De 2018 a junio último han sido asesinados dos mil 482 uniformados en todo el país. Estadísticamente hablando, cada día se reporta la muerte de al menos un oficial; quienes siguen en activo trabajan desprotegidos, mal pagados, mal capacitados, mal equipados y prácticamente abandonados por el Estado. Además, laboran jornadas extenuantes y todas esas condiciones los pone en riesgo de muerte.
La asociación civil Causa en Común realiza desde 2018 seguimiento y recopilación hemerográfica de los asesinatos de policías mexicanos. Para la organización, estos casos son una afrenta directa al Estado y es tal la indolencia de los gobiernos federal y estatales, y la indolencia social, que buena parte de los homicidios quedan registrados únicamente en páginas interiores de la prensa local.
En ese contexto es que estos elementos de seguridad tienen mucha más probabilidad de ser asesinados. Mientras en México han matado a 151.7 policías por cada 100 mil elementos adscritos; en Canadá la tasa de mortandad es de 2.9 asesinatos de agentes por cada 100 mil activos.
De 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2023, el crimen ha ejecutado a cerca de dos mil 500 policías en México.
Durante 2018 asesinaron al menos a 452 elementos. De ellos, 223 eran municipales, 198 estatales y 31 de la extinta Policía Federal.
El 11 de febrero de 2018 la Fiscalía General del Estado de Durango confirmó un enfrentamiento en el cual participaron al menos ocho hombres, uno que falleció fue identificado como José Luis Lazalde Estrada, director municipal de Seguridad Pública de Cuencamé.
Todos presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía estatal precisó que el hecho violento ocurrió en una finca ubicada a las afueras de Cuauhtémoc, alejada del resto de las viviendas del poblado.
Las investigaciones establecieron que, de acuerdo con su posición y los indicios localizados, se trató de un grupo de personas que participó en los hechos; es decir, que el conflicto habría iniciado estando juntos.
Durante 2019 asesinaron al menos a 446 policías. Siendo 235 municipales 188 estatales y 23 de la Policía Federal.
El 5 de marzo de ese año la Fiscalía de Distrito Zona Occidente de Chihuahua inició las investigaciones por el ataque a elementos de la policía municipal mientras realizaban un recorrido en la comunidad de La Concha, perteneciente a Madera, con saldo de dos elementos asesinados. Los agentes eran jóvenes de 23 y 24 años.
En el lugar localizaron dos unidades con múltiples perforaciones por arma de fuego, dos agentes sin vida (un hombre y una mujer), así como tres oficiales más que resultaron lesionados, entre ellos el subdirector de Seguridad Pública.
En 2020, una vez que ya se constituyó la Guardia Nacional con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), los asesinatos de agentes policiacos subieron hasta en un 25%; en el año murieron 524 elementos: 280 municipales, 217 estatales y 27 de la Guardia Nacional.
El 17 de febrero de ese año fue hallado el cuerpo descuartizado de un expolicía en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El 22 del mismo mes fueron asesinados cuatro agentes en Córdoba, Veracruz.
Más tarde, el 8 de marzo, cinco policías fueron ejecutados por un comando en Leonardo Bravo, Guerrero, y el 16 de marzo tres municipales murieron cuando presuntamente acudían a atender el reporte de una riña en Tolimán, Querétaro…
Un caso que no está contenido en la recopilación de Causa en Común es, por ejemplo, el ocurrido la noche del jueves 23 de junio de 2020, en el municipio de Jamapa, Veracruz; ahí fue desmembrado el cuerpo del comandante de la policía municipal Miguel de Jesús Castillo Hernández.
El elemento se encontraba desaparecido; pero en redes sociales apareció un video donde se le observa maniatado y con los ojos vendados.
En el material audiovisual es interrogado mientras señala a autoridades de Jamapa y Soledad de Doblado con ilícitos, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Acusan abandono oficial
En 2021 la cifra registrada en medios locales bajó a 401 asesinatos de elementos; de ellos 205 pertenecían a alguna corporación municipal, 161 estatal y 35 a Guardia nacional,
El 26 de abril de este año, en Guanajuato, el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POBLab), medio digital y asociación civil que lleva un registro puntual de policías asesinados, afirmó que en la entidad ha caído uno de cada cinco agentes asesinados en México y, pese a mejor sueldo y seguros, la inquietud aumenta entre los miembros de las corporaciones locales.
La ola de violencia de grupos criminales contra policías de Guanajuato se centró en últimas semanas en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes manifestaron su descontento por la falta de reacción de sus superiores.
De los 11 oficiales y exoficiales que han sido ejecutados en abril, por ejemplo, cuatro son de las FSPE, de los cuales varios murieron no en acción, sino después de ser privados de su libertad tras sacarlos por la fuerza de sus domicilios particulares.
Por los 30 homicidios sólo habría cinco detenidos, de acuerdo con el conteo hemerográfico que POPLab realiza en el micrositio Oficial Caído.
El 22 de abril de 2021 Óscar Guillermo Ríos Álvarez, director del Cereso Mil de Valle de Santiago, fue atacado a tiros en la ciudad de León, Guanajuato, cuando salía por la mañana y abordaba su vehículo en la colonia León Moderno.
En su auto fue encontrada una cartulina con amenazas para él y para otros directivos del Sistema Penitenciario, que junto con las FSPE forma parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El ataque, por presuntos movimientos de detenidos en las cárceles de Guanajuato.
La mayoría, municipales
En 2022 fueron ejecutados 403 elementos, 252 fueron municipales, 132 estatales y 17 de la Guardia Nacional.
El 19 de febrero de ese año un elemento de la Guardia Nacional, Yonatan Clavel Martínez de 22 años, originario de La Cruz de Itacuan, municipio de Pinotepa Nacional en Oaxaca, falleció en un enfrentamiento de las corporaciones de seguridad con grupos criminales en la comunidad de Sarabia, perteneciente al municipio de Jerez, Zacatecas.
En el tiroteo también murieron tres presuntos agresores. Para entonces ya sumaban 16 los elementos de seguridad asesinados en Zacatecas durante 2022.
De enero de 2023 a junio último el registro señala 256 asesinatos de policías. El 26 de mayo último se dio a conocer que por segundo día consecutivo elementos de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato, fueron agredidos a balazos por civiles armados.
El ataque ocurrió contra una caseta de la policía municipal ubicada en una gasolineríaa, donde dos policías resultaron lesionados.
Esa agresión contra la Policía de Celaya ocurrió a menos de 24 horas del atentado contra policías municipales en la comunidad de Rincón de Tamayo, donde dos uniformados murieron y dos más resultaron heridos.
Es también el octavo ataque directo contra agentes municipales de Celaya en mes y medio, que han dejado un saldo de tres oficiales muertos y cinco lesionados.
En Veracruz, el 5 de junio último dos policías de la Fuerza Civil (FC) fueron reportados como desaparecidos, se trata de Miriam Iranís Vázquez Herrera y Miguel Martínez Reyes a quienes se les dejó de ver el 30 de mayo pasado en la ciudad de José Cardel, municipio de La Antigua.
Por ambos agentes la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) emitió las fichas para difundir sus rostros y datos.
De acuerdo con un desglose, hasta 2020 la mayoría de los policías asesinados fueron preventivos (755), seguidos por ministeriales (136), tránsito (40) y guardias penitenciarios (22). Y conforme a la jurisdicción y tipo de policía, a nivel federal han sido muertos 46 de la Policía Federal/Guardia Nacional, 11 ministeriales y un penitenciario.
A escala estatal 10 policías asesinados son de tránsito, 257 preventivos, 125 ministeriales y 21 penitenciarios. Mientras que a nivel municipal han sido ejecutados 30 tránsitos y 452 preventivos.
Del análisis de la información disponible por Causa en Común no pueden concluirse modalidades, patrones o motivaciones específicas para el asesinato de policías.
Entrevistado al respecto, Francisco Rivas, representante de la organización no gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano, reflexiona sobre el alarmante número de policías asesinados en México:
“Si crece la violencia contra los policías, que son quienes nos deben de proteger ¿qué nos podemos esperar como sociedad? ¿Qué va a ocurrir con nosotros?
“Yo creo que la situación es muy compleja, es dramática por los niveles en que estamos actualmente de violencia y, paralelamente, por la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre la gravedad del problema”.
Lamenta que de parte de las autoridades no haya un registro exacto que les permita conocer el número de policías asesinados a efecto de su función como autoridades de seguridad y justicia.
“Tenemos algunas recopilaciones que hacen organizaciones como Causa en Común y algunos medios de comunicación llevan un conteo, pero puede que mucha información esté perdida”.
Aun así, con base en esa información, “vemos que hay un problema importante; hemos tenido a lo largo del año varios casos de servidores públicos del área de Seguridad y Justicia que están siendo víctimas de la grave violencia que se vive en el país
“¿Por qué ocurre? Pues por varios motivos, por una ausencia de capacitación y recursos, pero también por esas complicidades que existen dentro de los gobiernos, estatales, municipales y federal con los grupos delictivos”.
Menos recursos para policías
En este sexenio las policías estatales han perdido más de 40% de sus recursos y las policías municipales llevan tres años con cero pesos y cero centavos en materia de aportaciones federales, para fortalecer las competencias de las policías y obviamente lo único que se logra es favorecer a los grupos delictivos.
Rivas recuerda que, en una entrevista, recientemente el obispo de Chilpancingo señalaba las complicidades de la alcaldesa de esa región con un grupo delictivo. Eso va a tener como efecto que los policías sean carne de cañón y debe de preocuparnos como sociedad.
El tema es que, en este sexenio, la mayor parte del gobierno ha optado por encerrarse en sí mismo y aún y cuando les quieran donar algo, no está recibiendo los apoyos porque tienen un desprecio hacia la sociedad civil o hacia otros grupos empresariales.
Incluso existe cooperación internacional que los funcionarios prefieren perder, antes de permitir que queden al descubierto las malas prácticas en que han incurrido. No quieren ser identificados ni señalados, entonces prefieren perder recursos antes que abrir la información.
Y creo que sí volteamos a ver los principales problemas que tiene el país, uno tiene que ver con la extorsión presencial y este es uno de los disparadores esenciales de la violencia en México. La gente hoy, al ser víctima de extorsión, es mucho más propensa a arriesgar su vida pues las autoridades de nuevo se encuentran colapsadas.
“Este sexenio lamentablemente está perdido en materia de seguridad, y está perdido porque, primero, si yo no reconozco que tengo una crisis, difícilmente voy a resolver algo que yo creo que no tengo. Es como cuando una persona tiene un problema de alcoholismo y lo niega.
“El presidente de la República niega que estamos en una situación de crisis, insiste en que vamos muy bien y los datos siempre los omite, los olvida, los explica de la manera en que quiere.
“Por ejemplo, habla de una reducción del secuestro en 79%, pero los números no dicen eso, al contrario”, denuncia Rivas.
En el caso del homicidio yo escuchaba el presidente decir que el homicidio ha bajado 17% en su sexenio, cuando, comparado con Calderón, ha crecido 55% y con Peña un 75%; es más, si hoy terminas el sexenio, sigue siendo el sexenio más violento de la historia nacional.
A ello se suma la falta de investigación de los asesinatos de policías y no sabemos si han sido investigados, no sabemos si han detenido a alguien, si ellos estaban involucrados o no con el narcotráfico.
El homicidio, afirma, no es un delito que le interese al delincuente, el homicidio es un mecanismo para controlar a la sociedad y a las autoridades. Es un mecanismo, no es un fin como la extorsión o el secuestro, que se hace para obtener un beneficio directo. El homicidio sirve para controlar, repito, a la sociedad y al Estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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