Los defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, están privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5, tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el ejército y la policía municipal.
Durante la audiencia del pasado 22 de agosto, el Frayba presentó ante el Tribunal «las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos».
«El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión», precisó el Frayba.
El centro de derechos humanos señaló que los magistrados tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria que permita que los cinco presos tseltales, que participaban en procesos de defensa de la tierra y el territorio y contra la militarización, recobrar su libertad.
El 29 de mayo de 2022, las fuerzas armadas detuvieron arbitrariamente a tres tseltales en un operativo conjunto en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas. Los tres defensores «fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención», recordó el Frayba. Los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio que no cometieron.
Posteriormente, los otros dos tseltales sentenciados fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad.
«Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar», lamentó el Frayba.
Los defensores esperan que este viernes se consideren las arbitrariedades e irregularidades desde su detención y se resuelva su libertad inmediata por las violaciones a sus derechos humanos.
COMUNICADO:
El día de ayer 22 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de alegatos de segunda instancia la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas por el caso de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante este proceso de fabricación de culpables. Fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos. El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión.
Los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo tienen hasta el viernes 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación, por lo que tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los cinco defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.
Como recordamos, los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización. El 29 de mayo de 2022 en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal tres de ellos fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.
Fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención. Enseguida los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que hoy se encuentran luchando por su libertad.
Con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió deternerlos acusándolos del homicidio mencionado.
Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar.
Hacemos un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.
AUTOR: REDACCIÓN.
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