Se trata, según los dirigentes de Morena en la Cámara de Diputados, de una revisión integral al Poder Judicial que se puede presentar en esta legislatura y, de ser necesario, dejarla lista para la siguiente, cuando tengan mayoría absoluta, conforme los deseos del presidente de la República, quien anunció que en septiembre enviara tres reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial “para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la constitución de 1857, que los ministros los elegía el pueblo”.
Tras los cuatro conversatorios en la Cámara de Diputados para debatir con los especialistas la propuesta presidencial de cambios constitucionales en el método de elección de integrantes de la Corte, el debate tuvo un giro de 180 grados: reformar toda la estructura y funciones del Poder Judicial del país con acuerdos con los poderes judiciales de los estados.
“No somos los 11 de Pino Suárez 2, somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta; desde luego, juezas, y jueces, magistradas y magistrados”, acotó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política el ministro Javier Laynez Potisek, con motivo de la presentación de conclusiones de los conversatorios sobre la reforma.
La otra representante de la Corte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, al hablar del planteamiento del Ejecutivo Federal para modificar el procedimiento de elección de los integrantes del pleno de la SCJN consideró que, cualquiera que sea la fórmula, debe de contar con principios mínimos: “Cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía del debido proceso y el derecho de protección judicial”.
En el encuentro realizado en el palacio de San Lázaro el pasado 12 de julio, el presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, reconoció que, lo que en un principio se encaminaba solamente a ser una consulta sobre el procedimiento para designar a los ministros del máximo tribunal, permitió ampliar la expectativa hacia modificaciones de gran calado:
“Nos llevó a ampliar la expectativa, y no porque nosotros lo hubiéramos impulsado, sino porque finalmente se abría un espacio para reflexionar de manera civilizada, respetuosa, de diversos temas y cuestiones que están afectando la justicia cotidiana”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ve complicado, mas no imposible, lograr una reforma integral como la que se pretende elaborar a través de los siguientes espacios de diálogo en los estados y de nuevos acercamientos con la Suprema Corte. Pero en caso de que esto no ocurra, buscarán sentar las bases para que sea la legislatura entrante, la LXVI, quien se encargue de retomar una iniciativa planteada por los actuales diputados.
“Lo menos que podemos hacer es un buen trabajo, con una buena iniciativa, que la suscriba el mayor número de grupos parlamentarios y plantearla, y medir si vale la pena discutirla en esta Legislatura, porque si se rechaza, pues ya no puede presentarse, sino al siguiente periodo, o dejársela a la siguiente legislatura, pero… vamos con la voluntad de intentarlo”, detalló el diputado morenista Juan Ramiro Robledo.
Reforma integral postergada
Luego de este primer encuentro con los integrantes de la Corte, al menos con tres de ellos, el coordinador de Morena hizo algunas acotaciones respecto a los pasos a seguir en lo que, de inicio, se encaminaba a la realización de una consulta popular, en 2024, para consultar a la gente sobre la elección democrática y por voto directo de la ciudadanía, respecto a la designación de los 11 ministros del alto tribunal.
“Lo que era originalmente la posibilidad de desarrollar una consulta para preguntarle a las mexicanas y a los mexicanos si consideraban necesario modificar el procedimiento para designar a los ministros de la Corte, terminó siendo una necesidad urgente de hacer una revisión integral al Poder Judicial”, dijo Ignacio Mier.
El artículo 96 de la constitución establece que, a partir de la propuesta del presidente de la República de tres nombres para el cargo, “los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada”.
Pero el asunto pasó a segundo término, como reconoció el propio coordinador de la mayoría en San Lázaro, quien dijo que el planteamiento inicial fue más bien un “documento provocador”, que llevara a la discusión y la reflexión democrática del sistema de justicia en el país.
Reconocieron, dijo, por lo menos cinco temas que se advirtieron en los conversatorios para configurar una posible iniciativa que derive en una reforma integral, con diálogo y en armonía con el Poder Judicial.
Según lo que detectó el legislador, las áreas a trabajar serían: “Revisar la manera indiscriminada del uso de los juicios de amparo; la presidencia compartida de la SCJN con el Consejo de la Judicatura; los temas que quedaron pendientes en la reforma de 2021 sobre “la evaluación de desempeño, el Servicio Profesional de Carrera, la promoción judicial, la revisión de la estructura orgánica”, entre otros.
Pero uno de los puntos fundamentales, a decir del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, es el tema de la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal, así como su integración.
En la actualidad, la ministra presidente de la SCJN encabeza también el CJF. Según refiere el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Judicatura está integrada por siete miembros, entre los cuales figuran tres consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito; dos consejeros designados por el Senado y uno por el presidente de la República.
Esta composición, alega el diputado Robledo, cae en un sinsentido. Explica que el CJF nació con una mayoría de miembros externos al Poder Judicial, en diciembre del 1994, y luego hubo una contrarreforma, “auspiciada por los propios ministros de la Corte y convencieron al presidente Zedillo… y en aquella formula de gobierno, del legislativo con PAN y PRI, se hizo la contrarreforma y se invirtió la aritmética interna, para que fueran cuatro del Poder Judicial y tres externos”.
Según el abogado y profesor de derecho, esto trajo una situación que desvió la faculta revisora del CJF. “¿Qué sucedió con eso? Bueno, pues que el órgano revisor, vigilante y disciplinario, quedó sujeto al órgano que debe revisar y que debe disciplinar, eso es absurdo. Entonces, no es nada más de que el presidente del Consejo no sea el presidente de la Corte, sino que no pertenezca al Poder Judicial”.
Otros legisladores de Morena plantean vías distintas, como es el caso del secretario de la Comisión de Justicia, Hamlet García. Señala que debe de separarse la presidencia del Consejo de quien detenta la posición de magistrado o magistrada presidenta de la SCJN.
Pone como ejemplo lo que ocurría hace algunas décadas en el recinto legislativo de San Lázaro, cuando los diputados calificaban su propia elección y siempre decían que todo era válido; “todo lo palomeaban”, dice. “Entonces, si un juez se califica a sí mismo ¿Qué calificación crees que se va a dar? Pues un 10”.
Indica que hay varias opciones. Ya que tiene que haber una ascendencia o línea de respeto hacia quien presida el CJF, podría plantearse que fuera otro de los integrantes de la SCJN que encabezara la Judicatura Federal para que “dentro de los 11 ministros, uno presida la Corte y otro presida el Consejo”.
Esto plantearía, dice, una nueva distribución de fuerzas en el sistema judicial y, además, considera, permitiría una legítima supervisión del actuar de jueces y ministros: “Quien preside el Poder Judicial tendría que ser el presidente del Consejo de la Judicatura. La Corte ya quedaría solamente entregada a las labores como tribunal constitucional, no en la disciplina a todo el Poder Judicial”.
Como segunda opción planteó que la Cámara de Diputados o el Senado designen a una persona libremente, lo que podría emular el mismo esquema con el que se eligen los ministros: que el presidente nomine y el Senado elija dentro de una terna. “O lo que hicimos con el instituto (INE), ir hasta un sorteo”, señala García Almaguer.
Aunque el grupo parlamentario de Morena ve distintas áreas de oportunidad, reconocen que la situación actual en el Congreso de la Unión, con la proximidad del arranque del proceso electoral 2023-2024 y la dificultad de llegar a consensos para obtener la mayoría calificada, de dos terceras partes del Pleno que requiere cualquier reforma a la Constitución, obstaculizan los cambios en el último año de la LXV legislatura.
Acepta el diputado Robledo que en este momento su mayoría simple no les da para impulsar estos temas: “No es tan sencillo por las condiciones en que se encuentra la Cámara de Diputados y la de senadores, respecto de reformas constitucionales, no han avanzado las principales”.
De ánimo más voluntarioso, el morenista Hamlet García se inclina por comenzar a trabajar temas que se enfoquen en leyes secundarias desde el periodo que está por iniciar, en septiembre próximo: “Yo me inclinaría por avanzar ya, en lo que se pueda, en esta legislatura en un punto que me parece que ya tiene consenso, porque lo he escuchado incluso de otros grupos parlamentarios, que no les parece adecuado que quien presida la Corte presida el Consejo”.
El líder de la bancada de Morena en San Lázaro insistió en que la apertura al diálogo con el Poder Judicial les permitirá avanzar hacia la elaboración de una iniciativa que no sea necesariamente para la presente legislatura, pero que deje pavimentado el camino a los que llegan.
“En lugar de iniciar la discusión de parlamento abierto con una iniciativa ya elaborada, mejor construir una iniciativa a partir de revisar de manera integral todo eso que les he señalado, en la que se incluirá el procedimiento para la designación”.
Recordó que, hasta el momento hay al menos 29 iniciativas que tienen que ver con el Poder Judicial, algunas de ellas referentes al artículo 96, para modificar el procedimiento electivo de los ministros.
Para el diputado Juan Ramiro Robledo, quien conduce los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde tendría que trabajarse la propuesta, el tiempo de la legislatura sigue corriendo, pero ve con más posibilidades el transitar hacia trabajar en consensos que en tratar de imponer una Reforma Judicial.
“Lo menos que podemos hacer es un buen trabajo, con una buena iniciativa, que la suscriba el mayor número de grupos parlamentarios y plantearla, y medir si vale la pena discutirla en esta legislatura, porque si se rechaza, pues ya no puede presentarse, sino al siguiente periodo, o dejársela a la siguiente legislatura, pero… vamos con la voluntad de intentarlo”, concluyó el legislador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JERÓNIMO D. GALVÁN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario