inflación de los precios de los alimentos”, agregó el titular de la Secretaría de Agricultura estadounidense.
Vilsack también dijo que al solicitar el establecimiento de un panel de resolución de disputas con México, Estados Unidos continuaba ejerciendo sus derechos bajo el T-MEC, y que fue una medida para garantizar que los productores y exportadores estadounidenses tuvieran acceso pleno y justo al mercado mexicano.
“Continuaremos apoyando el comercio justo, abierto, científico y basado en reglas, que sirve como base del T-MEC tal como lo acordaron todas las partes”, concluyó el titular de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, citado en el comunicado.
A partir de ahora se cuentan con 30 días para nombrar a los panelistas que conformarán el equipo de ambos países, que analizará el diferendo y se tendrán hasta 180 días para emitir el fallo y darlo a conocer.
Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México, indicó que fue notificada, el 17 de agosto de 2023, y que estaba preparado para defender su posición respecto a la decisión de su homólogo de Estados Unidos de solicitar un panel arbitral en el marco del acuerdo regional T-MEC, respecto a las diferencias en torno a la regulación mexicana sobre el maíz transgénico y el glifosato.
La institución mexicana dijo en un comunicado, después del anuncio del Gobierno de EE.UU., que México “no coincide” con la posición de Estados Unidos y demostraría que su regulación era consistente con los compromisos en el T-MEC y que los mismos no afectaban el comercio.
“La Secretaría de Economía se encuentra preparada para defender la posición mexicana ante este panel internacional y demostrar: 1) que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el Tratado; y 2) que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales”, manifestó la SE, cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez.
“La defensa de México contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)”, agregó.
En su comunicado, la Secretaría de Economía mexicana detalló que la siguiente etapa seria la designación de los miembros del panel, para después emitir un calendario procesal, ello “conforme a los plazos previstos en el propio Tratado”, por lo cual calculaba que la decisión se pudiera dar a conocer en el transcurso de 2024.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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