Desde que se creó el portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se sabe que éste tiene un subregistro producto de la falta de denuncias, la omisión de las fiscalías al enviar la información y la reclasificación de desapariciones bajo otros delitos como la trata. También se sabe que la base de datos tiene un sobre registro debido a que las fiscalías no actualizan la información, sobre todo en el caso de las personas no localizadas que regresan a sus hogares.
El caos es de tal magnitud que hay múltiples cifras de personas desaparecidas: las de las fiscalías estatales, las del RNPDNO y las del Secretariado Ejecutivo federal.
Mediante el cruce del RNPDNO con distintas bases de datos -como las de vacunación, programas sociales e incluso actas de defunción- trabajadores de la Secretaría del Bienestar y comisiones estatales de búsqueda visitan, casa a casa, no para buscar verdad y justicia, sino para reemplazar a las fiscalías que deberían realizar las investigaciones. Esta metodología, alejada de todo protocolo y realizada por personal no calificado, revictimiza a los familiares de personas desaparecidas. Sobran los testimonios que han recogido los medios.
Es importante validar la información del registro, de eso no hay duda. Pero lo que un gobierno responsable haría es exigir a las fiscalías y comisiones de búsqueda que realicen su trabajo, y respaldarlas con personal y presupuestos adecuados.
Los rezagos son muchos: mantener un registro confiable, hacer pública la base de datos, atender el brutal rezago de identificación forense, realizar una búsqueda efectiva de desaparecidos con y sin vida, abatir la impunidad, garantizar la verdad y la no repetición, y un largo etcétera.
No, en lugar de ello el presidente solo quiere reducir las cifras. Del resto no se ocupa. No solo no se ocupa, sino que descarga, cínica y criminalmente, esta responsabilidad en los colectivos de buscadoras a los que ni siquiera recibe.
En próximos meses, el gobierno reducirá la cifra de desaparecidos. Si la base de datos no es pública, no habrá manera de validar las afirmaciones presidenciales. La Comisión Nacional de Búsqueda, en defensa de su mandato, debe hacer pública esta información. El presidente pasará por encima de ella. Estamos frente a la utilización con fines electorales del brutal fenómeno de la desaparición de personas.
Ante esta perversidad, es importante destacar el trabajo realizado por El Noroeste de Sinaloa, que mantiene en su portal, a partir de solicitudes de acceso a la información, las cifras de homicidios y desaparecidos. El trabajo que debe ser responsabilidad de las autoridades tiene que ser suplido por medios de comunicación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: JACOBO DAYÁN.
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