A inicios del 2022, el Gobierno federal tenía un presupuesto aprobado de tres mil 182 millones de pesos para publicidad oficial. Sin embargo, al finalizar el año solo se ejercieron dos mil 432 millones de pesos, lo que significa que gastó 23.57 por ciento menos del presupuesto. Tal como señalan las organizaciones Fundar y Artículo 19 “los subejercicios en el presupuesto también impactan en la falta de transparencia y rendición de cuenta […] y puede dar lugar a posibles malversaciones o malas prácticas en el manejo del presupuesto de publicidad oficial”.
Por otro lado, tenemos que en diciembre de 2022 se ejerció 67.46 por ciento del total del monto destinado a publicidad oficial. La tendencia al llamado “gasto decembrino” ha sido constante en este Gobierno, demostrando una deficiente planeación del ejercicio presupuestal.
El nido de la serpiente lo encontramos en la hiperconcentración del gasto en unos cuantos medios. Un total de 450 medios recibieron recursos de publicidad oficial. Sin embargo, 10 de ellos acapararon el 52.88 por ciento del presupuesto, representando mil 283 millones de pesos, mientras que el resto, 440 medios, obtuvo el 47.12 por ciento que equivale a mil 145 millones de pesos. De hecho, el “top 3” de medios (Televisa, TV Azteca y La Jornada) recibieron casi el 30 por ciento del total ¿Bajo qué criterios? Nadie sabe.
Como las organizaciones encargadas del estudio han señalado desde hace más de 10 años que se lleva a cabo este análisis, la concentración del gasto en unos cuantos medios de comunicación deriva de la falta de criterios claros de asignación de la pauta. Ello da pie al menoscabo de la pluralidad informativa, y por ende, al derecho a la información de la sociedad.
De hecho, esta afectación severa y estructural a la libertad de expresión, misma que constituye un anclaje autoritario de larga data, ha sido confirmada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos ocasiones (amparos en revisión 1359/2017 y 308/2021).
Ante tal situación, la SCJN ha ordenado regular el gasto de comunicación social mediante una ley discutida y aprobada por el Congreso de la Unión. Este mandato se cumplió en forma pero no de fondo en 2018 -durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto- resultando la infame “Ley Chayote”, evidencia de los arreglos antodemocráticos entre grandes medios y poder político.
Al ser impugnada esta Ley que configuraba un verdadero fraude al espíritu de la Constitución, en 2021 la SCJN ordenó no solamente legislar sino hacerlo adecuadamente. En pocas palabras le pidió al Legislativo que estableciera criterios de asignación del gasto de publicidad oficial, cosa que no ha hecho a la fecha. Esto denota que ningún partido político está dispuesto a democratizar y transparentar en serio la relación con los medios de comunicación.
A pesar de esta situación irregular que daña nuestra democracia, no hay voluntad política para dar un golpe de timón. En diciembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) como parte del Plan B (paquete de reformas electorales) y en supuesto cumplimiento del mandato de la SCJN emitido en 2021.
La reforma –invalidada por la SCJN junto a otras reformas a la legislación electoral por faltas graves al procedimiento legislativo– no cumplía con los más altos estándares en materia de libertad de expresión. Aunque se incluían criterios de asignación, estos eran amplios y ambiguos y seguía habilitando a las secretarías de estado para que establecieran sus propios parámetros. Ello contravenía lo exigido por la SCJN desde 2021, que ordenó procedimientos claros y transparentes.
Llama la atención que en la reforma a la LGCS se estableció un tope de 0.1 por ciento de gasto de comunicación social en los presupuestos federal y estatales. Sin embargo, ante los reclamos de los empresarios de los medios y gobiernos locales, el Congreso de la Unión reformó con celeridad la disposición y eliminó el tope para estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En esta ocasión el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo, algo poco común en estos tiempos.
Con independencia de que dicha reforma fue realizada sobre una previa que ya fue declarada inválida por la SCJN, el mensaje de nuestra clase política es claro. El “no pago para que me peguen” sigue más vivo que nunca. Lamentable situación en un contexto de “transformación”, pues todo parece indicar que hemos perdido una oportunidad histórica de establecer garantías institucionales para impulsar un verdadero pluralismo informativo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.
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