El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó en sus últimas proyecciones de Pobreza Multidimensional que, entre los componentes de la carencia por acceso a la seguridad social, resalta como principal reto que el año pasado 63.6% de las personas ocupadas carece de seguridad social por prestación laboral.
Además, el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, de acuerdo con el Coneval.
En gran medida los números reflejan los mayores rezagos del mercado laboral, y que son causados por la elevada informalidad.
“Informalidad es trabajar sin derechos laborales y específicamente sin acceso a los servicios de salud ni al resto de los mecanismos de protección social del sistema de seguro social mexicano. Nuestro modelo de seguro social segmenta a la población entre ‘derechohabientes’ y ‘no derechohabientes’ y condiciona el acceso a servicios de salud al régimen laboral”, explicó el colectivo Acción Ciudadana frente a la Pobreza.
Esta distinción contradice e incumple derechos humanos, advierte en su reporte El vaso laboral en México no está medio lleno, ni medio vacío: está roto.
En dicho documento publicado en mayo de 2023, el centro de análisis aclara que la salud es un derecho humano, no puede ser una “prestación laboral”.
En México, como en muchos otros países, “el modelo de seguro social contributivo, que depende de la condición laboral (tener un trabajo y que el patrón cumpla con la afiliación obligatoria), ha mantenido excluida a más de la mitad de la población y crea la distinción que es inaceptable, pues en la salud todas las personas son derechohabientes”, explicó.
No es casual que la “carencia por acceso a la seguridad social” sea la carencia social más alta en la medición de la pobreza del Coneval.
Privación de derechos
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con cifras de junio de 2023, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32.6 millones de personas y la tasa de informalidad laboral fue 55.5% de la población ocupada.
Es decir, más de la mitad de los mexicanos que tienen un empleo es informal o está en situación de precariedad.
De acuerdo con el INEGI la población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.
Así, se incluyen, además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal, otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
Sin embargo, Acción Ciudadana frente a la Pobreza advierte que, en realidad, la llamada “informalidad” consiste en carecer de afiliación a los servicios de salud del Seguro Social (IMSS, ISSSTE, etcétera), sin acceso a estancias infantiles, no contar con de ingreso en caso de enfermedad, incapacidad y maternidad.
Asimismo carecer de pensión para la jubilación y de acceso al Sistema de Ahorro para el Retiro durante la etapa productiva; tampoco hay acceso al ahorro y financiamiento para la vivienda (Infonavit, Fovissste, etcétera.)
La informalidad no siempre implica no pagar impuestos, aclara el documento.
Por ejemplo, los “trabajos del futuro”, basados en plataformas tecnológicas para el reparto de alimentos y transporte de personas, se registran como trabajos “por cuenta propia”; son informales pues no tienen derechos laborales ni seguro social, pero requieren cuenta bancaria y Registro Federal de Causantes.
Si bien en el gobierno de López Obrador la pobreza multidimensional a escala nacional pasó de 41.9% a 36.3%, es decir, en 2022: 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios, lo que no han podido lograr los programas sociales ni la política económica de López Obrador es frenar la elevada informalidad.
En el primer trimestre de 2019 la tasa de informalidad laboral era de 56.7%; para los primeros tres meses de 2023 el porcentaje se redujo apenas a 55.1%: apenas 1.6 puntos porcentuales.
De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las transferencias de programas gubernamentales representan menos de 3% del total del ingreso de los hogares.
Es decir, por cada 100 pesos de ingreso, dos pesos con 80 centavos provienen de transferencias de programas gubernamentales.
Los programas gubernamentales tienen un alto nivel de exclusión. Sólo 12 millones 829 mil hogares perciben ingresos por transferencia de programas gubernamentales (34% del total) y 24 millones 731 mil hogares están excluidos (66%).
“Los programas gubernamentales de transferencias tienen nulo efecto redistributivo y son poco efectivas como acciones de equidad e inclusión”, señala el estudio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
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