Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estuvo a lado de Enrique Cervantes y Guillermo Galván, también exsecretarios de Sedena.
En la ceremonia militar que encabezó el actual Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, participó Salvador Cienguegos, quien fue titular de la Sedena durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
También estuvo el Secretario Guillermo Galván Galván (2006-2012), quien formó parte del Gabinete del Presidente Felipe Calderón, y Enrique Cervantes Aguirre, quien estuvo en el cargo cuando el priista Ernesto Zedillo (1994-2000).
Además fueron invitados más generales retirados del plantel “Fortaleza de San Carlos” para sostener un desayuno y luego, develar una placa conmemorativa por la creación del Colegio.
CIENFUEGOS DESLINDÓ A EJÉRCITO DE CASO AYOTZINAPA
La narrativa del General Salvador Cienfuegos, titular de Sedena durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El General Secretario sostuvo en el Gobierno pasado que el Ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así.
El General Cienfuegos es el mando militar en el que ha recaído la exigencia, de padres y activistas, de que sea llamado a declarar para rendir cuentas sobre los acontecimientos de esa noche en Iguala. Y ahora que se confirma la participación del Ejército —con un informe emitido desde una instancia gubernamental, que reconoce que fue “un crimen de Estado”— resurge la demanda de que el General Salvador Cienfuegos explique hasta dónde llegaron sus conocimientos y órdenes frente a los hechos de Iguala y los eventos posteriores.
El alto mando militar no sólo se negó a abrir los cuarteles —una de las demandas de los padres de los normalistas desaparecidos— durante su gestión frente a la Sedena, sino que advirtió que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados. Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el Ejército Mexicano “realizando funciones de informante” y que su superior jerárquico, el Teniente Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, sabía que él se encontraba dentro del grupo de estudiantes que fue atacado. El Ejército, agrega el documento, aunque estaba al tanto de lo que ocurría, “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos” que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido.
No es la primera vez en que se asegura que el Ejército conoció el desarrollo de los hechos de la Noche de Iguala. El informe del Grupo de Expertos también dio cuenta de ello en marzo pasado —con base en documentación militar y de inteligencia— que la milicia estaba enterada de lo que ocurría, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia en las que esa institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, según el GIEI, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.
Frente a las nuevas revelaciones del GIEI, los expertos, activistas y los padres y madres de los 43 estudiantes exigieron, en ese entonces, investigaciones exhaustivas al Ejército, Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto, quien —insistieron— debe ser llamado a declarar por los hechos contra los 43 estudiantes y la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”, lo cual ha prolongado la desaparición de los normalistas y ha obstaculizado el acceso a la verdad y justicia.
Los elementos castrenses están involucrados en las 83 órdenes de aprehensión que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró a petición de la FGR, y que involucran también a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de los municipios de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
AUTOR: REDACCIÓN.
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