En febrero pasado, autoridades de la Semar (Secretaría de Marina), a cargo del jefe de la unidad coordinadora del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que representa el vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, dieron el banderazo a las obras de rehabilitación de la Línea K para reanudar el servicio de transporte de pasajeros y de carga. El proyecto forma parte de la infraestructura del CIIT que incluye la rehabilitación de 459 kilómetros de vía férrea y la rehabilitación de 27 estaciones, incluyendo la de Unión Hidalgo.
“Pensamos que la Semar usará el cerro para extraer material y así ocuparlo en la rehabilitación de la Línea K, pero se les ha olvidado que en este municipio es la asamblea comunal quien determina el uso de sus tierras según el artículo 100 de la Ley Agraria; y no es la autoridad municipal”, dijo en entrevista Edgar Martín Regalado, activista zapoteca.
El defensor, quien también ostenta el cargo de comisionado para la actualización del padrón de comuneras y comuneros, resaltó que tanto la Semar como los representantes del CIIT y el presidente municipal Juan Jesús Rasgado, “hasta la fecha no han informado nada”, es decir, no se ha dado una consulta, un informe público o una asamblea informativa para transparentar la implementación del proyecto de rehabilitación de la Línea K.
“Nuestra preocupación es que quieran acabar con el cerro que está en el kilómetro 45, ya que tenemos una experiencia de resistir en el Cerro La Llovizna, en donde la cementera Cruz Azul extrajo material para su conveniencia sin que lo informara o se diera a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pues hasta la fecha se desconocen las repercusiones al medio ambiente, y creemos que ocurrirá lo mismo de nuevo”, señaló.
Externó que los comuneros de Unión Hidalgo se han comunicado con la arquitecta Sildia Mecott Gómez, secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial del CIIT, y el delegado de gobierno estatal en el Istmo, pero ellos tampoco compartieron información del proyecto de rehabilitación de la Línea K.
Agregó que en la Asamblea Comunal de fin de mes se decidirá en qué términos se girará un oficio al presidente de la República para la contrapropuesta de la comuna respecto del Banco Pétreo. “Se escalará el asunto porque fue un presidente de la república quien firmó el reconocimiento de los bienes comunales; acción agraria que está en estos momentos desconociéndose de facto”, recalcó Regalado.
Con base en la Ley Agraria, el despojo de las tierras de uso común causaría demora por las acciones legales y de resistencia pacífica de parte de los comuneros, precisó el activista. “Y esto no es amenaza, es una invitación oportuna y clara para actuar con legalidad», añadió.
De acuerdo con Regalado, hay evidencia oficial de que se han pagado 2.4 millones de pesos por extraer material del Cerro La Llovizna, pero se desconoce quiénes han sido los beneficiados, pues el presidente municipal les ha negado una nueva reunión de seguimiento al caso.
Por último, recalcó que la comunidad indígena y agraria de Unión Hidalgo goza de la libertad para determinarse según la Constitución y los tratados internacionales, por lo que no permitirán que se violen sus derechos como pueblo.
AUTOR: DIANA MANZO.
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